domingo, 10 de julio de 2022

Cien años de impunidad

Echeverría a su salida de la FEMOSPP, después de haber sido llamado a declarar por el halconazo en 2004. Fue increpado por miembros del Comité '68, quienes le gritaron: "Asesino!"

 
El expresidente Luis Echeverría Alvarez (1922-2022), sobre cuyas prácticas represivas he escrito ampliamente en este blog, falleció a los cien años y seis meses en la impunidad total, sin haber roto jamás el pacto de silencio y sin haber revelado el paradero de los mil desaparecidos de su sexenio. Esto es lo primero que me vino a la cabeza cuando supe la noticia.

No abundaré en su trayectoria, de la que a grandes rasgos me ocupé en la carta que le envié en abril de 2021. Quisiera hacer el recuento de cómo es que Echeverría y su sobrevida se convirtieron en una obsesión para mí, al punto de que una veintena de contactos me escribieron entre el 8 y 9 de julio para preguntarme si ya sabía que Echeverría había fallecido y cómo me sentía al respecto. Agradecí enormemente sus anticondolencias. Mi desprecio a Echeverría no viene del hecho de que uno de mis tíos hubiera estado entre los estudiantes golpeados por el ejército durante el movimiento estudiantil de 1968, o de que mi familia paterna hubiera sido testigo presencial de la represión a los estudiantes -incluida la masacre de Tlatelolco-, lo cual les produjo secuelas físicas y mentales. Soy una persona que, en general, no tiene capacidad para odiar a nadie, pero mi odio a Echeverría se gestó en la cotidianidad del contacto con cientos de víctimas de la guerra sucia en casi todos los estados de la república.

Creo que el primer día que le deseé la muerte a Echeverría fue en un evento de víctimas, por ahí de 2002, donde un joven relató que su hermana había sido torturada por agentes de la DFS con toques eléctricos cuando tenía tres años de edad y aún conservaba las marcas de las quemaduras. Los padres de la niña ya habían sido detenidos y torturados, pero fueron obligados a presenciar lo que hacían con su hija para que delataran más rápido a sus compañeros. Me pareció una escena dantesca. Era indignante y fuera de toda proporción que los responsables de esos hechos gozaran del anonimato y la impunidad.

Por la pesada tradición de intocabilidad que caracteriza a la clase política mexicana, me resultaba más fácil desearle la muerte a Echeverría que albergar la esperanza de verlo preso. Sin embargo, la creación de la FEMOSPP hace veinte años, generó la ficción de que era posible investigar, indiciar, condenar y sentenciar a un expresidente. Como ciudadana, me sumé a la convocatoria del Comité '68 para dar esa lucha.

El fiscal Ignacio Carrillo Prieto solicitó órdenes de aprehensión a Echeverría y sus secuaces por el delito de genocidio en los casos de las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, sin un precedente judicial que respaldara dicha tipificación. Ambas averiguaciones previas estaban mal integradas y en ninguno de los dos casos se presentó la evidencia necesaria para procesar a Echeverría. Si en verdad se hubiera querido que pisara la cárcel, en ambos casos se hubiera acudido a recabar evidencia para probar que se cometió el delito de desaparición forzada, de carácter imprescriptible. Sin embargo, el fiscal acudió a argucias jurídicas para rechazar categóricamente esta tipificación. Hay que aceptar que tenía un buen pretexto, pues a pesar de que México había suscrito la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Senado había impuesto dos candados para garantizar la impunidad de los regímenes anteriores. La primera era una reserva que reconocía el fuero de guerra por delitos cometidos por militares en servicio, impidiendo con ello que fueran juzgados en tribunales civiles. La segunda era una declaración interpretativa  que establecía que los delitos se juzgarían a partir de la entrada en vigor de la convención (2002 en adelante). 

Por otra parte, a pesar de las decenas de testimonios de que, tanto en Tlatelolco como en San Cosme el ejército recogió cadáveres y, presuntamente, los desapareció, los agentes del ministerio público decían que no habían logrado ubicar a ninguna familia que tuviera un desaparecido derivado de dichos acontecimientos. Concedo que ha sido muy difícil ubicar a esas familias, pues muchos estudiantes provenían de otras partes de la república, estaban solos y murieron en el anonimato. Sin embargo, si el gobierno realmente hubiera querido conocer los nombres de las víctimas, hubiera hecho una campaña extensiva en medios de comunicación, algo que nunca ocurrió.

El delito de genocidio no se podría demostrar en ninguna de las dos masacres porque 1) no hubo un discurso ni una práctica de exterminio contra los estudiantes, como sí se aplicó, por ejemplo, contra los grupos guerrilleros. 2) No había cuerpo del delito. No se presentó la evidencia física necesaria para demostrar que se usó una tecnología policiaca o militar conducente al exterminio de un grupo nacional, como sí ocurrió con la guerra sucia, donde se atacó de forma indiscriminada a la población de municipios como Atoyac de Alvarez, Guerrero a través de diferentes tácticas y estrategias, v. gr. tierra arrasada, aldea estratégica, bombardeos, cerco a la producción, cerco de hambre, persecución basada en el parentesco, separación de padres e hijos, detenciones generalizadas, tortura extensiva, desapariciones masivas, ejecuciones clandestinas, vuelos de la muerte. 3) El número de víctimas presentado era demasiado bajo (22 para Tlatelolco, 11 para el halconazo), lo que era contradictorio con el criterio de sistematicidad del genocidio. 

Estoy segura que el fiscal tipificó mal los delitos que investigaba con alevosía y ventaja, a sabiendas que serían rechazados por la PGR, entonces dirigida por el general represor Rafael Macedo de la Concha. Los cientos de casos de desaparición forzada fueron tipificados como privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, que es un delito que sólo pueden cometer particulares, no servidores públicos. La cereza de este pastel de impunidad fue la concesión de la prisión domiciliaria a adultos mayores de 70 años. Por si fuera poco, de acuerdo con las leyes mexicanas, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que no podrían volver a reabrirse los expedientes que la FEMOSPP echara a perder judicialmente.

Lo más lesivo para las víctimas y sus aliados fue la simulación. Nos hicieron creer que el proceso de justicia transicional iba en serio y, a pesar de nuestro escepticismo, caímos en el juego. Cientos de personas interpusimos demandas o aportamos evidencia al ministerio público. Todo quedó en nada. Echeverría jamás fue condenado por uno solo de los delitos que cometió como subsecretario y secretario de Gobernación ni como presidente.

En el caso del halconazo, los tribunales rechazaron otorgar órdenes de aprehensión, argumentando que el delito de genocidio había prescrito. En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -a pesar de estar corrompida hasta el tuétano-, se apegó al principio universal de que el genocidio es imprescriptible. Sin embargo, hubo un nuevo revés para la FEMOSPP en tribunales, pues se determinó que el 10 de junio no había sido un genocidio sino homicidio calificado y éste ya había prescrito. Nadie negó que se hubiera cometido un delito ni se afirmó que Echeverría no fuera culpable, sólo se dijo que el tiempo de la justicia ya había caducado.

En 2006, por iniciativa del entonces jefe de gobierno de la CDMX Alejandro Encinas, el halconazo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual rechazó ejercer su facultad de investigación, afirmando que la FEMOSPP ya había investigado los hechos.

El caso de la masacre de Tlatelolco también tuvo muchos avatares en tribunales. Por breve tiempo, en 2006 se concedió la prisión domiciliaria a Echeverría, pero en 2007 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que  si bien el 2 de octubre del '68 se había cometido el delito de genocidio, no había pruebas que acreditaran la responsabilidad de Echeverría. Esta resolución fue apelada por la parte acusadora, para ser confirmada por el Quinto Tribunal en 2009. De no ser algo tan trágico, sería una comedia de las equivocaciones. A esos jueces corruptos  me hubiera gustado preguntarles: si hubo genocidio y el Secretario de Gobernación, que orquestaba toda la represión en esa época, no tuvo nada que ver, entonces por qué no buscaban a los culpables materiales?

Técnicamente, en ambos casos Echeverría fue exonerado del delito de genocidio por el sistema de impartición de justicia. En la izquierda nos consolamos con victorias pírricas. Qué si le hicimos pasar un mal rato, que si se estuvo encerrado en su casa un tiempo, con algunas interrupciones (de julio de 2006 a marzo de 2009), que si fue acusado del delito más grave del mundo, etc. El hecho es que no pagó nada de lo que debía.

A posteriori, puede decirse que el desastre institucional de la PGR-FEMOSPP y el sistema judicial anticipaban ese resultado. A eso hay que sumar el hecho de que tres funcionarios de Fox, el Procurador General Macedo de la Concha, el Subsecretario de la Defensa Delfino Mario Palmerín Cordero y el Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero,  hubieran estado embarrados hasta el cuello en el aparato contrainsurgente de los setenta y ochenta. Ellos jamás hubieran permitido que uno de los suyos fuera juzgado en tribunales civiles o militares.

Aquél verano de 2006, en que el Comité '68 y aliados esperábamos afuera de la SCJN la resolución del caso del halconazo, el "abogado del diablo," Juan Velásquez, ingresó a la sala después de toparse con nuestra protesta. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y se dio el lujo de saludarnos a los presentes con la mirada y con alguna expresión cordial, como un auténtico gentleman (a mí incluso me tocó el hombro, causándome estremecimiento). El sabía de antemano que tenía ganado el caso. 

