domingo, 13 de diciembre de 2009

Los "levantones" fueron una práctica ideada por los cuerpos de seguridad y tienen un origen político

Hoy, transitando por una librería encontré un libro sobre el fenómeno del secuestro en México, escrito por un licenciado con una visión muy sesgada acerca de la seguridad nacional. El susodicho atribuye a las organizaciones armadas clandestinas de los setentas la introducción de la práctica del secuestro como una "innovación en las técnicas criminales", pero ignora o soslaya el papel que tuvieron las fuerzas armadas y la policía política como verdaderas pioneras de este flagelo que hoy azota con tanta fuerza a la nación mexicana, convirtiéndola en líder mundial en secuestros. Yo creo que todas las personas decentes que todavía circulamos por este suelo (pese a los esfuerzos que el Estado, el crimen organizado y sus cómplices a todos los niveles realizan para exterminarnos) debemos unirnos en un frente para combatir estas prácticas infames que nos han llevado a vivir en un clima de terror generalizado. Sin embargo, la información tergiversada no nos va a ayudar a identificar las causas del problema. Cualquiera que haga una investigación profunda, rigurosa y honesta acerca del origen de los llamados "levantones" y secuestros no podrá pasar por alto su origen institucional.
Cuando el ejército emanado de la revolución de 1910 se consolidó y superó la era de los generales levantiscos (v. gr. los delahuertistas, los escobaristas, los pro-cristeros, etc.), en el instituto armado surgió una práctica de la que se tiene conocimiento tan sólo por el testimonio de los propios militares, conocida como el "servicio de escobas". Ésta consistía en ejecutar clandestinamente a militares conflictivos o que manifestaban su inconformidad ante las órdenes recibidas. Posteriormente, en los años de la guerra fría, ante la aparición de una oposición armada, el ejército y la policía política hicieron extensiva la práctica del secuestro y la pena de muerte clandestina a los guerrilleros y sus colaboradores (presuntos o probados), la cual en el derecho penal se conoce como "desaparición forzada de personas". Los gobiernos priístas premiaron a los militares por sus servicios de "limpieza" nada más y nada menos que con el reparto de plazas para administrar los negocios ilícitos, principalmente el del narcotráfico.
El ejército y la Dirección Federal de Seguridad (hoy CISEN) dedicaron más de veinte años a combatir a las organizaciones armadas, por lo que adquirieron una gran práctica en el secuestro y desaparición de personas, a diferencia de los guerrilleros, cuyos secuestros se pueden contabilizar con los dedos de las manos. Así, por cada empresario o político secuestrado por la guerrilla hubo cien detenidos-desaparecidos del gobierno.
Los exmilitares y expolicías llevaron sus conocimientos hacia la sociedad y formaron bandas especializadas en el secuestro y la extorsión. El gobierno, que los había preparado para aniquilar a sus enemigos, los dejó en libertad para actuar impunemente y cuando quiso simular que los pararía, ya era demasiado tarde: cual Dr. Frankenstein, no tenía ningún control sobre sus creaciones. No es coincidencia que en la historia de los cárteles de la droga y de las bandas de secuestradores siempre aparezca el nombre de algún militar o policía que trabajó en corporaciones dedicadas a la contrainsurgencia.
Tengo la firme convicción de que si los ciudadanos que vivieron las década de los sesenta y setenta no hubieran permitido la tortura, ejecución o desaparición de los luchadores sociales hoy no tendríamos a tantos expolicías y exmilitares entrenando a bandas de criminales que torturan, matan y secuestran a civiles indefensos, ni habría miles de familias viviendo la angustia de ignorar el paradero de sus seres queridos. La lumpenización de la sociedad ha sido obra del Estado mismo. A quien tenga el valor de asomarse a la verdad histórica del problema, lo invito a leer este ensayo.

Surgimiento y significado de la desaparición forzada de personas en México

Por Adela Cedillo

Los Estados-nación que emergieron a partir del siglo XVI, generaron prácticas y discursos novedosos para desincentivar y aniquilar a la oposición política, ideológica o religiosa, mismas que tendieron a recrudecerse ante los conflictos armados. En el siglo XVI, en la Mesoamérica conquistada se introdujo la exhibición pública de los cadáveres de los enemigos con un macabro sentido de escarmiento, desprovisto de la atmósfera sacrificial y religiosa que ésta tenía para los indígenas. La exhibición tenía también una intención didáctica: todos aquellos que eran política y socialmente indeseables podían ser colgados en las plazas para aleccionar a los detractores. Asimismo se importó a América el Tribunal de la Inquisición, que se encargaba, entre otras cosas, de torturar y quemar vivos a herejes, brujas, hechiceros y judíos, frente a la morbosa fascinación de un público exaltado.