Ser testigo de toda esa corrupción e impunidad no hacía sino acrecentar mi odio profundo hacia Echeverría y hacia el Estado mexicano, que en lugar de garantizar nuestros derechos los vulnerabla de múltiples formas. Nos negaron el derecho a la verdad, a la justicia,  y a la memoria. La reparación del daño a las víctimas comenzó en el sexenio de Peña Nieto de forma bastante tardía, desigual, episódica y revictimizadora.

Lo único que me quedaba, como consuelo de tontos, era desearle la muerte a Echeverría todos y cada uno de los días de mi vida. A lo largo de 20 años, no faltó quien me dijera que yo debería ir a terapia. Se burlaban de mí por personalizar el caso. Para mí era claro que tenía que ver conmigo en la dimensión colectiva del impacto de la disfuncionalidad de las instituciones, en el fracaso de la impartición de justicia que nos deja a los ciudadanos a merced de los criminales de todo tipo y, sobre todo, en lo relativo a los crímenes de lesa humanidad. Los años sangrientos del PRI me lesionan en lo más profundo de mi dignidad y mi consciencia, no importa que no me haya tocado vivir aquella época ni importa el tiempo transcurrido. Fueron actos contra natura y cualquier persona que conviva con las víctimas se daría cuenta de la vigencia de esas atrocidades. Asimismo, cualquier persona con sentido común entendería que Echeverría fue uno de los arquitectos  la violencia de Estado que nos persigue hasta la actualidad a través de instituciones con mentalidad contrainsurgente como el ejército, la marina y las corporaciones policiacas, que de tanto en tanto torturan, matan y desaparecen civiles sin rendirle cuentas a nadie. 

México es un océano de horrores e impunidad. Claramente Echeverría es un símbolo del surgimiento de ese México barbárico, pero no fue un hombre solo ni actuó por mera sociopatía. Fue una pieza de un partido, el PRI, que demostró que estaba dispuesto a transgredir cualquier límite con tal de tener el monopolio del poder y llevarse el famoso carro completo.

Confieso que fue desgastante desearle la muerte a Echeverría durante todo ese tiempo (no le deseo la muerte a nadie más), pero su sobrevida era una afrenta a sus víctimas y a la nación. No voy a mentir ni a apelar a una hipócrita corrección política. Es lamentable que haya muerto impune, no nos merecíamos eso. Sin embargo, me alegra que haya un genocida menos en esta tierra. Un genocida que ya no estará viviendo una vida cómoda, producto de su riqueza malhabida (la especulación inmobiliaria con la que se enriqueció alucinantemente al terminar su sexenio) y sin ser molestado por nadie. Si hay un más allá, espero que nunca descanse en paz. También espero que la sociedad mexicana entienda, de una vez por todas, que no podemos permitir jamás el ascenso de otro Echeverría ni aguantar otros cien años de impunidad. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el último presidente que pudo haber juzgado a Echeverría por sus crímenes de lesa humanidad y prefirió mantener el pacto de silencio e impunidad.

miércoles, 6 de julio de 2022

Alberto Guillermo López Limón, el pionero olvidado


El exguerrillero e investigador Alberto Guillermo López Limón falleció el 3 de junio del 2021 y, a la fecha, no se han hecho homenajes a su memoria. Me parece un hecho triste y paradójico, debido a que Alberto hizo esfuerzos denodados por ser reconocido como el gran especialista en las organizaciones político-militares mexicanas del periodo conocido como guerra sucia. Sin embargo, ese mismo afán aisló a Alberto de la endeble comunidad de personas que buscábamos especializarnos en la guerra sucia. Era un "gatekeeper" que no simpatizaba con la idea de que otros investigadores le hicieran sombra. Lamentablemente, esta actitud tuvo un impacto muy negativo en lo referente a las investigaciones institucionales sobre la guerra sucia llevadas a cabo tanto por la FEMOSPP como por la Comisión de la Verdad de Guerrero. Alberto perteneció a ambas y fue uno de los encargados de escribir los reportes finales, pero a este tema regresaré líneas abajo.

Hay muchas cosas por las que quisiera reconocer la labor de Alberto y otras tantas de su trayectoria que me dejaron con muchas interrogantes. Lo que consigno a continuación, se basa en las memorias de mis conversaciones con Alberto, con algunos datos verificados en sus escritos. Para empezar, hay que decir que Alberto se unió muy joven al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), después de que esta organización clandestina hubiera perdido a dos de sus líderes emblemáticos, José Luis Martínez y Elín Santiago Muñoz en 1981. Lo reclutó la célula del MAR de Juan Carlos Mendoza Galoz e Hilda Austreberta Escobedo Ocaña, ambos desaparecidos por el Grupo Jaguar en diciembre de 1981. Alberto fue especialmente cercano a Hilda a quien, me consta, buscó por todos los medios a su alcance.

Alberto se sumó al MAR cuando la organización había sido mayormente desmembrada y sólo quedaban células que reivindicaban el membrete. Estas intentaron forjar una coordinadora con otros grupos diezmados por la contrainsurgencia, como la ACNR, el Movimiento 16 de Septiembre y las FAL, formando así la "Cuadrilátera," de donde surgiría la nueva ACNR como organización abierta, en 1983. El MAR entró entonces en un proceso de descomposición que culminó en su disolución en 1987 y en la posterior participación de muchos de sus exmilitantes en el Frente Democrático Nacional primero y en el PRD después. Alberto responsabilizaba a Mario Saucedo (miembro de las alas clandestina y abierta de la "Cuadrilátera") del olvido de la agenda revolucionaria y el corrimiento a la socialdemocracia. Alberto estuvo entre quienes declinaron incorporarse al PRD, tras la fundación del partido en 1989, aunque sí se sumó a la corriente perredista denominada Red de Izquierda Revolucionaria (REDIR), por ahí de 2005.

Alberto me contó que participó en asaltos que no fueron reinvidicados como acciones guerrilleras sino como crímenes comunes, a fin de evitar el seguimiento policiaco. Quizá el problema de lo que Alberto contaba de su vida militante es que no había nadie que saliera a corroborar lo que decía. Él mismo era conciente de que se ponía en duda su pasado y nadie lo trataba como exguerrillero, pues su militancia había ocurrido en un periodo de inactividad generalizada de los grupos armados. Además, al MAR se le había dado por terminado después de 1981. Yo misma he puesto en duda algunas de las cosas que Alberto hizo y escribió, pero su militancia no fue una de ellas. Su forma de describir lugares, personajes, casas de seguridad, reuniones, operativos, accidentes, caídas de cuadros, etc., no podía ser un mero producto de su imaginación. De lo único que podría habérsele acusado es de haber sido demasiado clandestino y haber pasado desapercibido. No faltó quien hubiera sospechado que era un policía infiltrado, pero esa acusación era tan generalizada en la izquierda que perdía todo sentido.

Alberto también me contó que como militante del MAR, una de sus tareas fue infiltrar el Comité Eureka para apoyar la lucha por la presentación de los desaparecidos. Lo que describiré a continuación son anécdotas contadas por Alberto a personas que estudiábamos esos temas, pero hasta donde sé, él nunca se atrevió a decir nada de esto en público. Agradezco que, en su momento, me tuviera la confianza suficiente para compartirme algo que, a todas luces, le pesaba en la conciencia. Alberto tenía tres grandes críticas al liderazgo de doña Rosario Ibarra de Piedra, cifradas en: 1) el manejo de recursos; 2) el ocultamiento de la información sobre el paradero de los desaparecidos que le hacían llegar a Rosario por diversas fuentes y 3) que Rosario hubiera establecido una alianza con el PRT, desdeñando al resto de las organizaciones de izquierda.

Sobre el primer punto, Alberto decía que doña Rosario monopolizaba como un patrimonio personal los recursos que recibía el Comité Eureka por parte de individuos y grupos solidarios, poniendo como ejemplo  una de sus giras de recaudación de fondos en Europa. Ahí, doña Rosario consiguió que una organización holandesa creara un programa para que los ciudadanos del país de los tulipanes "adoptaran" a los desaparecidos mexicanos, mandándoles recursos a sus familias. Sin embargo, tales recursos no le llegaron a ninguna familia mexicana, ya que eran depositados a la cuenta de doña Rosario y nunca se transparentaba el uso de los fondos ante el resto de los miembros del comité. La versión de Alberto del rompimiento de doña Rosario con los familiares de desaparecidos de Guerrero iba en el mismo sentido. Alberto decía que la doña se quedaba hasta con el producto del "boteo" (petición de dinero en la vía pública) de los activistas de Eureka y que cuando estos le preguntaban en qué se usaban esos fondos, no había respuesta. Los guerrerenses, desairados, le pidieron a la doña que les regresara las fotos de sus deudos, a lo que ésta se negó, echándole sal a la herida. "Desde entonces, Rosario no podía poner un pie en Atoyac", según Alberto.

Alberto también criticaba la inactividad de doña Rosario respecto a los informes que recibía por parte de expresos que habían logrado salir vivos de las instalaciones emblemáticas del terror estatal (campos de tortura y exterminio), así como de militares y policías arrepentidos. Según Alberto, un exguerrillero que estuvo en Pie de la Cuesta, le contó a doña Rosario que tiraban a los desaparecidos al mar en aviones del ejército. Unos militares le hablaron de un horno crematorio en el Campo Militar No. 1. Otros le habrían hablado de un hospital que tenía una zona secreta a donde habían sido vistos los últimos desaparecidos. Alberto también contaba que, cuando alguien circuló el rumor de que los desaparecidos mexicanos habían sido llevados a una prisión clandestina en una isla de Chile, Rosario se había trasladado hasta allá para pedir informes. Contrasta que Rosario buscara a los desaparecidos vivos con el hecho de que se negara a aceptar cualquier posibilidad de que estuvieran muertos, lo que anulaba de antemano la demanda de la búsqueda forense. Esta actitud, que casi siempre le aplaudieron, tenía un lado negativo, pues Rosario nunca exigió una explicación oficial sobre los presuntos vuelos de la muerte y los hornos crematorios clandestinos. México jamás tuvo un programa oficial de búsqueda forense de desaparecidos de la guerra sucia y se puede asegurar que esto fue en parte debido al rechazo rotundo de Rosario -en su calidad de diputada, senadora o asesora del PRD- a que esto se llevara a cabo.

Hubo otros exmiembros del Comité Eureka que corroboraron lo que Alberto decía al respecto, aunque ninguno quiso asumir la responsabilidad de cuestionar públicamente la reputación de la figura más emblemática y querida del movimiento de derechos humanos en México. El cruce de información me permitió establecer la credibilidad testimonial de Alberto. El no tenía nada personal contra la doña, simplemente contaba lo que había vivido directamente. Tampoco lo decía para desprestigiarla sino porque le interesaba que se supiera la verdad sobre los desaparecidos. En esa búsqueda de la verdad por encima de todo y todos, coincidíamos.

Después del desencanto por la militancia, Alberto se concentró en la investigación. El no era historiador de oficio ni se manejaba con el rigor que la disciplina demanda. Se graduó de sociólogo, pero tampoco aplicaba los métodos sociológicos. Lo que él hacía era bastante empírico. Recopilaba toda la información que encontraba sobre un tema y la aglomeraba cronológica o temáticamente, sin seguir una metodología clara o criterios de selección. Todo cabía en sus escritos, por lo que, en general, producía mamotretos de cientos de páginas. Algo que hay que reconocer de sus tesis de licenciatura y maestría es que las redactó cuando el silencio sobre esos temas y la falta de fuente eran apabullantes. Alberto fue un pionero indiscutible.

La apertura del tema de la guerra sucia a comienzos del sexenio de Fox y la creación de la Fiscalía Especial (FEMOSPP) colocaron a Alberto en una posición privilegiada de acceso a la información. La primera encargada del área de investigación histórica de la FEMOSPP, Angeles Magdaleno, renunció en 2004 por diferencias personales con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto. Ese mismo año, yo decliné elaborar un informe histórico sobre la guerra sucia que el fiscal me pidió, el cual sería en su visión un "libro blanco" sobre el periodo. El fiscal entonces convocó al abogado José Sotelo Marbán para integrar un equipo de investigadores para elaborar dicho informe. Alberto quedó a cargo de una parte de la redacción. Lo que el fiscal no anticipó es que el equipo, que adolecía de expertos en el tema (aunque contaba con varios exmilitantes y activistas que habían vivido aquella época), produciría un informe totalmente favorable a los guerrilleros y a las víctimas del terror estatal. El informe tenía graves problemas de forma y fondo, pero era el primer documento que nombraba a miles de víctimas e incorporaba los archivos policiacos para exhibir el entramado de la contrainsurgencia.

En ese entonces yo coadyuvaba con el ministerio público como colaboradora de familiares de desaparecidos de las FLN. De vez en cuando pasaba a la oficina de Alberto y él me mostraba documentos que habían encontrado y los comentábamos. Alberto no iba personalmente al AGN a buscar los materiales, había un equipo de recopiladores encargados de esa labor. Alberto concentraba todos los materiales después de que éstos habían sido escaneados.

Alberto había repartido con algunos jóvenes investigadores sus escritos y su base de datos sobre los desaparecidos, la cual era la más amplia que existía en aquél entonces. Yo leía todo lo que nos pasaba y, en el proceso, encontré muchísimos errores. Alberto no era cuidadoso en el manejo de los datos; tenía, por ejemplo, la mala costumbre de asumir parentescos y lugares de origen de personas que tenían apellidos homónimos y se equivocaba mucho con las fechas. Le hice notar estos problemas de falta de precisión e información inventada y esto le generó un enorme recelo y resentimiento contra mi persona. Era como si en lugar de reconocer la vastedad de su erudición lo cuestionara por errores que él consideraba nimios. Sin embargo, para mí no eran nimiedades. En esos años yo buscaba a los desaparecidos con auténtico frenesí y necesitaba que cada dato estuviera escrupulosamente verificado.

En febrero de 2006, alguien del equipo de investigación histórica de la FEMOSPP filtró un borrador del informe final al National Security Archive. En cuanto me enteré, intenté leer el documento de corrido. Fiel al estilo de Alberto, se trataba de un mamotreto de aproximadamente ochocientas páginas distribuidas en una decena de capítulos, con serios problemas teórico-metodológicos, una aglutinación bastante caótica de información y decenas de errores en datos y fechas. El documento distaba mucho de ser un informe breve que cualquier ciudadano pudiera leer para enterarse de los crímenes de Estado durante la guerra sucia. El nivel tan especializado de información interpelaba a los expertos o interesados en el tema pero, al mismo tiempo, el caos hacía la lectura insufrible. Quizá por ello nadie defendió a los investigadores que hicieron el informe de la terrible embestida de la PGR, la cual los corrió y se negó a pagarles sus salarios. Incluso, Sotelo Marbán fue inhabilitado del servicio público por diez años, en venganza por haber tomado el lado de las víctimas y no el de las instituciones. El informe final que le fue entregado a Carrillo Prieto nunca fue asumido oficialmente. En su lugar, Carrillo o su jefe, el general Rafael Macedo de la Concha (quien fuera también parte de las redes contrainsurgentes de la guerra sucia) ordenaron que el informe fuera censurado, modificado y reducido a su mínima expresión. Este informe rasurado fue colocado brevemente en el sitio web de la PGR y no tuvo ninguna repercusión pública, pues nunca se presentó oficial ni extraoficialmente. Desde luego, el Estado tampoco pidió perdón a las vícitmas ni siguió ninguna de las recomendaciones del informe censurado.

La situación de la falta de pago fue terrible para Alberto, quien nunca gozó de una buena situación económica y tenía muchos problemas de salud, al parecer derivados de su juventud en la clandestinidad. En otro sentido, Alberto salió de la FEMOSPP con las manos llenas, llevándose en formato digital todos los documentos que su equipo había obtenido del AGN. Una vez, en una reunión, Alberto me presumió que tenían 200 fichas signaléticas de los desaparecidos, las cuales tenían las fotos y huellas de los detenidos, presuntamente tomadas en Circular de Morelia #8 (la sede de la DFS) o en el Campo Militar No. 1. Le pedí que compartiera las fichas conmigo, pero nunca accedió a hacerlo.  Para mi enorme sorpresa, tampoco las compartió con la Comisión de la Verdad de Guerrero. Nunca supe qué pasó con esas fichas de las que Alberto y sus allegados tanto se jactaban de haber conseguido. Son un material fundamental para escribir la historia de los desaparecidos.

En 2006, tras el cierre de la FEMOSPP, Alberto y otros exguerrilleros y académicos intentamos impulsar el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales "Rubén Jaramillo Ménez." A pesar de que la mayoría de los integrantes no reconocíamos a Jaramillo como precursor de las guerrillas socialistas, Alberto impuso su criterio personal en la elección del nombre, ya que él había escrito extensivamente sobre el líder morelense. En ese espacio empezaron a aflorar las diferencias clásicas en torno a los dirigentes y los ejecutantes. Alberto asumía un liderazgo nato que no todos estábamos dispuestos a reconocerle. En mi caso, yo respetaba su antigüedad y sus contribuciones, pero no perdía ocasión para manifestar mis dudas sobre la solidez de su trabajo. Y es que, a partir de que Alberto tuvo acceso a los archivos de la DFS, dejó de investigar para dedicarse a transcribir los reportes policiacos y convertirlos en libros. Así, comenzó a escribir decenas de esbozos biográficos y artículos y a sacar un libro tras otro. Casi no hacía entrevistas ni consultaba otras fuentes, al final se convirtió en un mero reproductor de las versiones de los agentes de la DFS, a las que aderezaba con un lenguaje de izquierda, a favor de los guerrilleros y las víctimas. Claramente, se trataba de una combinación frankinsteniana insostenible.

No es que Alberto no hubiera tenido acceso a una gran diversidad de fuentes. Él es uno de los pocos investigadores que entrevistó a exagentes de la Brigada Blanca y a policías que participaron en la contrainsurgencia. Nos contaba, por ejemplo, de las reuniones secretas que hacían los exmiembros de la Brigada Blanca, en la que circulaban el alcohol y la cocaína al por mayor (todo esto mucho antes de que ellos mismos se vanagloriaran de sus encuentros vía Facebook). Alberto también refirió que un conocido suyo estuvo en las guardias presidenciales de López Portillo y fue testigo del gusto del presidente por ambos insumos. "Cuando se caía de borracho, se la curaba con cocaína," comentaba con un gran desprecio hacia estos personajes envilecidos. Entonces, se preguntará el lector, qué impedía a Alberto usar toda clase de fuentes en sus escritos? Creo que su falta de familiaridad con la metodología del historiador lo hacía pensar, positivistamente, que la verdad estaba contenida en los documentos de la DFS y que ninguna otra fuente era tan valiosa como esa. 