Después de tres siglos en el que todos los presuntos enemigos de la Corona y de la sociedad recibieron ese trato, no es de extrañar que, con la Guerra de Independencia, al ser detenidos y fusilados los insurgentes Miguel Hidalgo y acompañantes en Chihuahua, se ordenara que se les cortaran las cabezas y que éstas fueran exhibidas en jaulas en la alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. En cambio, durante el siglo XIX –el más inestable de la historia mexicana– la desintegración del Estado virreinal y la dificultosa construcción de uno moderno, así como la imposibilidad de que una facción política hegemonizara al resto, disminuyó los niveles de represión política. El destierro era la práctica más común para deshacerse de algún opositor, si bien, en la segunda mitad del siglo fueron más frecuentes los encarcelamientos y ejecuciones selectivas, como la de ilustres liberales durante la guerra de Reforma.

En el Porfiriato, la naturaleza de la dictadura incitó a la represión sin mesura. Encarcelamientos, ejecuciones masivas y arrasamiento de pueblos, entre otras, fueron prácticas normalizadas. Con estos antecedentes, durante la revolución se escalaron los niveles de violencia política, por lo que torturar y fusilar prisioneros de guerra y quemar o colgar sus cadáveres en árboles, se volvió un ejercicio cotidiano. Los regímenes posrevolucionarios restablecieron el pacto social pero no renunciaron a desplegar su fuerza contra los opositores. Ejecuciones sumarias, tortura, cárcel, confinamiento en las Islas Marías y destierro eran algunas de las salidas que les ofrecían los gobiernos de la familia revolucionaria.

En la segunda mitad del siglo XX, en la etapa de la llamada “guerra sucia” o guerra contrainsurgente, a todas las prácticas anteriormente descritas se sumó la de la desaparición forzada de personas, en la cual México fue pionero al lado de Guatemala en todo el continente americano. Por primera vez se cambió el patrón de la exhibición de cadáveres de los opositores que había consistido en quemarlos o colgarlos públicamente, cortarles alguna parte del cuerpo para exponerla o divulgar las imágenes de sus ejecuciones. A partir del año de 1968, en el contexto de una intensa agitación social, si bien la nota roja de la época presentaba las imágenes de algunos cuantos “sediciosos muertos en enfrentamientos”, el verdadero terror residió en el silencio, en el ocultamiento de la información, en negar las detenciones de los luchadores sociales, en inventarles vidas paralelas, en borrar su identidad oficial, en suma, en desaparecerlos para siempre de la faz de la tierra sin informar nunca sobre su destino a nadie.

En este 2009 el Estado mexicano cumple nada menos que cuarenta y un años de haber instrumentado este delito, que es uno de los más complejos que puedan existir. Este crimen, propio de los regímenes que ejercen el terror, vulnera todos y cada uno de los derechos humanos de la víctima y por lo general se acompaña de otros delitos graves, como la tortura y la ejecución extrajudicial. En otras palabras, es la manera más radical en la que se puede destruir a un ser humano, pues no sólo se le despoja de su derecho a vivir, sino también a morir, ya que cancela la posibilidad de la sepultura, que es uno de los rituales sagrados más importantes que han compartido todas las civilizaciones desde la antigüedad, siendo el desaparecido colocado en una especie de eternidad incómoda y terrible. Por eso, en el derecho internacional humanitario la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad, de carácter continuo, múltiple e imprescriptible.

El común denominador de las desapariciones de ciudadanos es que sean o no culpables, en lugar de ser sometidos al proceso penal correspondiente, son detenidos por agentes de alguna corporación policiaca o militar y llevados a cárceles clandestinas y el gobierno niega permanentemente tanto la detención arbitraria como la información sobre el paradero de la víctima. Aunque los famosos "levantados" no entran en esta categoría, sino en la de privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro (que es un delito cometido únicamente por particulares), el hecho de que el Estado no promueva la apertura y el desarrollo de averiguaciones previas -tratándose de delitos federales, que se persiguen de oficio- condena al desamparo jurídico a los ofendidos.