El Centro de los Movimientos Sociales no funcionó por varias razones. Alberto comenzó una especie de microlinchamiento contra mi persona y yo me salí de la asociación; después supe que todos terminaron peleados entre sí. Para mí, fue curioso descubrir que mientras Alberto se había negado a proporcionarme materiales y contactos que hubieran sido cruciales para mi investigación, a estudiantes que identificaba como discípulos incondicionales les compartía esas fuentes. Aunque no todas, pues siempre guardaba un as bajo la manga para sentirse imprescindible.

Alberto mantuvo los mismos criterios personalistas y patrimonialistas cuando estuvo al frente del equipo de la Comisión de la Verdad de Guerrero, lo cual lo distanció de muchos investigadores que colaboraron en ese proyecto. Alberto quería llegar a conocer la verdad sobre la guerra sucia, pero sobre todo, quería ser reconocido como una especie de dueño del tema, por haberlo vivido y por haber conocido a algunos de los protagonistas del periodo. Ese mismo reconocimiento que él esperaba obtener, se lo negaba a otros investigadores. No es pues de extrañar que no haya ninguna celebración de su obra y legado.

En mi opinión, pese a sus errores o problemas de personalidad (de los cuales ninguno de nosotros se libra), nadie le puede quitar a Alberto su lugar como uno de los pioneros en el estudio de la guerra sucia. Gracias a él supimos cosas sobre la vida interna de varias organizaciones que, de otro modo, hubieran quedado ocultas para siempre. La parte menos encomiable de su trabajo son sus libros basados en los reportes de la DFS, pero no hay que olvidar que eso no fue lo único que escribió. Sus primeras obras son muy valiosas porque rompieron el silencio y demostraron que era posible escribir sobre el tema con base en entrevistas, hemerografía y los documentos de las organizaciones armadas que habían logrado sobrevivir escondidos o pasados de mano en mano. 

No dejo de pensar qué habría pasado si Alberto hubiera antepuesto la necesidad de encontrar a los desaparecidos a su patrimonialismo sobre el tema. De no ser por su carácter divisivo, quizá hubiéramos podido conformar un auténtico equipo de trabajo que hubiera llegado mucho más lejos de lo que cualquiera de los especialistas ha llegado en lo individual. Quizá hubiéramos podido oponernos con fuerza a la estrategia de Rosario Ibarra de rechazar y sabotear la búsqueda forense y hubiéramos podido encontrar los restos de algunos desaparecidos. Ya sé que "el hubiera" no tiene ningún sentido, pero no puedo sino lamentar que las cosas se hayan dado así y que aún a la fecha haya quienes desde actitudes patriomonialistas y protagónicas, reproducen los mismos vicios de Alberto y, por ende, sus mismos fracasos. Este post es mi respuesta a la pregunta de por qué en México no hemos encontrado a los desaparecidos. Que se hable no sólo de la ignominia del Estado sino también de quienes se erigieron como dueños del tema y sabotearon esfuerzos ajenos por encontrarlos.

Lamenté mucho no haber podido reconciliarme nunca con Alberto, pues me hubiera gustado decirle que, aunque no me gustaba su obra, siempre reconocí su condición de pionero y le agradecía todas las conversaciones que tuvimos sobre las organizaciones armadas, los guerrilleros, los desaparecidos, el Comité Eureka, la Brigada Blanca y demás. Nunca olvidaré todo lo que aprendí de él. Descanse en paz.


jueves, 30 de junio de 2022

Por qué el ejército se resiste a juzgar a los militares que perpetraron atrocidades durante la guerra sucia?


Desde que empezó a hablarse de la necesidad de ajustar cuentas con el pasado de autoritarismo y represión de la era priísta, tras la alternancia partidista del 2000, las fuerzas armadas han sido el sector más reacio a colaborar con tales esfuerzos. Su única contribución fue la entrega de una mínima parte de su archivo al AGN, la cual por sí misma hubiera bastado para llamar a declarar a un sinnúmero de militares retirados o en activo. Sin embargo, nada de eso ha pasado. Se sabe que al crearse la fiscalía especial para la guerra sucia (FEMOSPP), el recién fallecido Secretario de la Defensa Nacional de Vicente Fox, Gral. Clemente Vega, junto con el titular de la PGR, Gral. Rafael Macedo de la Concha, presionaron a Fox para sabotear los trabajos de la fiscalía, entre otras cosas, negándole el acceso a información confidencial. Cabe recordar que Macedo fue el primer militar al frente de la PGR desde 1917. No llegó ahí por capricho de Fox, sino como recordatorio del poder de las fuerzas armadas.

Los militares no tienen nada que ganar con la revelación de la verdad. En cambio, su identidad y trayectoria quedarían fuertemente cuestionadas si reconocieran todo lo que han hecho, pues quienes cometieron las peores atrocidades no fueron el cabo Chuchito o el soldado Juanito, sino el alto mando que ordenó llevar a cabo tácticas de tierra arrasada y todo género de masacres y desapariciones masivas de personas. El mismo alto mando que, a la par que exterminaba a la izquierda revolucionaria, se involucraba en el lucrativo negocio del narcotráfico, aprovechando su intervención en las campañas antinarcóticos.

Algunos de los militares más venerados por la SEDENA, quienes a lo largo de su vida fueron ampliamente condecorados, se retiraron con honores y son hasta ahora considerados modelos a seguir para las nuevas generaciones, también fueron algunos de los peores carniceros. Tal es el caso de la alta oficialía del Batallón de Fusileros Paracaidistas, una de las unidades especializadas en contrainsurgencia, la cual fue una de las encargadas del proceso de eliminación de los desaparecidos del régimen. 

Entre los oficiales del BFP que en el sexenio de López Portillo presuntamente tuvieron la encomienda de ejecutar a mansalva a los presos clandestinos -guerrilleros, narcotraficantes, campesinos invasores de tierras y civiles inocentes-, destacan los nombres de José Hernández Toledo, Edmar Euroza Delgado, Rubén Darío Sumuano Durán y Delfino Mario Palmerín Cordero. Este último fue el Subsecretario de la Defensa durante el gobierno de Fox. Ninguno de ellos fue llevado jamás ante un tribunal. De ellos, siguen vivos Euroza, Sumuano y Palmerín.

Sin defensa legal y desprovistas de todo derecho, las víctimas eran trasladadas de la prisión clandestina del Campo Militar No. 1 a las bases militares de San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca (Campo Militar No. 37-C) o San Juan Teotihuacán (Campo Militar No. 37-A, muy cercano a la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía), ambas en el Estado de México. Ahí eran llevadas a campos de tiro donde se les disparaba con armas de grueso calibre hasta quedar completamente destrozadas e irreconocibles. Sus restos tal vez fueron  enterrados o incinerados en algún crematorio del Campo Militar No. 37. Todo esto se supo por el testimonio del desertor Zacarías Osorio Cruz en su juicio de asilo en Canadá en 1988 (este se puede consultar en el libro Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México).

El alto mando actual no hará nada contra sus oficiales retirados. Su poder ilimitado, sin contrapesos, se finca en una larga historia de servicio incondicional al presidente en turno, impunidad absoluta, memoricidio y la promoción de un relato heroico y ficticio donde las fuerzas armadas son los buenos de la película, los salvadores de la patria.

He llegado a la conclusión de que no habrá justicia para las víctimas de la guerra sucia, por lo que se hace menester denunciar por nombre y apellido a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, escracharlos como se dice en buen argentino. Que la memoria que prevalezca no sea la del exterminador sino la de la víctima que sufrió la destrucción de su terruño, la detención ilegal, la prisión clandestina, la tortura ilimitada y una forma de ejecución-desaparición que uno no le desearía siquiera a un animal infeccioso. No lo digo metafóricamente. El ejército dio un trato menos barbárico al ganado sacrificado durante la fiebre aftosa de 1952.


General de División Delfino Mario Palmerín Cordero.

Foto tomada de la Revista Armas, la cual señala que Palmerín: "fue de los primeros militares mexicanos en adquirir la Green Beret o Boina Verde en Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde además fue instructor de Español en la Academia Militar de West Point, entre muchos logros más. Pero dos de los cargos que más le llenan de orgullo y satisfacción al General Palmerín Cordero son los de Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, donde hizo verdaderas aportaciones que hasta el día de hoy siguen vigentes en ese cuerpo especial. [...] Es el autor del Himno de los Paracidistas, el diseñador de su escudo, y quien gestionó el uso de la Boina Roja que se utiliza hasta hoy."





domingo, 26 de junio de 2022

La teoría de los dos demonios, los límites del liberalismo y la transición sin transición

El pasado 22 de junio del 2022 ocurrió un hecho inédito en la historia reciente de México: la administración de Andrés Manuel López Obrador convocó a familiares de víctimas de la llamada guerra sucia y a familiares de los militares caídos en esos años a atender el acto de apertura de la colaboración entre la Comisión para la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990 y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo primero que cabe observar es que, lo que debió ser un acto de desagravio, perdón y demostración de voluntad política para ajustar cuentas con el pasado, se convirtió exactamente en lo contrario. La equiparación entre los familiares de las víctimas con los familiares de los soldados caídos “en el cumplimiento de su deber” en la jerga militar, dio la sensación de ser una trampa perversa en la que cayeron los colectivos de familiares de víctimas que le dieron su voto de confianza al gobierno de la 4T y su comisión de la verdad. Viene al caso recordar que no se trata de una comisión independiente, sino de una comisión presidencial que, como lo he explicado con anterioridad, está conformada por gente afín a la actual administración, algunos de cuyos integrantes incluso colaboraban previamente con la SEGOB en el diseño de la política de la memoria sobre el periodo.