En este país, la desaparición forzada ha sido el crimen de Estado por antonomasia: no deja huellas ni testigos, está envuelta en un marasmo jurídico que favorece la impunidad y toda denuncia cae en un hoyo negro de irresponsabilidad institucional. Como política de Estado, ha resultado una forma tan infalible de deshacerse de los "enemigos internos" que se ha aplicado con singular recurrencia. En toda Iberoamérica, sólo en Colombia y México se ejerce la desaparición forzada de manera sistemática, tanto por motivos políticos como en el contexto del combate a la delincuencia organizada. Por si fuera poco, a diferencia de lo ocurrido en países como Argentina y Chile, en los que ha habido una reivindicación institucional y social del problema, los desaparecidos mexicanos y sus familias han sido objeto de una doble victimización: a través de la denegación total de justicia, por parte del Estado, y con un silencio cómplice, de parte del grueso de la sociedad. La ecuación perfecta para abrir camino a la infamia.

Como lo han descrito los especialistas en el tema, los efectos de la desaparición son expansivos. Se afecta no sólo a la víctima sino a todo su entorno, a manera de círculos concéntricos. La incertidumbre y el terror generados dentro de las redes sociales del desaparecido no tienen parangón. Aunque no cabe hablar sólo de efectos disuasivos, éstos resultan los más comunes para inhibir la participación ciudadana en los movimientos sociales. Cualquier luchador social que mantenga demandas radicales frente al Estado, vive con el miedo permanente de ser detenido, torturado, asesinado o desaparecido.

Las primeras desapariciones forzadas se llevaron a cabo dentro de los movimientos campesino y estudiantil. Los registros más actualizados sobre los desaparecidos arrancan con el campesino Santiago García, oriundo de San Jerónimo de Juárez, Gro., miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, detenido el primero de mayo de 1968. Desafortunadamente no se conocen muchos casos específicos pertenecientes a ese año, pero el conjunto de pruebas reunidas conduce a sostener, con muy pocas dudas de por medio, que a partir de ese momento la desaparición forzada se convirtió en una de las prácticas que definirían el carácter de la llamada “guerra sucia”.

Más allá de la inevitable reflexión sobre el bien y el mal a la que nos obliga el carácter anticivilizatorio de esta práctica, hay que tener presente que a nivel mundial, los ejércitos nacionales que han asumido con extremismo su misión de salvaguardar el monopolio de la violencia estatal, diseñaron este mecanismo para cumplir con funciones sociopolíticas muy específicas. Desde una lógica contrainsurgente, la desaparición forzada tiene las siguientes ventajas tácticas:

· Evita el escándalo nacional e internacional que provocaría la aplicación masiva de la tortura y la pena de muerte a cientos o miles de personas.

· Aterroriza a la población e inhibe su toma de partido a favor de los llamados “subversivos”.

· Advierte a los insurrectos que se les aplicará una pena peor que la capital si no desisten de su lucha, lo cual puede minar su capacidad de respuesta.

· Elimina a los líderes de forma tal que desorienta y desestructura a sus organizaciones, las cuales se ven ante el dilema de seguir reconociendo a sus dirigentes en cautiverio clandestino o reemplazarlos por otros nuevos.

· Borra la identidad de los enemigos del Estado, tanto físicamente como en la memoria colectiva, a fin de ofrecer una fachada de “unidad nacional”.

· Cancela el derecho a la sepultura y, por ende, evita que haya multitudes llorando por sus héroes, o que los sepelios se conviertan en actos de protesta masiva.

· Garantiza la impunidad, debido a la inexistencia de pruebas.

· Permite responder fácilmente a la inquietud que deja la sustracción de una persona de su red social, difundiendo la idea de que no es ésta desaparecida porque sea culpable, sino que es culpable por ser desaparecida. (“Por algo será”, “seguramente ella se lo buscó”, “se lo merece por andar de terrorista”, “es un enemigo de México, un traidor a la patria”, etc.). Esto significa que en los hechos el gobierno parte de la presunción de culpabilidad, contraviniendo las garantías procesales en materia penal.