         Por mi relación con algunos de los colectivos de víctimas que participaron en el evento, se que la mayoría, si no es que todos, ignoraban que los familiares de los soldados caídos habían sido convocados. Es muy probable que, si se les hubiera dicho esto con antelación, se hubieran rehusado a asistir. Los colectivos están muy divididos entre sí, pero coinciden en rechazar una amnistía para los militares, incluso si ello entrañara la revelación del paradero de los desaparecidos. La demanda unificadora es clara, no hay verdad sin justicia. El presidente López Obrador desde campaña manejó el discurso del perdón y la reconciliación y en los eventos públicos relacionados con la guerra sucia ha promovido el sentar a las víctimas junto a los victimarios. En sus discursos se erige como un juez que da la razón a ambas partes, ignorando los principios más básicos de los derechos humanos.

 

La memoria oficial liberalizante

         El primer orador del evento en Campo Militar No. 1 fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Su discurso estuvo a tono con las demandas de memoria, verdad y justicia, sin embargo, llama la atención el manejo despolitizado que hace de los guerrilleros socialistas, al referirse a ellos meramente como disidentes políticos y al subsumir sus luchas con la de los movimientos sociales (campesinos, urbanos, estudiantiles, magisteriales, sindicales, etc.). En sus palabras se percibe miedo al lenguaje, reticencia a nombrar las cosas como fueron o una sutil negativa a reconocer a las organizaciones armadas clandestinas y sus metas explícitamente anticapitalistas y socialistas. La memoria oficial que la 4T quiere imponer sobre estas luchas en su conjunto parte de una visión teleológica según la cual todos los opositores de la era priísta lucharon por la democracia y el triunfo de AMLO fue la culminación de décadas de movilización social. Esto se advierte claramente en estas líneas del discurso de Encinas:

Esta transformación [la 4T] se reconoce en las luchas políticas y sociales que recorrieron ciudades y comunidades en todo el territorio nacional, en la sierra guerrerense, en las luchas por la tierra, la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, en los movimientos urbanos del magisterio, de los estudiantes universitarios y normalistas, la lucha por la libertad de prensa y la lucha de los disidentes políticos quienes lucharon por la democracia electoral que, ante la cerrazón de un régimen autoritario, empuñaron el idealismo de construir un mejor país. En esas luchas nos reconocemos millones de mexicanas y mexicanos que han sostenido sobre sus hombros la esperanza en la transformación de México.

         No es motivo de sorpresa que el grupo en el poder utilice la historia para apuntalar sus fines políticos, esa ha sido la dinámica que ha atravesado la historia mexicana. Lo sorprendente es lo burdo de la tergiversación histórica. Las organizaciones armadas clandestinas de los 1960 y 1970 eran diametralmente opuestas a las organizaciones donde militaban personajes como AMLO y Encinas (el PRI y el Partido Comunista Mexicano, respectivamente). No luchaban por la democracia sino por un cambio radical del sistema socioeconómico, que entrañaría la instauración de un régimen político basado en la dictadura del proletariado. No eran demócratas, pues pensaban que el mundo sólo podía cambiarse a balazos. La manera en la que la 4T busca hacer asimilables a los guerrilleros al ponerles un barniz de liberalismo demócrata es inaceptable. Las opiniones están divididas respecto a si la 4T es la heredera legítima de los movimientos sociales pacíficos, como insinúan AMLO y Encinas, pero este es un tema sobre el que regresaré en otra ocasión.

En su discurso, Encinas también delineó el plan de trabajo entre la comisión de la verdad y la SEDENA, un plan con el que no podría estar más de acuerdo, pues incluye la inspección ocular de las instalaciones donde se llevaron a cabo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el acceso a los archivos de la SEDENA y las entrevistas a militares retirados o en activo que hayan sido testigos o partícipes de esos hechos. En lo que no coincido es en que se maneje este plan de trabajo como si fuese algo sin precedente. Tanto la SEGOB como la comisión de la verdad parecen ignorar que tanto la CNDH en el sexenio de Zedillo como la FEMOSPP en el sexenio de Fox llevaron a cabo un trabajo semejante. Tanto a visitadores de la CNDH como agentes del Ministerio Público, al parecer acompañados de algunos civiles, se les dio acceso a las instalaciones del Campo Militar No. 1 y unos y otros dijeron no haber encontrado indicios de la prisión clandestina. En el sexenio de Fox se podían consultar las fotografías de esa inspección en la página de la CNDH; a través de ellas se puede advertir que el acceso a las instalaciones fue muy limitado y controlado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué garantías existen de que el ejército no hará lo mismo esta vez? ¿Qué organismos nacionales o internacionales se erigirán como árbitros para garantizar que el ejército no obstruya el acceso a la verdad?

En su discurso, el general Luis Crescencio Sandoval recordó que la SEDENA ya había transferido su archivo sobre aquellas décadas al AGN. Sus palabras textuales fueron: “esta institución ha entregado con anterioridad al Archivo General de la Nación mil 653 legajos relacionados con los movimientos sociales y políticos del pasado.” Desde 2002 en adelante, ante cualquier solicitud de información o transparencia, el ejército ha repetido el mismo guión: los archivos ya fueron entregados. Quienes hemos trabajado con el fondo documental de la SEDENA en el AGN sabemos que la información que se entregó fue parcial y rasurada, como si se hubieran elegido los documentos menos incriminadores para el instituto armado. Si resultara cierto que el ejército dará acceso a los archivos de sus diferentes unidades involucradas en la contrainsurgencia, se necesitarán varias docenas de investigadores para procesar esas cantidades ingentes de información.

Por otra parte un programa de entrevistas con represores y testigos, retirados o en activo, sólo puede ser viable si hay una presión legal de por medio o la promesa de una amnistía. En este escenario, ninguno de los dos casos es viable. La Fiscalía General de la República está presidida por uno de esos viejos represores de los setenta, Alejandro Gertz Manero que en sus funciones en la PGR lo mismo mandaba a torturar a coleccionistas de piezas prehispánicas que a presuntos campesinos marihuaneros y amapoleros. Gertz representa un obstáculo aún mayor que el del ejército, pues su carrera depende de resguardar el pacto de impunidad y silencio. Su presencia en la FGR es garantía de que nadie será juzgado por las atrocidades del pasado. Respecto a la posibilidad de ofrecer una amnistía, lo que se ha configurado a lo largo de este sexenio es una amnistía de facto. Ni uno solo de los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos de los sesenta a la fecha ha sido indiciado. No se avizora ninguna posibilidad de juicios a represores en el horizonte próximo. Los órganos encargados del tema le siguen dando largas a las víctimas, como si estas no llevaran 40 o 50 años de espera.

 

La instauración de la teoría de los dos demonios

En el estrado del evento en Campo Militar No. 1 había tres víctimas de la guerra sucia. Una de ellas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, hermana del guerrillero desaparecido Jesús Piedra Ibarra. Contrariamente a lo que cabía esperar, no hizo ningún pronunciamiento. La primera oradora fue Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y quien cuenta con más de 120 familiares asesinados y desaparecidos, incluida su madre. Ella describió los horrores que su familia extensa vivió cuando estuvieron detenidos-desaparecidos por dos años en la prisión clandestina del Campo Militar No. 1, lugar al que ella arribó siendo una bebé de dos meses. La segunda oradora fue Alicia de los Ríos, hija de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre (el padre murió en combate y la madre está desaparecida), quien fuera asesora de la SEGOB en la política de la memoria y quien eligió, junto con Encinas, a los integrantes de la comisión de la verdad. Por un mínimo acto de transparencia, debió esclarecerse que Micaela es delegada de la CNDH en Guerrero y que Alicia es asesora de la comisión. La cercanía de estas víctimas con la 4T dio la impresión de tratarse de un evento controlado, donde se esperaba que no habría grandes sobresaltos, a pesar de que se nombraron algunas de las prácticas más infames de las fuerzas armadas, como la tortura sistemática, la desaparición forzada en prisiones militares clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales, los vuelos de la muerte y la formación de grupos paramilitares como la Brigada Blanca.

         El tono mesurado pero firme de los discursos de Encinas, Micaela y Alicia fue dramáticamente aplastado por la participación insensible y revictimizante del secretario de la defensa nacional, gral. Luis Crescencio Sandoval González. Haciendo eco del que ha sido el discurso histórico del ejército, el general delegó la responsabilidad central de los hechos en la autoridad civil y entró de lleno en la legitimación y glorificación de las fuerzas armadas. En su discurso no había ningún indicio de entendimiento de la gravedad de los hechos que se le imputan a su institución. No había ningún asomo de arrepentimiento o deseo de pedir perdón, como tampoco el más mínimo trazo de comprensión de lo que entrañan los derechos humanos. Por ejemplo, la desaparición forzada es un delito que se comete todo el tiempo que la persona está desaparecida; aún si hay un recambio de autoridades, este no anula la responsabilidad de la institución perpetradora. El gral. Sandoval es tan responsable como lo fuera el gral. Hermenegildo Cuenca por no revelar el paradero de los desaparecidos. El gral. Sandoval habló de su institución como si hubiera habido un “borrón y cuenta nueva” y como si el ejército actual no tuviera nada que ver con el que cometió toda clase de abusos y atrocidades a lo largo del siglo XX.

         El gral. Sandoval dijo textualmente que: “Los derechos a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos son derechos que como parte de las instituciones del Estado mexicano debemos hacer valer en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, no hizo sino lavarle la cara al ejército, apelando a su carácter popular y de defensa de las poblaciones más vulnerables. El general evocó varios artículos constitucionales relativos a la misión del ejército de salvaguardar la seguridad interior y defender al país ante amenazas externas. Entre líneas, era claro que justificaba la actuación de los militares en el pasado, pues en la visión castrense estos no hicieron sino proteger a la nación del enemigo interno, que era la subversión comunista, instigada por agentes internacionales. Evidentemente, el ejército mexicano no ha atravesado por ningún cambio ideológico-cultural y sigue apelando a la doctrina de seguridad nacional en la que se basaron todas las guerras sucias del continente. Con ello se contraviene el principio fundamental de las garantías de no repetición de esos crímenes.

Lo más cercano que estuvo el general de reconocer los abusos del pasado fue cuando señaló: “Para atender las diversas situaciones que se generaron con estos movimientos sociales, el Estado mexicano en su momento adoptó políticas y medidas en algunas regiones del país que buscaron garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país.” Esto sin mencionar quién suspendió el Estado de derecho y cuál fue el sujeto que afectó a ese sector de la sociedad.

Otro dato preocupante del discurso del gral. Sandoval es que aludió únicamente a tres episodios de la guerra sucia: el asalto al cuartel general de Ciudad Madera, Chihuahua en 1965, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y los movimientos sociales (sic) del estado de Guerrero. ¿Significa esto que el ejército no reconoce los saldos del resto de sus acciones contrainsurgentes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México y el Distrito Federal?

         La cereza del pastel de este discurso plagado de contradicciones fue el establecimiento oficial de la versión mexicana de la "teoría de los dos demonios," que implica una especie de toma y daca: el ejército está dispuesto a reconocer a las víctimas del bando enemigo a cambio de que se le permita memorializar a sus propios caídos. No se dice explícitamente que los dos bandos hayan sido malos, sino que en ambos hubo bajas qué lamentar. El gral. Sandoval expresó sin escrúpulos:

Con esta misma convicción me dirijo a todas y a todos los que portan el uniforme de la patria, para manifestarles que en este significativo evento también se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes, por instrucciones del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se analizará su inclusión en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida.

Ninguna administración previa memorializó a los militares caídos durante la guerra sucia, ni siquiera los presidentes que derramaron más sangre, como Echeverría y López Portillo. Sólo Díaz Ordaz autorizó que se memorializara a los militares caídos en el asalto al cuartel Madera en 1965 y en la masacre de Tlatelolco en 1968. La razón principal por la que los gobiernos del PRI nunca celebraron con bombo y platillo la derrota de lo que denominaban como “movimiento subversivo” fue porque eran conscientes de que se habían extralimitado jurídicamente y porque la contrainsurgencia generó un movimiento de derechos humanos en torno a la presentación de los desaparecidos, el cual se erigió como una corriente de cuestionamiento moral tanto de los gobiernos responsables de las atrocidades como de sus sucesores. La cabeza más visible de ese movimiento, Rosario Ibarra de Piedra, contendió dos veces por la presidencia con la exigencia de la presentación con vida de su hijo y de todos los desaparecidos. Para el PRI no había forma de negar los hechos, a pesar de su negativa sistemática a revelar el paradero de los desaparecidos.

La pretensión de memorializar a los soldados caídos, décadas después, es anacrónica, contraria a los derechos humanos y, sobre todo, revictimizante. Los familiares reunidos en el Campo Militar No. 1 tuvieron que escuchar al gral. Sandoval jactándose por el tributo y sentido homenaje a los militares que perpertaron la guerra sucia y cayeron “en el cumplimiento de su deber.” Faltó quien le preguntara: ¿era su deber torturar bebés en frente de sus padres? ¿Era su deber desaparecer y tirar al mar a opositores y civiles desprovistos de toda defensa legal? ¿Era su deber arrasar pueblos enteros, indígenas o campesinos, como lo hicieron múltiples veces en Guerrero y en lugares como Golonchán, Chiapas en 1980?

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de los hechos se debe oponer rotundamente a la glorificación de los militares caídos durante la guerra sucia, pues durante esos años las fuerzas armadas en su conjunto violaron los derechos humanos de forma sistemática, ya fuese por acción, aquiescencia u omisión. Los militares están entrenados para pelear y, de ser el caso, morir en combate, ese es su trabajo, no hay nada extraordinario en ello. Lo lamento por las familias de los militares caídos, pero al menos ellas gozaron de una explicación oficial y de una pensión, a diferencia de las víctimas de la guerra sucia. Se dirá que los guerrilleros, al declararle la guerra al Estado, también estaban dispuestos a asumir las consecuencias, lo cual es cierto. Lo que no es aceptable, jurídica y moralmente, es la manera en que las fuerzas armadas gestionaron la contrainsurgencia, bajo una lógica de exterminio y de causar el máximo sufrimiento al enemigo, a sus familias y a sus comunidades. Estamos hablando del genocidio y la sevicia como políticas de Estado. Por ello, de ningún modo se puede equiparar a los militares muertos en combate con los guerrilleros asesinados, torturados y desaparecidos. No sólo hay un abismo ideológico entre ellos, también una patente asimetría de fuerzas, recursos y legitimación política y moral. Es menester recordar que hubo guerrilleros que cometieron excesos, pero fueron minoría, a diferencia de las fuerzas armadas. Además, a los guerrilleros no se les juzgó conforme a derecho sino a partir de la lógica de la venganza y de dejarles caer todo el peso del Estado, violentando con ello el marco legal vigente y los tratados en derecho internacional suscritos por México en aquellos años.

Los militares que deben ser rescatados del olvido son aquellos que manifestaron su desacuerdo con los métodos contrainsurgentes y los abusos a la población civil y, en consecuencia, fueron asesinados y desaparecidos por órdenes de sus propios superiores. Este sistema interno de limpieza ideológica, descrito por algunos desertores del ejército, era un método de terror para garantizar la complicidad y el silencio de todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas. A las familias de los soldados objetores de conciencia se les dijo que sus deudos habían perecido en una misión en la que no era posible rescatar el cuerpo por las condiciones del lugar. La realidad es que estos militares disidentes también fueron víctimas de desaparición forzada y no conocemos sus historias ni sus nombres por el férreo pacto de silencio del ejército. Que el ejército actual, en lugar de reivindicar la obediencia debida, tome el ejemplo de estos objetores de conciencia, porque nada obliga a los militares a obedecer órdenes que entrañen violaciones a los derechos humanos.

Mientras el gral. Sandoval proclamaba orgulloso la igualación de todos los caídos en el conflicto, los familiares de las víctimas, perplejos, gritaban: “vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Hasta donde se, ninguna multitud le había gritado en la cara a un Secretario de la Defensa mientras éste pronunciaba un discurso, haciéndolo inaudible. Fue un momento muy ríspido que dejó una sensación de puñalada trapera al voto de confianza que los colectivos de víctimas depositaron en la 4T. Aquí no hay confusión ni engaño, el gral. Sandoval dijo explícitamente que AMLO autorizó la memorialización de los soldados caídos y el presidente lo ratificó con su silencio. Pudo haber rechazado esta propuesta, pero no lo hizo. Con ello, le dio un balazo a su pretensión de pasar a la historia como el presidente que resolvió los problemas legados por la guerra sucia y, de paso, asfixió a su propia comisión presidencial de la verdad. Nada ni nadie impedirá que la SEDENA memorialice a sus caídos. Esto significa que las fuerzas armadas no entendieron nada y aspiran a una reconciliación superficial, fincada en la teoría de los dos demonios. Esta es una mala señal para un clima de respeto a la democracia, la paz y los derechos humanos al que millones de mexicanos aspiramos. El ejército conserva una mentalidad contrainsurgente y persiste en la doctrina de seguridad nacional, sólo está dispuesto a hacer algunos cambios cosméticos a condición de una extensión sin precedente de sus prerrogativas. No entraré a discutir aquí por qué AMLO ha llevado tan lejos su alianza con el instituto armado. Lo que me parece claro es que tuvo la oportunidad de ser el presidente que le hizo justicia a las víctimas de la guerra sucia y, en cambio, se aferró a una visión religiosa y ajena a derecho sobre el perdón y la reconciliación. Nunca entendió que ante los crímenes de lesa humanidad no hay perdón ni reconciliación posibles, borrón y cuenta nueva o cierre definitivo. Aún si el Estado mexicano implementara las políticas más avanzadas en materia de memoria, verdad, justicia y reparación del daño, esto no sería sino un remedio paliativo ante el daño que se le causó a cientos de miles de mexicanos. Sin embargo, ni siquiera estamos ahí. Todo apunta a que la 4T no va a poder resolver el entuerto que ha creado entre darle parte de razón a las víctimas y otra parte a los victimarios.