· Somete a los familiares de los desaparecidos a un chantaje permanente, pues al mantener la expectativa de que sus deudos están vivos, el gobierno los induce a no protestar para evitar el maltrato o ejecución de los detenidos. En caso contrario, es muy probable que se amenace a la familia con nuevas desapariciones.

· Representa un castigo ejemplar y una tortura continuada para estas familias, a las que se responsabiliza por no compartir o fomentar entre sus miembros supuestos valores nacionalistas. Con el tiempo, los familiares quedan atrapados en duelos inconclusos que, en la mayoría de los casos, los inhabilitan para protestar.

· Facilita la negación de los hechos con el argumento de que nadie vio nada, luego entonces no pasó nada. El Estado se mueve en un plano de irrealidad contra el que aparentemente no se puede hacer nada y termina imponiendo una dictadura de olvido y silencio que tiene un efecto devastador entre los familiares, amigos y compañeros de lucha de las víctimas.

Por todo lo anterior, la práctica de la desaparición forzada ha contribuido decisivamente a que el Estado mexicano comparta un poderoso rasgo en común con los estados totalitarios, pues como sostiene Claude Lefort: “la institución del totalitarismo implica el fantasma de una sociedad sin divisiones, una. No adquiere forma más que por la incesante producción-eliminación de hombres que sobran, parásitos, desperdicios, perturbadores”.[1]

La parcial efectividad de este novedoso método de terror ha propiciado su uso en todos los conflictos entre el Estado mexicano y la oposición armada, desde 1968 hasta nuestros días. Sin embargo, tampoco ha sido un “remedio” infalible para erradicar la “subversión”, ya que algunas de las organizaciones con más desaparecidos durante la etapa de la llamada “guerra sucia” de los setenta –entre ellas el PdlP y las FLN– mantuvieron una línea político-militar en la década de los ochenta y fundaron nuevas organizaciones que siguen activas en el presente (como el EPR y el EZLN).[2] Cabe añadir que las víctimas actuales de desapariciones forzadas no son sólo guerrilleros sino también activistas de movimientos civiles y pacíficos a los que el Estado acusa de simpatizar con la vía armada o cuya radicalización teme.

Se estima que en México existen por lo menos mil quinientos desaparecidos por razones políticas y que ascienden a miles los desaparecidos asociados a la delincuencia organizada, aunque sólo una pequeña porción de los casos ha sido denunciada penalmente. Ésta cifra, por ser escasamente conocida, no le ha dicho demasiado a la sociedad mexicana, aunque resulta escandalosa en términos comparativos, pues con sanguinarias dictaduras en su haber, Argentina cuenta con diez mil casos probados de desaparición forzada y Chile con poco menos de dos mil y en ambos países la justicia persigue a los genocidas. Para el caso mexicano, se calcula que el 80% de las desapariciones han sido perpetradas por el ejército, pese a lo cual no hay un solo militar que haya sido sentenciado por este ominoso crimen. Esto se debe, en parte, a que los militares mantienen el fuero de guerra, que se ha convertido en sinónimo de impunidad absoluta. El otro 20% de las desapariciones han sido realizadas por miembros de las corporaciones policiacas y el servicio secreto (la antigua Dirección Federal de Seguridad, DFS, hoy Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN). La fracasada y extinta Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) sólo logró indiciar a unos cuantos policías, pero tipificó incorrectamente los delitos en evidente desacato al derecho internacional humanitario, y se negó a recorrer la escala de mandos, evitando así responsabilizar al poder ejecutivo por la subversión del orden jurídico y la violación masiva de los derechos humanos de la ciudadanía. A la fecha no hay un solo procesado por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la “guerra sucia”, por lo cual, en materia de impartición de justicia, México se encuentra entre los países más rezagados del continente.

No se puede acceder de ninguna manera a información verídica sobre la situación actual de esos miles de ciudadanos mexicanos desaparecidos, pues se impone en el camino una muralla infranqueable que no está siquiera en vías de ser derribada porque, a diferencia de países como Argentina, Chile o Uruguay, en México ni el Estado ha tenido la voluntad política de rendir cuentas, ni la sociedad de exigirlas cabalmente.[3]