El discurso final de AMLO justifica el pesimismo. Si bien reconoció el derecho de los pueblos a tomar las armas contra los gobiernos injustos y condenó la respuesta exterminadora del Estado ante los insurgentes, empleó la ocasión para reivindicar su vía, la vía de la lucha electoral pacífica para llevar a cabo las grandes transformaciones nacionales que el país necesita. Su tono de autopromoción mostró poca empatía con las víctimas recién agraviadas por el discurso del gral. Sandoval, a quien felicitó ampliamente. Discursivamente, AMLO sostiene que la verdad y la justicia son la antesala de la reconciliación nacional. En los hechos, mantiene su alianza con personajes de ese pasado oscuro, como Gertz Manero, Manuel Barlett y otros menos conocidos. Las palabras finales de AMLO no dejan lugar a dudas de que ha abrazado la "teoría de los dos demonios" (¿o deberíamos llamarla "de los dos ángeles"?) como política de la memoria (cursivas mías):

Entonces, le agradezco al general secretario y a los oficiales del Ejército su lealtad, su verdadera lealtad, su auténtica lealtad. Porque esa es la instrucción: el que no ocultemos nada, absolutamente, cero impunidad. Y que podamos entre todos aclarar esta situación y que podamos, yo espero que no en mucho tiempo, tener ya un relato completo con recomendaciones con acciones que se deban de tomar para que de esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida, de los que se nos adelantaron y que lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber.

Reflexiones finales sobre la “teoría de los dos demonios”

         En diversas partes de América Latina y, de forma señera, en Argentina, surgió la llamada “teoría de los dos demonios” para explicar la dinámica de violencia insurgente y contrainsurgente. Esta visión propone que eran tan malos el pinto como el colorado y que las víctimas legítimas fueron las que, sin haber tomado partido por ningún bando, quedaron en medio del conflicto, lo que en la jerga militar se conoce como “daños colaterales.” Este discurso permeó el informe ¡Nunca más! de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, dado a conocer en 1984 y a la sociedad civil argentina le tomó décadas combatirlo. Al menos, en la actualidad, esa ya no es la visión oficial que priva en Argentina, pues se estableció el marco de memoria del terrorismo de Estado.

En México la “teoría de los dos demonios” nunca se institucionalizó, a pesar de ser la interpretación que enarbolaron muchos escritores liberales o de izquierda sobre la guerra sucia, como Carlos Monsiváis, Julio Scherer, José Woldenberg y, de forma notable, Héctor Aguilar Camín. Por otra parte, México llega con mucho atraso a las políticas de justicia transicional que caracterizaron a la mayoría de los países donde hubo conflictos armados internos de los sesenta a los noventa. Pese a que, desde el sexenio de Carlos Salinas hasta la actualidad hubo administraciones que se comprometieron a resolver el tema de la guerra sucia, los únicos resultados concretos fueron el informe de la CNDH sobre los desaparecidos del 2001; el informe ¡Qué no vuelva a suceder! del equipo de investigación histórica de la FEMOSPP del 2006, cuya versión original fue rechazada y censurada por la misma PGR; el informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero de 2014 y el informe Verdad y justicia para más de 43 de la Dirección General de Vinculación y Reparaciones Colectivas, sobre las causas históricas de la victimización en el estado de Guerrero (2020). El informe de la CNDH es el que más desentona en ese conjunto, pues presenta las violaciones graves a los derechos humanos como casos aislados de los que se debe responsabilizar exclusivamente a funcionarios públicos que faltaron a su deber. Esa fue la visión que adoptó la administración de Fox, incluyendo el área jurídica de la FEMOSPP-PGR.

Los otros informes (incluyendo el no censurado de la FEMOSPP) reconocen que la represión y el terror fueron políticas de Estado y que, en mayor o menor medida, todas las instituciones de gobierno participaron en el conflicto, no sólo las encargadas de la seguridad nacional. La actual administración y su comisión de la verdad empezaron con el pie izquierdo su abordaje de la guerra sucia, pues debieron asumir oficialmente estos informes y sus recomendaciones y enfocarse en dos metas concretas, como lo hicieron las comisiones de otros países: por un lado, esclarecer cómo funcionaba el circuito desaparecedor y cuál fue el destino final de los desaparecidos; por el otro, establecer las cadenas de mando que iban del policía de a pie y el soldado raso al presidente de la república y aportar evidencia para llevar a juicio a los pocos represores que aún quedan vivos. En lugar de eso, por motivos propagandísticos y de legitimación, el discurso oficial adopta un tono fundacional, como si esta administración fuera la primera que le ha entrado seriamente al asunto y como si los archivos y las instalaciones militares se abrieran por primera vez en la historia mexicana. Quizá les convendría hacer a un lado el tono triunfalista para enfocarse en lo que las víctimas quieren saber, que no es otra cosa sino el paradero de los desaparecidos. Nada podrá borrar el agravio de la ceremonia del Campo Militar No. 1 y la adopción de la “teoría de los dos demonios,” pero que el sexenio terminase sin que los mexicanos sepamos la verdad sobre los desaparecidos de la guerra sucia sería una catástrofe para la memoria, el derecho a la verdad y los derechos humanos en general.

Se entiende que personajes como AMLO o Encinas no puedan ir más allá de sus límites ideológicos marcados por el liberalismo democrático. No se justifica, pero se comprende que usen la historia del tiempo presente para satisfacer su agenda política. Sin embargo, la institucionalización de la “teoría de los dos demonios” apunta posiblemente a un síntoma más grave: el de la transición sin transición. Los funcionarios de la actual administración se legitiman en su presunta labor transformadora, pero siguen sin entender que lo que México necesita es menos desarrollismo/megaproyectos y más derechos humanos. No podemos seguir siendo una sociedad que lamenta masacres, ejecuciones y desapariciones todos los días. Esta violencia extrema tiene sus orígenes en la guerra sucia. El legado de ese terrible conflicto no se resolverá con discursos promisorios, intentos parciales de esclarecimiento histórico, indemnizaciones deficientes y la persistencia de la impunidad. Se necesitan, entre otras cosas, una política genuina de desarrollo social de las comunidades agraviadas; un aparato de justicia completamente renovado y comprometido con llevar a juicio hasta al último criminal de Estado y la transparencia absoluta de las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional, además de su compromiso con el respecto irrestricto a los derechos humanos de la población. Recordemos, además, que no sólo se trata de restañar las heridas abiertas por la guerra sucia, sino también las que dejaron las guerras de baja intensidad de los 1990 y la narcoguerra infinita que inició en 2006. Las víctimas merecen justicia y México necesita paz. Lamentablemente, no hay ningún indicio de que la 4T esté a la altura de las circunstancias para darle a cada quien lo que le corresponde.

Ilustración de Rodolfo Fucile.

sábado, 8 de enero de 2022

Respuesta de la SEGOB a mi solicitud de información sobre los puntajes del proceso de selección de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico


Una actitud deleznale por parte de algunos de los involucrados en el diseño y conducción del proceso de selección de la recién inaugurada Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH) de la guerra sucia, ha sido señalar -sin pruebas- que yo no fui seleccionada para ser parte de los comisionados porque no hice un uso ético de la información confidencial en mis investigaciones sobre el periodo. También dicen en sus corrillos que mis críticas al desaseo del proceso obedence a un presunto resentimiento/ego herido ocasionado por mi exclusión. Curiosamente, sólo circulan sus calumnias ante los colectivos de víctimas de la guerra sucia y en otros espacios privados, pues como seres de las sombras que son, no pueden probar sus dichos con evidencia ni tampoco tienen la menor intención de posibilitarme el derecho de réplica públicamente. Sin embargo, cuando termine de salir a la luz toda la verdad, ellos quedarán en una postura muy comprometida, al haber convertido un proceso tan importante para la memoria histórica  y la lucha contra la impunidad en un club de afinidades políticas y personales. Tras dos meses de haber hablado con diferentes participantes de los colectivos de víctimas, quienes eligieron a los comisionados de la CoVEH en una instancia autodenominada "asamblea de colectivos," no deja de sorprenderme que el proceso haya sido conducido de una manera tan turbia y sin el menor asomo de responsabilidad por parte de la SEGOB. 

A los periodistas e investigadores del presente y a los historiadores del futuro, encargados de escrutinizar la historia y el funcionamiento de la comisión de la verdad, les propongo la siguiente hipótesis, para que la confirmen o refuten. La lógica con la que ha gobernado el partido MORENA en la presente administración, no parte de la negociación con actores plurales para resolver conflictos, como tampoco de la inclusión de personas apartidistas o de agrupaciones políticas distintas (de capacidad probada) en la administración pública. Por el contrario, MORENA busca que cada servidor público y cada actor de la sociedad civil con el que interactúen sea un simpatizante o aliado declarado del presidente. Los demás son considerados enemigos a los que se les debe combatir por diferentes medios, principalmente en la arena pública, en redes sociales y medios afines al gobierno, no importa si son de derecha o izquierda. La forma en la que se creó la comisión de la verdad fue un microcosmos de este accionar de la llamada cuarta transformación (4T).

Los funcionarios de la SEGOB buscaron garantizar que en la comisión estuviera sólo gente afín a la 4T, para lo cual se valieron de la complicidad de personajes que asumen una triple identidad como investigadores, asesores/funcionarios de Gobernación y víctimas. Pongo como ejemplo el caso -no único- de la señora Alicia de los Ríos, una de los dos miembros del comité de selección que elaboró los puntajes de los postulantes a la CoVEH (un tercer miembro, perteneciente a la ONU, estuvo en calidad de asesor técnico, pero no tomó parte en el proceso). Parte de la jugada de ajedrez consistió en transmitir en línea las entrevistas con los postulantes, para darle un cariz de legitimidad a algo que ya estaba pre-cocinado, aunque se necesita la evidencia para demostrarlo fehacientemente. Por ello, el 1o de noviembre solicité a la SEGOB que se hicieran públicos "los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada."

A pesar de que el proceso de selección duró solamente cinco días, la SEGOB tardó dieciocho días en procesar su respuesta. El documento responde tangencialmente algunas de mis preguntas, sólo incluye mi puntaje, a pesar de que es bastante claro que pedí el de todos, y evade el tema mayor, que es la existencia de la asamblea de colectivos. Espero que otros investigadores tengan más éxito para esclarecer qué colectivos la integraron, por qué a algunos abogados se les fue otorgado un voto individual cuando sólo las víctimas tenían ese derecho, quién resguarda las minutas y los videos de sus reuniones en Zoom y con qué criterios eligieron a los comisionados. Esta es la segunda parte de mi hipótesis. La señora De los Ríos, con el interés de colocar a sus candidatos personales a toda costa -dos asesoras de Gobernación amigas suyas, un asociado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro que lleva el caso de su madre ante instancias judiciales e internacionales y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- manipuló los puntajes para beneficiar a sus favoritos y perjudicar a quienes considera sus adversarios. Con estos puntajes, que posiblemente no reflejan más que su opinión personal y el interés del señor Encinas por tener una comisión controlada, la asamblea de colectivos tomó la decisión final. Sobre los detalles escabrosos que me han revelado quienes participaron en la votación no me compete ventilar nada, pues ellos han preferido guardar silencio por razones estratégicas y de seguridad personal. Lo único que puedo decir es que, si los investigadores logran que los videos de la votación salgan a la luz, a nadie le quedará duda que la asamblea de colectivos no se basó en criterios rigurosos. Por el contrario, votaron con base en vetos derivados de viejas rencillas personales, difamaciones, mentiras, y unos puntajes de dudosa integración. Además, de común acuerdo, excluyeron a todos los postulantes no radicados en México. Cabe señalar también que algunos de los colectivos ni siquiera sabían que las dos investigadoras que se encontraban en la lista de los puntajes más altos, Eugenia Allier y Aleida García, eran asesoras de Gobernación. Nunca habían oído hablar de ellas pero creyeron en los puntajes. La señora De los Ríos y sus cómplices engañaron a las propias víctimas con las que buscaban legitimar el proceso.

Esto me lleva a responder tres de los cuestionamientos que se me han hecho sistemáticamente en redes sociales. 1) Por qué quise participar en el proceso de selección? Como lo he expresado en escritos anteriores, yo creía que se trataba de una iniciativa seria, que se basaría en los modelos ofrecidos por otras comisiones de la verdad en América Latina y el resto del mundo y, sobre todo, que representaba la última oportunidad para saber lo que pasó con los desaparecidos de la guerra sucia. Por supuesto, si desde el principio hubiera sospechado que se trataba de una iniciativa cuyo objetivo era simular que el gobierno cumplió con una deuda histórica, no me hubiera postulado. 2) Por qué no hice un escándalo público en cuanto me di cuenta de que el proceso estaba lleno de irregularidades? Con razón o sin ella, puse por encima el interés de las víctimas de los colectivos. Desde el mismo día de la votación (28 de octubre) en adelante, varias de ellas me contactaron para describirme los pormenores de una votación con la que quedaron insatisfechas pero aceptaron como un mal necesario. Las víctimas me pidieron que no dijera nada para no afectar algo que representa para ellas una luz y una esperanza en la lucha histórica que han dado. Su reclamo me pareció justo, aún cuando iba completamente en contra de los intereses de otros compañeros postulantes, el de las víctimas no organizadas y el mío propio. Si mis declaraciones podían ser usadas para sabotear a la comisión, era mejor guardar un silencio prudente. 3) Por qué soy la única que ha manifestado su inconformidad ante el proceso de selección y por qué lo hice tardíamente? Algunos postulantes con los que tuve contacto me dijeron que al darse cuenta de que no era una iniciativa seria, perdieron todo interés en involucrarse en una discusión pública o privada sobre lo que consideran una farsa que no llevará a nada. Otros comparten mi indignación, pero no están en condiciones de hacer públicas sus críticas, por temor a las consecuencias. Por mi parte, estoy en una situación privilegiada que me permite no temer a las represalias del gobierno ni mucho menos a los rumores malintencionados de ciertos funcionarios de la SEGOB y sus aliados, quienes en lugar de tener la humildad de ejercer la autocrítica, pedir perdón por sus omisiones o buscar la reconciliación, insisten en sus calumnias infantiles. Si hablo hasta ahora es precisamente porque ellos persisten en la lógica de la omnipotencia de quien se lleva el "carro completo" y no tiene nada que negociar con nadie, lo cual me parece muy lamentable, pues pareciera que le dan a la CoVEH el tratamiento de botín político.

Como una ciudadana que ha pertenecido a la oposición la mayor parte de su vida, no tengo ninguna razón de peso para regalarle mi silencio a la 4T. Espero que en algún momento entiendan el valor del pluralismo y el papel de las minorías y abandonen el fetiche priísta del carro completo, sobre todo tratándose de un asunto tan delicado, como son los derechos humanos, que no deben ser sometidos a una lógica partidista bajo ninguna circunstancia. También confío en que las víctimas de la época actual aprendan de la  experiencia en la creación de esta comisión de la verdad, para que pugnen por un modelo completamente distinto, que no caiga en el partidismo y el personalismo que tanto daño han hecho a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no sólo para los agraviados, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. Es hora de que se abandone la visión patrimonialista de los derechos humanos, como algo que compete exclusivamente a quienes han sido lesionados en sus derechos. Ese entendimiento limitado ha favorecido, entre otras cosas, el aislamiento de las víctimas y la formación de ciertos liderazgos/cacicazgos que buscan construir una especie de clientelas políticas con los afectados. Cuando la sociedad en su conjunto entienda que la violación de los derechos humanos de uno solo nos afecta potencialmente a todos, podremos construir una auténtica cultura ciudadana contra el abuso de poder, la impunidad, el olvido y el silencio.

A continuación, reproduzco la respuesta que le dio la SEGOB a mi solicitud de información.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2021

Asunto: Respuesta a solicitud de información

DRA. ADELA CEDILLO

ASSISTANT PROFESSOR

UNIVERSITY OF HOUSTON

P R E S E N T E.

 

En atención a su solicitud de información del 01 de noviembre de 2021 que a la letra dice:

Por este conducto, en mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.

Al respecto comparto con usted que el Comité de Selección quedó instalado el 13 de octubre de 2021, siendo integrado por:

I.         Alejandro Encinas Rodríguez como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

II.         Alicia de los Ríos Merino como representante de los colectivos de familiares de personas detenidas-desaparecidas y de sobrevivientes de la contrainsurgencia del pasado reciente.

III.         Con la asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quedando representada en dicha ocasión por Jesús Peña Palacios.

El Acta de instalación del Comité de Selección es pública y puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/ACTA_DE_INSTALACION_DEL_COMITE_DE_SELECCION.pdf

De igual forma, la información relativa al proceso de selección, los criterios y las fases, se encuentra ya publicada en a través del documento “Versión pública del resultado del proceso para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. Disponible en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/RESULTADO_PROCESO_DE_SELECCION.PDF

Los criterios de selección que contribuyeron a la toma de decisiones en la designación quedaron referidos en la cláusula XVIII de dicho documento, estando desglosado cada criterio por indicador, definición y escalas de medición.

Sobre los puntajes obtenidos hago de su conocimiento lo siguiente:

·       En relación a los criterios de evaluación curricular, de un total de 26 puntos posibles, tras la revisión de los documentos entregados por usted durante el proceso de selección, usted obtuvo 16 puntos. En esta evaluación, el máximo puntaje obtenido fue de 18.

·       En relación a los criterios de evaluación para la etapa de entrevista, de un total de 16 puntos posibles, tras haberse llevado a cabo el proceso de entrevistas, usted obtuvo 8 puntos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Como lo establece la base OCTAVA de las Bases de la Consulta Pública para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el Comité de Selección valoró de manera colegiada, con la asistencia técnica de la OACNUDH, cada uno de los perfiles hasta consensuar en la selección de las cinco personas expertas que forman parte de la Comisión.

Las bases pueden consultarse en:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

Sin más por el momento, quedamos de usted.

 

 

EQUIPO TÉCNICO

DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA VERDAD, EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y EL IMPULSO A LA JUSTICIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DE 1965 A 1990

 

                           "No hay democracia con desaparecidos," un lema vigente al día de hoy.