Desde 1968 hasta la fecha, la demanda por la presentación de los desaparecidos ha quedado circunscrita a círculos de familiares y amigos de las víctimas y a los activistas de izquierda. Aparentemente el Estado ha llevado las de ganar, sin embargo, a finales de la década de los setenta la lucha valiente y tenaz de los familiares de los desaparecidos inauguró la cultura de los derechos humanos en México, en virtud de la cual los gobiernos que han hecho frente a los nuevos movimientos armados, no han podido aplicar muchas de las tácticas que emplearon con naturalidad en el pasado.[4] Por esta razón, mientras que en el estado de Guerrero se cometió un genocidio contra las bases de apoyo del PdlP en 1974, veinte años más tarde una sociedad civil más conciente impidió el exterminio de las comunidades indígenas que apoyaban al EZLN. A la fecha, la guerra de baja intensidad se basa más en la represión selectiva y en la fabricación de conflictos inter e intracomunitarios que en tácticas como la de tierra arrasada y ejecuciones clandestinas masivas.

Respecto a la complicidad y encubrimiento con los funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad por parte de las administraciones panistas que enarbolaron la bandera de la transición a la democracia, Antonio Orozco observa que esto es “resultado y reflejo directo de que no pueden condenar algo con lo que están de acuerdo y no sólo eso, sino que además siguen instrumentando las mismas prácticas y respuestas hacia las luchas y las demandas de los desposeídos”.[5] En efecto, en el transcurso de 2007 el gobierno de Felipe Calderón refrendó su compromiso no con la verdad y la justicia, sino con el terror y la impunidad, al haber convalidado la desaparición de los miembros del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Medina Reyes, y la del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, entre otras muchas.

El hecho de que el Estado persista en la comisión de delitos de lesa humanidad invalida sus pretensiones democráticas. Como lo han repetido las organizaciones de familiares, no es posible una democracia con desaparecidos. Para que haya democracia, tan sólo en el plano formal, el gobierno debe presentar a los ciudadanos desaparecidos para que puedan votar.

Desde hace décadas, diversos gobiernos han pervertido el funcionamiento de nuestras instituciones y han pretendido mantener ese estado de cosas eliminando a la oposición. Por eso no se equivoca quien dice que nuestra democracia está asentada en un charco de sangre. Como parte del proceso de saneamiento de las instituciones de la república, es menester que el Estado desista de apresar, torturar, asesinar y desaparecer a los luchadores sociales. De lo contrario, el incremento en la cifra de crímenes de lesa humanidad servirá como un claro indicador de la descomposición y la ilegitimidad del sistema político.

Los desaparecidos y los asesinados por razones políticas han sido dirigentes y luchadores sociales valiosos que ha perdido el pueblo de México en su lucha por su emancipación. Nos han hecho mucha falta a todos nosotros para construir un mejor país. El daño que el Estado ha hecho es irreversible, sin embargo, dentro de sus funciones legales está la reparación moral, material y social a los agraviados, la cual debe pasar por el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos y la revelación de las circunstancias del crimen.

Aún cuando las organizaciones sociales populares han mantenido una asombrosa resistencia, no han sido capaces de construir un movimiento nacional de defensa de los derechos humanos para protegerse de la arbitrariedad del Estado, pues han antepuesto sus diferencias ideológicas y organizativas a la unidad en la acción ante demandas comunes. El escenario que se nos plantea a todos los opositores del régimen actual es bastante sombrío. La magnitud de la represión amerita que unamos fuerzas para activar mecanismos de presión internacional que impidan que el gobierno mexicano consume nuevos crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos. Cerremos paso a la impunidad: ¡ejecutados, torturados y desaparecidos, nunca más!



[1] Claude Lefort. Un hombre que sobra. Barcelona, Tusquets, 1980, p. 43.

[2] Las cifras aproximadas de desaparecidos por organización son: 600 del PdlP y escisiones (entre guerrilleros, bases de apoyo y víctimas circunstanciales), 150 de la LC23S, 20 del MAR, 12 de la ACNR y 12 de las FLN. Datos tomados del “Preproyecto de Censo Nacional de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas entre 1968 y 2007”, Colectivo “Nacidos en la Tempestad”, versión electrónica.

[3] La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada por el gobierno de Vicente Fox en el 2002, tuvo un papel ambiguo, cuyos resultados más visibles fueron: el establecimiento de procesos legales entorpecidos y saboteados tanto a lo interno como por otros órganos de procuración de justicia, la acumulación de información útil para los servicios de inteligencia y la presentación de un informe histórico que fue censurado por la PGR. Para una valoración del trabajo de esta oficina, véase el balance elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos mexicanas: Esclarecimiento y sanción a los delitos del pasado durante el sexenio 2000-2006: Compromisos quebrantados y justicia aplazada. México, s.e., 2006.

[4] Las organizaciones de derechos humanos más importantes de la actualidad, reconocen que el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, fundado en 1977 a resultas de la fusión de grupos de familiares de las víctimas, fue la organización madre de la lucha por los derechos humanos en México.

[5] Antonio Orozco Michel. La fuga de Oblatos. Una historia de la LC-23S. México, La casa del Mago, 2007, p. 116. En el transcurso de 2007 fueron detenidos-desaparecidos los guerrilleros del EPR Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Medina Reyes, y el exguerrillero del MAR Francisco Paredes Ruiz.

viernes, 27 de noviembre de 2009

Homenaje a Lucio Cabañas Barrientos


HOMENAJE LUCTUOSO AL PROFESOR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS POR EL 35 ANIVERSARIO DE SU CAÍDA EN COMBATE.

02 de Diciembre 2009

Atoyac de Alvarez Guerrero

Lugar: Obelisco a Lucio Cabañas

“Por el rescate de la memoria histórica

de nuestros luchadores sociales”

FECHA: miércoles 2 de diciembre de 2009.

OBJETIVO:

En el marco del aniversario de la caída en combate del Profesor Lucio Cabañas Barrientos el día 2 de diciembre de 1974, consideramos imprescindible rescatar la memoria de este gran personaje y luchador social, que entrego su vida por un cambio en el afán de exigir justicia a un gobierno asesino y represor.

A través de este merecido homenaje al profesor Lucio, planteamos la necesidad de dar a conocer ese oscuro pasado del gobierno mexicano que no es reconocido públicamente por los gobiernos o autoridades subsecuentes y hasta los de nuestros días, así como tampoco por el conjunto de la sociedad. Son precisamente estos gobiernos, grupos de poder, autoridades judiciales, militares y medios de comunicación quienes niegan, ocultan e impiden el reconocimiento y castigo de los responsables de la violencia, represión, torturas, desapariciones, asesinatos y persecución de los luchadores sociales, porque son ellos mismos quienes han sido los responsables.

Actualmente existen en nuestro país entre mil y mil quinientos detenidos-desaparecidos, cientos de ejecutados extrajudicialmente y aproximadamente quinientos presos por razones políticas. No pensamos dejarlos solos en el desamparo jurídico y social pues su lucha es nuestra lucha, de ahí la importancia de este tipo de homenajes que tienen como único fin no perder la memoria colectiva de nuestros luchadores sociales.

A últimas fechas, a raíz de la llegada de gobiernos de izquierda en algunos países Latinoamericanos, se ha avanzado en el proceso de justicia y castigo a los culpables de los crímenes cometidos durante las dictaduras en Argentina, Uruguay y Chile particularmente. En este sentido es necesario que la sociedad mexicana haga suya la lucha por la verdad y la justicia, lo que implica el reconocimiento social, político y judicial de las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano contra los hombres y mujeres que luchaban y siguen luchando por un país más justo e igualitario.

En este sentido, a través de este homenaje buscamos integrar a los diferentes grupos sociales en esta lucha por la justicia y la memoria para exigir a las autoridades nacionales e internacionales el castigo a los culpables, además de la reparación del daño a las víctimas y familiares de los detenidos-desaparecidos, asesinados y torturados de la guerra sucia.

OBJETIVOS PARTICULARES:

Homenaje al profesor Lucio Cabañas en tres sedes distintos simultáneamente: Atoyac de Álvarez , Acapulco, Guerrero y Distrito Federal.

ACTIVIDADES

SEDE

Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Orden del día:

I) Homenaje representativo a lucio cabañas en el obelisco de atoyac, con la participación de la organización campesina de la sierra del sur, AFADEM, Tita Radilla, Micaela Cabañas (hija de Lucio Cabañas) y Catarino Hernández (hijo de Carmelo Cortés y Aurora de la Paz Navarro)

II) Mesa de participación

1. Nacidos en la tempestad.

2. Octaviano Santiago Dionisio.

3. Micaela Cabañas.

4. Catarino Hernández.

5. Julio Mata.

6. Tita Radilla.

III) Homenaje a Lucio Cabañas con la participación de la familia Cabañas.

  • Proyección del documental NACIDOS EN LA TEMPESTAD.

  • Obra de teatro. Compañía Teatral Tlatemoani: Xochimilco Prehispánico y Ecos de la Revolución.

  • Grupos de Música en vivo.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Periódico Madera

Nueva página web para consultar el periódico por el que los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre sufrieron persecución, torturas, ejecuciones, desapariciones y encarcelamiento entre 1973 y 1981:


miércoles, 23 de septiembre de 2009

23 de septiembre

Página de consulta obligada para conocer los orígenes del movimiento armado socialista mexicano:


En homenaje a los caídos en el asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965:
Pablo Gómez Ramírez
Arturo Gámiz García
Emilio Gámiz García
Antonio Scobell Gaytán
Salomón Gaytán Aguirre
Miguel Quiñones Pedroza
Oscar Sandoval Salinas y
Rafael Martínez Valdivia

martes, 8 de septiembre de 2009

Dení Prieto Stock


DENÍ PRIETO STOCK (A) MARÍA LUISA

UN AFÁN

Nunca había pensado en la muerte,

en la nada, en la ausencia total

de una presencia, de un aliento vital,

hasta que moriste tú.

No es mía ninguna superstición.

No distraigo mi conciencia con milagros,

paraísos, ángeles y demonios.

¿Pero quién puede definir la nada,

o el comienzo

o el fin

de algo, de todo, del universo,

de ti, de mí, de Dení?

¿De la muerte qué podemos definir?

Su fisonomía, su aspecto, su traza.

¿Y qué más sabemos a ciencia cierta?

Ahora lo quiero saber, con tanto afán,

que no la temo ni la tengo por extraña,

y aun la deseo, desde que moriste tú,

desde el fondo de mi adolorida,

desgarrada, inconforme entraña.

Carlos Prieto Argüelles[1]

Nació el 8 de septiembre de 1955 en la Ciudad de México. Era hija de Evelyn Stock y del dramaturgo y periodista Carlos Prieto Argüelles. Su abuelo, Jorge Prieto Laurens, participó en la revolución mexicana de 1910, fundó el Partido Cooperatista (1921) y promovió la formación de la Asociación Anticomunista de las Américas.

Dení tuvo una formación intelectual rica y precoz y desde muy joven comenzó a participar en las brigadas comunitarias de la organización Política Popular, principalmente en zonas rurales de Tlaxcala y el Estado de México. Estudió el bachillerato en el Colegio Madrid y en 1973 estuvo a punto de ser encarcelada debido al proselitismo político que realizó entre campesinos a los que impartía clases en Tenango del Valle, Edomex. El mismo año fue reclutada para las EYOL por Julieta Glockner y al poco tiempo, motivada por el golpe de estado en Chile, se convirtió en un cuadro profesional de las FLN. La primera y única casa de seguridad en la que estuvo fue la de Nepantla, Edomex, a la que arribó el 26 de octubre de 1973. A los pocos días de su llegada a la “Casa Grande”, contrajo matrimonio revolucionario con Raúl Sergio Morales Villarreal.

La noche del ataque militar a la llamada "casa grande", el 14 de febrero de 1974, Dení perdió sus lentes con la explosión de una granada y tuvo muchas dificultades para moverse, por lo que fue una de las primeras en caer. Su cadáver fue sepultado clandestinamente en el Panteón Dolores. Pese a diversas gestiones, su familia no pudo recuperar sus restos en ese momento, sino hasta siete años después. De todos los guerrilleros caídos en la historia de las FLN “María Luisa”, de 19 años, fue la más joven, lo que le ha merecido un reconocimiento especial por parte del EZLN.[2] En el 2000, el dramaturgo Ignacio Retes publicó una novela intitulada Por supuesto, inspirada en la vida de Dení, aunque también retomó pasajes de hechos protagonizados por Elisa Sáenz, Julieta Glockner y Nora Rivera.


[1] Este poema fue encontrado en el Fondo de la DFS.

[2] Dení es la única militante de las FLN de las que el EZLN ha expresado que celebra su cumpleaños. “Comunicado del EZLN, 8 de septiembre de 1998”, en: www.ezln.org/documentos/1998/19980908.es.htm, fecha de consulta 10 de marzo de 2008. Sobre su historia familiar, véase la compilación de Luis Prieto, et. al. Un México a través… op. cit.

jueves, 27 de agosto de 2009

Jornada Nacional de Lucha contra el Olvido

LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO

JORNADA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL OLVIDO

DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2009

“¿Dónde están? Porque sus voces son un canto perenne de esperanza”

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) hace una atenta y cordial invitación a todas las organizaciones democráticas e independientes, a organismos defensores de los derechos humanos, a personalidades comprometidas en la defensa de los derechos humanos, estudiantes e investigadores y al pueblo en general para que nos acompañen y participen en LA JORNADA NACIONAL CONTRA EL OLVIDO del 27 al 30 de agosto del presente año en la ciudad de Morelia Michoacán.

En esta ocasión nuestros compañeros de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM) del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), serán los organizadores de la jornada. Reivindicando que en los pueblos de México, América Latina y el Mundo la consigna de EL NUNCA MÁS en contra DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS sea en la vida de los pueblos, una realidad.

Hoy en nuestro país las prácticas de la guerra sucia vuelven a cobrar vigencia. Felipe Calderón en su afán por imponer a cualquier costo su proyecto desnacionalizador y pro fascista, recurre a la instauración paulatina de un Estado Factico, autoritario por naturaleza y policiaco militar, violando flagrantemente las garantías constitucionales y los derechos humanos, Haciendo caso omiso de las recomendaciones de los honorables organismos internacionales y de la Corte interamericana de Derechos Humanos.

Ante esta situación insostenible por los costos humanos que estamos pagando como pueblo, con casos de asesinatos selectivos de Luchadores sociales, crímenes de lesa humanidad, torturas y encarcelamientos injustos de luchadores sociales hacemos un llamado a la unidad a las organizaciones populares, democráticas, independientes, sindicales de pueblos y comunidades indígenas para detener esta embestida.

Anexamos programa de actividades:

27 DE AGOSTO

TALLER DE DERECHOS HUMANOS

Lugar: Comunidad Tabiquera La Loma de Uruapilla

Ubicada en la carretera antigua Morelia - Pátzcuaro

Hora: 10:00 AM

28 DE AGOSTO

MESA REDONDA

Guerra sucia: Crímenes de les ahumanidad, ayer y hoy

Participan:

Dra. Verónica Oikión Solano

(Profa, investigadora del Colegio de Michoacán)

Historiadora Adela Cedillo

(Se ha especializado en Historia contemporánea de México y el mundo)

Mtro. Ramón Guzmán Ramos

(Titular de la Comisión de Educación y Cultura de la sección XVIII)

Mtro. Alonso Torres Aburto

(Director de la Facultad de Historia de la UMSNH)

Poesía: SOY MUJER

Declama:

C. Bertha García Ríos

De la comunidad de Las Mesas del FNLS

Lugar: AUDITORIO LUÍS SAHAÚN

Casa de la Cultura de Morelia

A las 18:00 horas.

29 DE AGOSTO

CONFERENCIA MAGISTRAL

Guerra sucia: Crímenes de Lesa Humanidad, ayer y hoy.

Ponente:

Mtro. CARLOS MONTEMAYOR

Margarita Cruz Sánchez

(Hna. De Gabriel Alberto Cruz Sánchez)

Nadín Reyes Maldonado

(Hija de Edmundo Reyes Amaya)

Janahuy Paredes La Chino

(Hija de Francisco Paredes Ruiz)

Lugar: AUDITORIO LUÍS SAHAÚN

Casa de la Cultura de Morelia

A las 18:00 horas.

DANZA CONTEMPORÁNEA

Presenta:

GRUPO ANVERSO

Obra dedicada a los detenidos desaparecidos

30 DE AGOSTO

EVENTO POLÍTICO-CULTURAL

Lugar: PLAZA MELCHOR OCAMPO

En el centro de la ciudad de Morelia, Michoacán

A partir de las 10:00 horas

Participan con danzas las comunidades:

Las Mesas

Ihuatzio

Santa Fe de la Laguna

Unión Progreso

Teremendo

Santa Clara del Cobre

SE PROYECTARÁ EL DOCUMENTAL TRAZANDO ALEIDA

FRATERNALMENTE

¡NI UN DETENIDO-DESAPARECIDO MÁS!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DETENIDOS DESPARECIDOS!

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA EN EL PAÍS!

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA PROTESTA POPULAR!

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDIGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO