sábado, 8 de enero de 2022

Respuesta de la SEGOB a mi solicitud de información sobre los puntajes del proceso de selección de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico


Una actitud deleznale por parte de algunos de los involucrados en el diseño y conducción del proceso de selección de la recién inaugurada Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH) de la guerra sucia, ha sido señalar -sin pruebas- que yo no fui seleccionada para ser parte de los comisionados porque no hice un uso ético de la información confidencial en mis investigaciones sobre el periodo. También dicen en sus corrillos que mis críticas al desaseo del proceso obedence a un presunto resentimiento/ego herido ocasionado por mi exclusión. Curiosamente, sólo circulan sus calumnias ante los colectivos de víctimas de la guerra sucia y en otros espacios privados, pues como seres de las sombras que son, no pueden probar sus dichos con evidencia ni tampoco tienen la menor intención de posibilitarme el derecho de réplica públicamente. Sin embargo, cuando termine de salir a la luz toda la verdad, ellos quedarán en una postura muy comprometida, al haber convertido un proceso tan importante para la memoria histórica  y la lucha contra la impunidad en un club de afinidades políticas y personales. Tras dos meses de haber hablado con diferentes participantes de los colectivos de víctimas, quienes eligieron a los comisionados de la CoVEH en una instancia autodenominada "asamblea de colectivos," no deja de sorprenderme que el proceso haya sido conducido de una manera tan turbia y sin el menor asomo de responsabilidad por parte de la SEGOB. 

A los periodistas e investigadores del presente y a los historiadores del futuro, encargados de escrutinizar la historia y el funcionamiento de la comisión de la verdad, les propongo la siguiente hipótesis, para que la confirmen o refuten. La lógica con la que ha gobernado el partido MORENA en la presente administración, no parte de la negociación con actores plurales para resolver conflictos, como tampoco de la inclusión de personas apartidistas o de agrupaciones políticas distintas (de capacidad probada) en la administración pública. Por el contrario, MORENA busca que cada servidor público y cada actor de la sociedad civil con el que interactúen sea un simpatizante o aliado declarado del presidente. Los demás son considerados enemigos a los que se les debe combatir por diferentes medios, principalmente en la arena pública, en redes sociales y medios afines al gobierno, no importa si son de derecha o izquierda. La forma en la que se creó la comisión de la verdad fue un microcosmos de este accionar de la llamada cuarta transformación (4T).

Los funcionarios de la SEGOB buscaron garantizar que en la comisión estuviera sólo gente afín a la 4T, para lo cual se valieron de la complicidad de personajes que asumen una triple identidad como investigadores, asesores/funcionarios de Gobernación y víctimas. Pongo como ejemplo el caso -no único- de la señora Alicia de los Ríos, una de los dos miembros del comité de selección que elaboró los puntajes de los postulantes a la CoVEH (un tercer miembro, perteneciente a la ONU, estuvo en calidad de asesor técnico, pero no tomó parte en el proceso). Parte de la jugada de ajedrez consistió en transmitir en línea las entrevistas con los postulantes, para darle un cariz de legitimidad a algo que ya estaba pre-cocinado, aunque se necesita la evidencia para demostrarlo fehacientemente. Por ello, el 1o de noviembre solicité a la SEGOB que se hicieran públicos "los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada."

A pesar de que el proceso de selección duró solamente cinco días, la SEGOB tardó dieciocho días en procesar su respuesta. El documento responde tangencialmente algunas de mis preguntas, sólo incluye mi puntaje, a pesar de que es bastante claro que pedí el de todos, y evade el tema mayor, que es la existencia de la asamblea de colectivos. Espero que otros investigadores tengan más éxito para esclarecer qué colectivos la integraron, por qué a algunos abogados se les fue otorgado un voto individual cuando sólo las víctimas tenían ese derecho, quién resguarda las minutas y los videos de sus reuniones en Zoom y con qué criterios eligieron a los comisionados. Esta es la segunda parte de mi hipótesis. La señora De los Ríos, con el interés de colocar a sus candidatos personales a toda costa -dos asesoras de Gobernación amigas suyas, un asociado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro que lleva el caso de su madre ante instancias judiciales e internacionales y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- manipuló los puntajes para beneficiar a sus favoritos y perjudicar a quienes considera sus adversarios. Con estos puntajes, que posiblemente no reflejan más que su opinión personal y el interés del señor Encinas por tener una comisión controlada, la asamblea de colectivos tomó la decisión final. Sobre los detalles escabrosos que me han revelado quienes participaron en la votación no me compete ventilar nada, pues ellos han preferido guardar silencio por razones estratégicas y de seguridad personal. Lo único que puedo decir es que, si los investigadores logran que los videos de la votación salgan a la luz, a nadie le quedará duda que la asamblea de colectivos no se basó en criterios rigurosos. Por el contrario, votaron con base en vetos derivados de viejas rencillas personales, difamaciones, mentiras, y unos puntajes de dudosa integración. Además, de común acuerdo, excluyeron a todos los postulantes no radicados en México.

Esto me lleva a responder tres de los cuestionamientos que se me han hecho sistemáticamente en redes sociales. 1) Por qué quise participar en el proceso de selección? Como lo he expresado en escritos anteriores, yo creía que se trataba de una iniciativa seria, que se basaría en los modelos ofrecidos por otras comisiones de la verdad en América Latina y el resto del mundo y, sobre todo, que representaba la última oportunidad para saber lo que pasó con los desaparecidos de la guerra sucia. Por supuesto, si desde el principio hubiera sospechado que se trataba de una iniciativa cuyo objetivo era simular que el gobierno cumplió con una deuda histórica, no me hubiera postulado. 2) Por qué no hice un escándalo público en cuanto me di cuenta de que el proceso estaba lleno de irregularidades? Con razón o sin ella, puse por encima el interés de las víctimas de los colectivos. Desde el mismo día de la votación (28 de octubre) en adelante, varias de ellas me contactaron para describirme los pormenores de una votación con la que quedaron insatisfechas pero aceptaron como un mal necesario. Las víctimas me pidieron que no dijera nada para no afectar algo que representa para ellas una luz y una esperanza en la lucha histórica que han dado. Su reclamo me pareció justo, aún cuando iba completamente en contra de los intereses de otros compañeros postulantes, el de las víctimas no organizadas y el mío propio. Si mis declaraciones podían ser usadas para sabotear a la comisión, era mejor guardar un silencio prudente. 3) Por qué soy la única que ha manifestado su inconformidad ante el proceso de selección y por qué lo hice tardíamente? Algunos postulantes con los que tuve contacto me dijeron que al darse cuenta de que no era una iniciativa seria, perdieron todo interés en involucrarse en una discusión pública o privada sobre lo que consideran una farsa que no llevará a nada. Otros comparten mi indignación, pero no están en condiciones de hacer públicas sus críticas, por temor a las consecuencias. Por mi parte, estoy en una situación privilegiada que me permite no temer a las represalias del gobierno ni mucho menos a los rumores malintencionados de ciertos funcionarios de la SEGOB y sus aliados, quienes en lugar de tener la humildad de ejercer la autocrítica, pedir perdón por sus omisiones o buscar la reconciliación, insisten en sus calumnias infantiles. Si hablo hasta ahora es precisamente porque ellos persisten en la lógica de la omnipotencia de quien se lleva el "carro completo" y no tiene nada que negociar con nadie, lo cual me parece muy lamentable, pues pareciera que le dan a la CoVEH el tratamiento de botín político.

Como una ciudadana que ha pertenecido a la oposición la mayor parte de su vida, no tengo ninguna razón de peso para regalarle mi silencio a la 4T. Espero que en algún momento entiendan el valor del pluralismo y el papel de las minorías y abandonen el fetiche priísta del carro completo, sobre todo tratándose de un asunto tan delicado, como son los derechos humanos, que no deben ser sometidos a una lógica partidista bajo ninguna circunstancia. También confío en que las víctimas de la época actual aprendan de la  experiencia en la creación de esta comisión de la verdad, para que pugnen por un modelo completamente distinto, que no caiga en el partidismo y el personalismo que tanto daño han hecho a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no sólo para los agraviados, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. Es hora de que se abandone la visión patrimonialista de los derechos humanos, como algo que compete exclusivamente a quienes han sido lesionados en sus derechos. Ese entendimiento limitado ha favorecido, entre otras cosas, el aislamiento de las víctimas y la formación de ciertos liderazgos/cacicazgos que buscan construir una especie de clientelas políticas con los afectados. Cuando la sociedad en su conjunto entienda que la violación de los derechos humanos de uno solo nos afecta potencialmente a todos, podremos construir una auténtica cultura ciudadana contra el abuso de poder, la impunidad, el olvido y el silencio.

A continuación, reproduzco la respuesta que le dio la SEGOB a mi solicitud de información.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2021

Asunto: Respuesta a solicitud de información

DRA. ADELA CEDILLO

ASSISTANT PROFESSOR

UNIVERSITY OF HOUSTON

P R E S E N T E.

 

En atención a su solicitud de información del 01 de noviembre de 2021 que a la letra dice:

Por este conducto, en mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.

Al respecto comparto con usted que el Comité de Selección quedó instalado el 13 de octubre de 2021, siendo integrado por:

I.         Alejandro Encinas Rodríguez como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

II.         Alicia de los Ríos Merino como representante de los colectivos de familiares de personas detenidas-desaparecidas y de sobrevivientes de la contrainsurgencia del pasado reciente.

III.         Con la asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quedando representada en dicha ocasión por Jesús Peña Palacios.

El Acta de instalación del Comité de Selección es pública y puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/ACTA_DE_INSTALACION_DEL_COMITE_DE_SELECCION.pdf

De igual forma, la información relativa al proceso de selección, los criterios y las fases, se encuentra ya publicada en a través del documento “Versión pública del resultado del proceso para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. Disponible en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/RESULTADO_PROCESO_DE_SELECCION.PDF

Los criterios de selección que contribuyeron a la toma de decisiones en la designación quedaron referidos en la cláusula XVIII de dicho documento, estando desglosado cada criterio por indicador, definición y escalas de medición.

Sobre los puntajes obtenidos hago de su conocimiento lo siguiente:

·       En relación a los criterios de evaluación curricular, de un total de 26 puntos posibles, tras la revisión de los documentos entregados por usted durante el proceso de selección, usted obtuvo 16 puntos. En esta evaluación, el máximo puntaje obtenido fue de 18.

·       En relación a los criterios de evaluación para la etapa de entrevista, de un total de 16 puntos posibles, tras haberse llevado a cabo el proceso de entrevistas, usted obtuvo 8 puntos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Como lo establece la base OCTAVA de las Bases de la Consulta Pública para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el Comité de Selección valoró de manera colegiada, con la asistencia técnica de la OACNUDH, cada uno de los perfiles hasta consensuar en la selección de las cinco personas expertas que forman parte de la Comisión.

Las bases pueden consultarse en:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

Sin más por el momento, quedamos de usted.

 

 

EQUIPO TÉCNICO

DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA VERDAD, EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y EL IMPULSO A LA JUSTICIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DE 1965 A 1990

 

                           "No hay democracia con desaparecidos," un lema vigente al día de hoy.
 

 


sábado, 11 de diciembre de 2021

Una Comisión de la Verdad inaugurada con presencia de los militares

 

Hay un viejo dicho que dice que en política, la forma es fondo. El 10 de diciembre, día en que se conmemoran los derechos humanos, en la ciudad de Chihuahua, se inauguró la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia con la presencia del ejecutivo federal, la gobernadora del estado de Chihuahua, el presidente municipal, los secretarios de la Defensa y la Marina, la secretaria de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Gobernación, la CEAV, la CNDH, el AGN, la Comisión Nacional de Búsqueda, los representantes de colectivos de víctimas que han estado detrás del proceso formativo de la comisión y los comisionados que tomaron posesión de su cargo honorario. Un hecho sin precedente en la historia mexicana a partir del que, en teoría México se suma finalmente a la lista de naciones dispuestas a ajustar cuentas con su pasado respecto a los crímenes de Estado.

Para muchos de quienes hemos participado en esta lucha, desde hace décadas, el espectáculo fue más desolador que esperanzador. El hecho de que el gobierno ofreciera transportar a los representantes de los colectivos de víctimas a Chihuahua en aviones de la Guardia Nacional fue recibido por algunas víctimas como un agravio y una revictimización. Los aviones militares fueron uno de los símbolos de la guerra sucia, pues fueron sistemáticamente utilizados para trasladar presos de diferentes partes del país a la Base Militar Aérea No. 1 de Santa Lucía y de ahí a la prisión clandestina del Campo Militar No. 1. Sobre todo, los aviones militares fueron utilizados en la Base Militar Aérea No. 7 de Pie de la Cuesta, Guerrero para presuntamente tirar a los desaparecidos al mar, un episodio nunca esclarecido por el ejército ni por ninguna autoridad civil.
 
Los impulsores de la Comisión han hecho acrobacias para justificar la presencia del ejército, señalando incluso la disposición de los militares a colaborar con la apertura de sus archivos. Será porque tengo muchísimos años leyendo documentos de la SEDENA y rastreando las declaraciones hechas por militares que participaron en la guerra sucia, mi escepticismo sobre el potencial revelador de los archivos militares no podría ser mayor. Los documentos de SEDENA sobre muchas operaciones contrainsurgentes ya se encuentran en en el AGN. Predeciblemente, puede haber más documentos de ese tipo en los archivos que se abrirán. Para los historiadores se trata de un material fundamental, pero en términos de establecer la identidad y el destino de las víctimas de desaparición forzada, o la verdad jurídica, estoy segura que su utilidad será ínfima. En los documentos militares hay una despersonalización de los detenidos-desaparecidos, a los que se les nombraba como paquetes o incluso por número, de acuerdo con los pocos militares que han roto el pacto de silencio e impunidad. Según ellos mismos, las órdenes del sistema de eliminación contrainsurgente se transmitían de forma oral. Por todo ello, presentar como un gran logro la apertura de los archivos del ejércitos a la Comisión -que no a toda la sociedad- me parece una victoria pírrica. 

Ha habido otros acuerdos entre el gobierno federal con el ejército, de los que no nos hayamos enterado por lo delicado de la naturaleza del tema, que garanticen que el ejército permitirá entrega de nóminas e información de sistema de pensiones, juicios a los perpetradores y trabajo de investigación post-forense en todas sus instalaciones, no sólo en las más señaladas, como Campo Militar No. 1? Nada sería más deseable, sin embargo, el énfasis exclusivo en los archivos como muestra de cooperación del instituto armado no permite pensar que la negociación haya ido más allá. No me imagino a los militares entregando, por ejemplo, al condecorado y nonagenario general Edmar Euroza Delgado, pieza clave de la represión al movimiento estudiantil del '68, la Operación Cóndor y el sistema de eliminación contrainsurgente, para ser juzgado por masacres y desapariciones forzadas. 
 
El problema de fondo es que la administración actual ha empoderado al ejército de una forma que, si bien tiene antecedentes en otros momentos históricos, resulta desmesurada e ilegal en muchos sentidos, pues no existe en México otra institución más opaca, corrupta, criminal e impune que el ejército. Como lo he manifestado en otras ocasiones, AMLO actúa como si los militares lo tuvieran permanentemente chantajeado con la amenaza de un golpe de Estado. Sólo eso puede explicar su transformación tan radical de crítico del ejército como candidato presidencial, a aliado de los sardos, como presidente. 

Es verdad que ante un poder militar que se antoja quasi ilimitado, el margen de negociación de los civiles pueda parecer estrecho, sin embargo, ni siquiera estamos en una situación como la de Argentina ante el retorno a la democracia. Cuando estaba demasiado fresca la sangre derramada por la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el primer presidente electo, Raúl Alfonsín firmó el decreto que posibilitó el histórico "juicio a las juntas" contra nueve de los representantes de las dos juntas y las tres armas que encabezaron la dictadura militar. Otra de las primeras acciones de Alfonsín fue establecer la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que produjo el informe Nunca más! (1984), un catálogo de atrocidades extremas que cimbró a la opinión pública nacional e internacional y que sirvió de prueba en el juicio a las juntas. Cinco de los militares fueron condenados y cuatro absueltos, pero todo el proceso de justicia transicional fue posibilitado por un movimiento de derechos humanos que, cuantitativa y cualitativamente, fiue algo inédito en la historia latinoamericana. A la fecha, nadie disputa que pese a sus limitaciones, el caso argentino es el más exitoso en la historia de la justicia transicional en la región.

México no está ni de lejos en una situación semejante. El poder que el ejército ha acumulado desde el término de la revolución, la estabilidad de sus pactos con las élites civiles y su falta de rendición de cuentas a perpetuidad, lo han convertido en una institución sin contrapesos, capaz de anular los mecanismos orientados a ponerle límites a su dominación. Desde luego, ha habido algunos avances en virtud de la lucha tenaz del movimiento de derechos humanos, que en diferentes momentos ha acudido a los organismos internacionales para evidenciar los crímenes cometidos por militares. Sin embargo, dichos avances, casuísticos y a cuenta gotas, no tienen la posibilidad de convertirse en una tendencia. El verdadero fondo del problema es que la sociedad mexicana no está peleada con el ejército. A pesar de sus numerosas e imperdonables atrocidades, la mayoría de los mexicanos confía en las fuerzas armadas (https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-05-19/el-ejercito-encabeza-la-confianza-en-las-instituciones.html). Sea por falta de información, por la ausencia de una cultura cívica en derechos humanos, por la presencia de los militares como entes salvadores ante cada desastre natural, por la propaganda oficial orientada a blanquear al ejército, esto es una realidad. A partir de ahí, hay que asumir que en México no va a existir un movimiento de derechos humanos robusto encaminado a sentar a los militares en el banquillo de los acusados y esto anula las esperanzas de que exista algo remotamente parecido al caso argentino.
 
Las voces críticas al ejército se han apagado paulatinamente. El emblemático General José Francisco Gallardo, fallecido este año y a quien su lucha por crear un ómbusdam militar le costó años de cárcel, hubiera sido un crítico feroz del evento de ayer, puesto que conoce al monstruo desde las entrañas. Hubiera condenado el hecho de que las autoridades civiles hubieran invitado a los dos secretarios de armas  a un evento cuya esencia debió haber sido honrar a las víctimas de esas instituciones. Hubiera criticado el ambiente casi festivo del evento, de la gente tomándose fotos en el "after party", con amplias sonrisas y apretujándose para estar lo más cerca posible del presidente, a quien solía criticar acremente.

Esta es la parte que me pareció desoladora. Por mucho que se trate de un evento histórico en el que todos los interesados hemos invertido alguna cantidad de esperanza, mínima o máxima, no entiendo los motivos de las sonrisas. Conociendo  la actuación del ejército en este sexenio, invitar al Gral. Luis Sandoval y al almirante José Rafael Ojeda Durán como si pertenecieran a un ejército ya renovado, blanqueado y libre de culpa, me resulta profundamente ofensivo para la memoria de las víctimas del pasado y el presente. Nunca han esclarecido nada y nunca han pedido perdón a la sociedad; tampoco aprovecharon la ocasión para hacerlo, sólo dejaron que su jefe máximo pontificara con el mismo discurso manido que repite hasta el cansancio, respecto al fin de la corrupción y la impunidad por decreto. 

La idea de que la presencia de los colectivos de víctimas purifica y legitima todo el proceso es cuestionable. No estan todos los que son ni son todos los que están, se trata únicamente de los colectivos que tienen una buena relación con la 4T o han depositado sus esperanzas en ella ante lo que, nos queda claro a todos, es el último tren para resolver algunos de los problemas legados por la guerra sucia. Si ese tren está viejo, destartalado o se suben a él individuos con las manos llenas de sangre, no importa, hemos aceptado que nuestros estándares de impartición de justicia sean extremadamente bajos porque en México la sociedad ha dado la espalda a las víctimas de la violencia de Estado desde siempre.

Sin embargo, una cosa es darle un voto de confianza a esta administración y otra el partidismo. La señal que mandan quienes buscaron la foto con el presidente es que lo miran con simpatía y eso es peligroso en una coyuntura tan polarizada como la actual. Sí, es una comisión presidencial, pero tiene que ser una comisión abiertamente amigable al presidente? No habría sido mejor hacer un esfuerzo por mandar un mensaje de autonomía y distancia crítica? 

Muchos de quienes venimos investigando las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares desde hace décadas estamos preocupados. El clima de calidez del evento de ayer es una mala señal, pues es como si se invalidara la gravedad de lo que hemos denunciado todo este tiempo. Los pueblos bombardeados, la tierra arrasada, el cerco de hambre, las decenas de miles de mujeres, hombres y niños violados, los vuelos de la muerte, las torturas despiadadas contra los campesinos más pobres del país y los estudiantes guerrilleros, los desplazados forzosamente y las familias que han vivido en agonía por la vulnerabilidad y el desamparo en que las sumergió el terror estatal desde hace décadas, parecieran difuminados ante la seducción del jefe máximo que, con su presencia y carisma, suele dominar cualquier espacio en el que se presenta. No imaginé a tanta gente de izquierda sucumbiendo a sus encantos.
 
No es mi papel juzgar a nadie por la manera en que administra su dolor o su tragedia personal, excepto si esa gestión va en perjucio de otras víctimas. Es muy pronto para saber si este es el caso, pero el futuro de la justicia para crímenes del pasado no parece nada promisorio. Mi pronóstico es que tendremos que conformarnos con las migajas de verdad y justicia que salgan del proceso, como lo hicimos ante la formación de la CNDH y la FEMOSPP, pero por dignidad, nadie debería vanagloriarse o congratularse por ello. Por otra parte, no todo es desesperanzador. Anticipo que los procesos más interesantes de búsqueda de la verdad, memoria, reparación social del daño, etc., no vendrán del Estado y sus instituciones sino de la propia sociedad civil, por muy marginales que sean, como lo han sido hasta la fecha.
 
 

sábado, 20 de noviembre de 2021

Los pioneros en el estudio del Movimiento Armado Socialista Mexicano

Cuando escucho a alguna persona que comenzó a estudiar el Movimiento Armado Socialista Mexicano (MASM) en la década pasada, catalogarse a sí misma como pionera del tema, además de arrancarme una sonrisa, considero que no hizo el trabajo básico de revisión historiográfica, lo cual se agrava por la circunstancia de que, en efecto, había muy pocos trabajos académicos o analíticos al respecto. El año pasado y el actual han muerto varios de los verdaderos pioneros, como Marco Bellingeri, Juan Fernando Reyes Peláez, Alberto López Limón y Mauricio Laguna Berber. Es por ello que, a vuelo de pájaro, quisiera mencionar a los primeros autores que trascendieron el testimonio o la crónica para adentrarse al análisis sociohistórico del MASM y de la llamada guerra sucia. 

Uno de los primeros esfuerzos organizativos de compilación documental, análisis y divulgación sobre el tema fue el llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), fundado en 1992 por un grupo de exguerrilleros que habían pertenecido a diferentes organizaciones armadas. Fruto de esa labor fue la revista Para romper el silencio, así como la constitución de un archivo notable con materiales diversos: comunicados, revistas, periódicos, entrevistas, fotografías, testimonios, etc. Algunos miembros del CIHMA escribieron algunos relatos testimoniales, pero fue Juan Fernando Reyes Peláez el primero que se propuso elaborar una visión de conjunto sobre todos los grupos armados. En el año 2000 escribió su ensayo: Introducción a la historia de la guerrilla en México, 1943-1983, sobre el que volvió una y otra vez para corregirlo y aumentarlo. Oficialmente, hubo dos ediciones de este trabajo: una de 2003 y otra de 2019.

Entre los exguerrilleros, algunos escribieron obras de carácter testimonial o literario, pero fue la obra de Carlos Montemayor la que marcó un antes y un después en el tema, entre finales de la década de los noventa y principios del siglo XXI. Algunos exguerrilleros también se desmarcaron de la esfera testimonial para describir la historia de sus organizaciones y hacer el balance de sus acciones. Tal fue el caso de las obras: En las profundidades del MAR, de Fernando Pineda Ochoa (2003), La negación del número, de Salvador Castañeda (2006) y Héroes y fantasmas de Benjamín Palacios Hernández (2009). Por su parte, el exguerrillero Alberto Guillermo López Limón entre 1994 y 2010 produjo sus tres tesis sobre la historia de las organizaciones político-militares mexicanas, las cuales abarcaban desde el jaramillismo hasta el año 1980.

Algunos familiares de víctimas de la guerra sucia también convirtieron al MASM en su objeto de estudio. En 1997, Mauricio Abraham Laguna Berber se tituló con el trabajo La prensa clandestina en México. Caso del periódico Madera, 1973-1981. En 1999, Leticia Carrasco Gutiérrez, hermana de un desaparecido de la Liga Comunista 23 de Septiembre, escribió su tesis La guerrilla en México, 1970-1976. El caso de Guadalajara: La Liga Comunista 23 de Septiembre. En 1998 salió a la luz la obra de Andrea Radilla, hija del desaparecido político atoyaquense Rosendo Radilla, titulada Poderes, saberes y sabores. Una historia de resistencia de los cafeticultores. Atoyac, 1940-1974.  En 2004, Alejandro Peñaloza, hijo del guerrillero desaparecido Felipe Peñaloza, dio a conocer su tesis titulada: La lucha de la esperanza. Historia del Movimiento de Acción Revolucionaria (1965-1971).

El investigador Sergio Aguayo Quezada no tenía parentesco alguno con los protagonistas del MASM, no obstante, conoció a algunos de ellos porque en su juventud vivió en el barrio de San Andrés en Guadalajara, Jalisco. Ahí nació su interés por el tema, como lo revela en su obra seminal La Charola: una historia de los servicios de inteligencia en México (2001). El autor no sólo rastreó la historia de las agencias de seguridad nacional, sino que también utilizó su acceso exclusivo a los archivos del CISEN para buscar información sobre episodios relacionados con la pandilla de los Vikingos y el salto del Frente Estudiantil Revolucionario a la lucha armada. 

Un caso similar es el del historiador y consejero político Gabriel Santos Villarreal; no fue exguerrillero ni familiar, pero por su cercanía con los padres jesuitas que fomentaban la teología de la liberación, conoció en su juventud a algunos activistas de Monterrey, N.L. que terminaron militando en la Liga Comunista 23 de Septiembre, como Ignacio Olivares Torres e Ignacio Salas Obregón. De ahí que se hubiera propuesto escribir sobre esos temas. En 2005, coordinó la obra: Historia de la guerrilla en México. Fuentes orales y artísticas, que reunía ensayos diversos sobre el MASM, la literatura testimonial y la contrainsurgencia. Gabriel Santos también recopiló un archivo considerable al respecto, sin embargo, falleció en 2010 sin poder concluir su obra.

A partir de 2003, el espectro se amplió de forma considerable, pues empezaron a aparecer obras escritas por investigadores y periodistas que ya no tenían ninguna conexión directa, personal o emocional, con el MASM o la guerra sucia. Entre ellos, cabe mencionar a los académicos Marco Bellingeri, Andrés Rubio Zaldívar, José Luis Sierra Guzmán, Claudia Rangel, Evangelina Sánchez y Verónica Oikión. Esta última fue, junto con Marta Eugenia García, compiladora de la obra en tres volúmenes Movimientos armados en México en el siglo XX (2006), la cual incluyó textos tanto de exguerrilleros como de investigadores que recién incursionaban en el el estudio del socialismo armado.

En 2007 se publicaron cuatro obras sobre el MASM: la crónica periodística de Laura Castellanos, México Armado; el ensayo libre de Fritz Glockner, Memoria Roja, el ensayo histórico de Enrique Condés, Represión y rebelión en México (el primer volumen de cinco) y la crónica de Ignacio Lagarda El color de las amapas, sobre la actividad de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la Sierra Baja Tarahumara. El interés de Glockner por el tema se derivaba de su parentesco con el guerrillero ajusticiado Napoleón Glockner, mientras que Condés había pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y había pasado cinco años recluido en la Penitenciaría de Lecumberri. En el ámbito periodístico, Castellanos fue la primera en escribir sobre el conjunto de las organizaciones armadas de 1940 a principios de los ochenta. Por su parte, la motivación de Lagarda partió del hecho de haber sido testigo indirecto de la actividad guerrillera en su pueblo natal, San Bernardo, Álamos, Sonora, entre 1974 y 1975.

A este corpus de obras le sucedió el trabajo de una nueva generación que ya no tenía prácticamente ninguna conexión con la guerra fría, pues eran niños o adolescentes cuando ésta concluyó. Sergio Arturo Sánchez Parra y Rafael Santos Cenobio en Sinaloa, Jesús Zamora García, Rodolfo Gamiño Muñoz y Fortino Domínguez en Jalisco y Cristina Tamariz, Carlos Rentería y la de la voz en Ciudad de México, fuimos algunos de los primeros tesistas que nos aproximamos con ojos nuevos a las hemerotecas, los archivos recién desclasificados de la SEGOB y la SEDENA y la fuente oral, con miras al rescate de la historia del MASM. Nuestros trabajos fueron producidos en la primera década del siglo XX. De ahí en lo sucesivo se vinieron como cascada múltiples investigaciones, al punto de que ya puede hablarse de la consolidación historiográfica de la guerra sucia como un periodo en la historia de México que ya no podrá ser omitido ni borrado, nunca más.

Como podrá advertirse en esta somera revisión, no hubo un pionero exclusivo, sino que la historiografía del MASM y la guerra sucia se ha desarrollado en círculos concéntricos, partiendo de los protagonistas y sobrevivientes hacia los contemporáneos de esa época, hasta llegar a los profesionistas que ya no tienen ninguna relación con el periodo. Debe reconocerse que todos estos grupos o generaciones enfrentaron enormes riesgos y dificultades en su quehacer. Al menos hasta la primera década del siglo XX, las investigaciones sobre las organizaciones armadas clandestinas y la guerra sucia no eran bien recibidas en la academia, por el contrario, se les miraba con desconfianza, temor y escepticismo respecto a su relevancia y valor social. Algunos tuvieron que publicar sus obras en ediciones marginales, imposibles de conseguir. Otros más sufrimos hostigamiento, chantajes y presiones para no dar a conocer los resultados de nuestras pesquisas. Son cosas que espero que la posteridad recuerde, porque la inversión intelectual y emocional para romper las gruesas capas de silencio con las que el Estado mexicano envolvió esos temas, fue inmensa. Desde ese lugar de la memoria, hago un sincero reconocimiento a Juan Fernando Reyes Peláez y Alberto López Limón, pues pese a que tuvimos grandes diferencias metodológicas e interpretativas, soy testigo y doy fe del tesón y la entrega incondicional con la que recuperaron la historia de los revolucionarios de la Guerra Fría mexicana. Descansen en paz.

Juan Fernando Reyes Peláez en una de sus últimas

intervenciones públicas, 23 de septiembre, 2021.



viernes, 19 de noviembre de 2021

El honor de los personajes históricos, el respeto a la privacidad y el pacto patriarcal de silencio

Hay diferentes formas de abordar la vida privada de los personajes de interés público. El FBI, por ejemplo, se dedicó a espiar de tiempo completo a Martin Luther King y reunió evidencia de sus prácticas de adicción al sexo e infidelidad serial para hacerlo quedar mal ante su familia, su comunidad y sus seguidores, en lo que podría considerarse una operación clásica de guerra psicológica, para desactivar un movimiento poderoso a favor de los derechos civiles para los afroamericanos. Hay varias posibilidades de intrepretación de la conducta del reverendo King. Por un lado, como algo que atañe exclusivamente a la esfera privada y de la libertad sobre el cuerpo. Por otro lado, como una transgresión a los propios códigos de ética a los que King, en su calidad de reverendo, debía más lealtad que nadie. Una tercera vía es entender al reverendo no como un ser que debería medirse con parámetros extraordinarios, en virtud de su asombrosa trayectoria como activista, sino como un ser humano con claroscuros, hombre de su tiempo, hijo del patriarcado que premia el poder y la fama con el derecho a acumular mujeres o a consumir sus cuerpos de forma serial. Desde luego, lo que hizo el reverendo King no fue un caso excepcional sino una penosa normalidad, favorecida por los férreos pactos de silencio que dominaban la esfera privada.

Una pregunta que me ha rondado la cabeza es si al narrar la historia del movimiento de derechos civiles encabezado por el reverendo King, podemos prescindir del relato de sus debilidades morales, pues estas no afectan lo sustancial de su obra y su legado. Dicha omisión puede interpretarse, como ya dije, desde la perspectiva del respeto al honor y la privacidad del personaje en cuestión. No obstante, el proteger el supuesto honor de King iría en detrimento de las personas a las que perjudicó con su conducta: su esposa, sus enamoradas y los feligreses que lo consideraban un padre de familia y un religioso intachable. Borrar a estos actores para proteger el honor de uno sólo contribuiría a reforzar el pacto patriarcal de silencio, alimentar la historia de bronce de los héroes inmaculados y a eludir el debate sobre la complejidad moral de los protagonistas históricos. Concluyo que tanto de King como de cualquier personaje histórico se debe hablar con libertad, sin censura y sin prejuicio. Los personajes del pasado deben ser entendidos en función de su propio contexto, de los referentes de género y de la escala moral de su tiempo. 


Qué pasa cuando queremos aplicar esos criterios no a un personaje histórico ajeno y remoto, sino a alguien muy cercano? Hace unos meses leí las memorias del exguerrillero del grupo Lacandones Benjamín Pérez Aragón. Con Benjamín tejí una bonita complicidad en la que, sin saberlo, era la última etapa de su vida. Benjamín siempre fue muy modesto respecto a su propia trayectoria, pero al leerlo, descubrí que había sido uno de los cuadros más asombrosos de aquella izquierda setentera que se autoinmoló en aras de un futuro mejor para las generaciones venideras. Benjamín murió a consecuencia de las torturas que le propinaron en la juventud y eso aún me hace un nudo en la garganta que me impide hablar del tema a detalle. Las memorias de Benjamín son un tesoro informativo, pero también contienen algo que me ha producido un gran choque generacional: la absoluta libertad sexual con la que el autor narra sus encuentros, amores y desamores a lo largo de su vida. Pertenezco a las generaciones apanicadas por el SIDA, que aprendieron a fuerza de miedo a moderarse y a comprar preservativos. Ha sido una experiencia recurrente escuchar a algunos de quienes fueron jóvenes en los sesenta y setenta ser muy gráficos en la descripción de sus pasiones, número de parejas y actividad sexual. El tema en sí no me asusta, lo que no esperaba es que un militante como Benjamín fuera parte de ese club. Eso me obliga a percatarme de que me traicionó el inconsciente: mi preconcepto del militante ejemplar implicaba a alguien que no tuviera una sexualidad alocada.  

Las revelaciones de Benjamín involucran a actores vivos y muertos, a algunos de los cuales los desnuda en la esfera de la intimidad. Tal es el caso de David Jiménez Sarmiento, el guerrillero lacandón que se convirtió en uno de los máximos dirigentes político-militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre y que cayó en combate en 1976, en el intento de secuestro de Margarita López Portillo. No hay ningún dolo en el relato de Benjamín, por el contrario, a pesar de haber estado de algún modo del lado de los agraviados, intentó hacer una descripción objetiva y puntual sobre cómo las infidelidades causaron problemas en el seno del grupo clandestino. Benjamín no tiene reparos en mostrar su debilidad moral: él quería que la esposa de uno de sus compañeros se fijara en él, pero terminó fijándose en David. Debido a esta situación, tanto ella como David fueron juzgados por la organización y apodados "los inmorales." El dato me llamó la atención porque desde hace años había visto que la policía había recogido el apodo de David como "el inmoral," pero al preguntar a sus excompañeros el motivo de tan singular sobrenombre, todos guardaban silencio. De forma emocionada y torpe, hace unos meses puse en mi muro de Facebook que ya sabía por qué le llamaban a David "el inmoral," aunque no haría ninguna revelación al respecto. Lo que siguió fue una reacción en cadena de mensajes condenando y censurando mi post, convocándome a mantener el pacto de silencio. Aturdida por el enojo de terceros y reconociendo mi falta de tacto, borré el post, sin haber procesado cuál de los dos lados estaba en lo incorrecto: ellos por querer mantener el silencio o yo por hacer evidente que ya se había roto. Por supuesto, no lo rompí yo, lo rompió Benjamín y me consta que estaba dispuesto a pagar absolutamente cualquier consecuencia de todas y cada una de las palabras que escribió. 

Agradezco a varias de las personas enojadas por mi post que me hayan contactado directamente, pues otras prefirieron acudir a una estrategia mucho más oscura, como tratarme de hacerme quedar mal en un foro público al cuestionarme sobre el tema de mi presunta violación al honor de los personajes históricos. Quienes lo hicieron se ostentan como feministas y defensoras de los derechos humanos. Creo, en principio, que no hay nada sororo ni feminista en atacar a una mujer por la espalda, pudiendo tener un debate privado sobre el tema. Sobre lo otro, estas personas me convocaban, de nuevo, a un pacto de silencio para preservar el honor de las víctimas como Jiménez Sarmiento. Después de mucho meditar sobre si debo o no aceptar reforzar el pacto de silencio, esta es mi respuesta. Creo que estamos ante un problema clásico de verdad histórica y verdad jurídica. Desde la perspectiva jurídica, una víctima de violaciones a los derechos humanos tiene un carácter unidimensional, en tanto que lo único que interesa en el recuento de los hechos son el lugar, modo y circunstancia en que se produjo su condición de víctima. Desde la perspectiva histórica, no hay nada que impida a un investigador abordar la complejidad social, moral, ética, política, cultural, etc. de los personajes históricos, hayan sido víctimas o no de violaciones graves a los derechos humanos. 

Por último, creo que también hay tres niveles que deben ser claramente diferenciados. Al activista, al propagandista, al que honra la memoria de sus compañeros caídos, es a quien le corresponden las hagiografías, los relatos en clave martirológica, la censura de hechos cuestionables en honor de una imagen pulcra, con funciones didácticas para la posteridad. Jamás me he opuesto a quienes llevan a cabo esa labor, puesto que cumplen una función social necesaria y hacen un servicio a la sociedad. A veces, crear figuras de bronce es el único recurso con el que las víctimas pueden lidiar con el dolor y el trauma de la pérdida. Incluso, en mi activismo por la memoria he apoyado estas iniciativas, en tanto que representan una medida de justicia para los agraviados. Por otro lado, como historiadora, mi trabajo debe cumplir con los estándares de rigor teórico y metodológico de la profesión, donde de entrada, quedan excluidas las visiones unidimensionales y las historias de bronce. A este nivel la audiencia con la que busco interactuar, en general, son otros investigadores. No lo digo con un afán elitista, ya que mis trabajos son públicos y cualquiera puede consultarlos. Lo digo en el sentido de que si, de forma deliberada, yo ocultara o tergiversara información, mis colegas, quienes tienen acceso a las mismas fuentes que yo, notarían mi falla y mi honestidad intelectual quedaría en entredicho. Un historiador puede arriesgarse a perder lo que sea, menos su honestidad y su ética profesionales, sin eso no es nada.

Finalmente, como feminista, no puedo tolerar que se me convoque a preservar el pacto patriarcal de silencio, venga de donde venga la convocatoria, pues no se puede ser feminista a modo, criticando el machismo de unos y salvaguardando el pretendido honor de otros, aunque sean familiares, amigos o incluso víctimas, como lo fuera el mismísimo reverendo King.

jueves, 18 de noviembre de 2021

Mi postura ante la formación de la Comisión de Acceso a la Verdad

Por este conducto, manifiesto mi inconformidad ante la manera en que se ha llevado a cabo el proceso de selección de personas expertas a la Comisión de Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (en lo sucesivo, la Comisión). A continuación, describo las razones por las que considero que se han violado los procedimientos para elegir a las cinco personas expertas que la integrarían.

La historia de la Comisión comenzó con la demanda histórica de diversos colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta.  El 2 de octubre de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas, firmó un convenio de colaboración interinstitucional con el AGN y el INERHM y dio a conocer la creación de un Comité Asesor conformado por académicos e investigadores para diseñar la Política de Verdad y Memoria del Pasado reciente, cuyas funciones eran estudiar los documentos del AGN para la reconstrucción de los hechos acaecidos en torno al periodo de la “Guerra Sucia” (https://www.gob.mx/agn/articulos/agn-trabajara-de-la-mano-de-la-segob-para-la-construccion-de-una-politica-de-memoria-y-verdad-en-torno-a-la-guerra-sucia?idiom=es).

Dicho comité, tendría algunas de las funciones propias de una comisión de la verdad, como la investigación histórica, la memorialización de las víctimas y el impulso a la justicia. En dicho comité se encontraban, entre otros, los investigadores Aleida García Aguirre, Eugenia Allier y Alicia de los Ríos, como se puede apreciar en este organigrama de Sitios de Memoria-Circular de Morelia #8 (posteriormente borrado de las redes sociales de este organismo):

 

Aunque las actividades del comité de asesores no fueron difundidas, en las redes sociales de Sitios de Memoria-Circular de Morelia #8, hay referencias constantes a eventos en los que participaban Alicia de los Ríos, Eugenia Allier y Aleida García, sin aclarar si era a título individual o en su calidad de asesoras de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

A partir de junio de 2021, un grupo de colectivos de familiares y sobrevivientes de la violencia de Estado, entre los que se encontraban el Comité Eureka y sus brazos regionales, el Comité ’68 Pro Libertades Democráticas, la Federación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guerrero (AFADEM), el Colectivo Rodolfo Reyes Crespos de Jalisco y Sinaloa, HIJOS México, Nacidos en la Tempestad, el Comité de Madres de Chihuahua, la A.C. Sobrevivientes y la familia Cabañas, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó la formación de una comisión de la verdad a condición de que los colectivos se pusieran de acuerdo en una propuesta única. Así, los colectivos mencionados, a los que posteriormente se sumó el Comité Unitario de Jalisco, comenzaron a organizar mesas de trabajo con el fin de diseñar la propuesta que presentarían al presidente. El 30 de agosto de 2021, el presidente López Obrador anunció públicamente la creación de una comisión de la verdad presidencial. El decreto que, fechado el 2 de octubre de 2021, fue publicado el 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, justificaba el carácter presidencial de la comisión con base en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Ley Pública Federal que otorga al ejecutivo federal la facultad de crear comisiones. El decreto también justificaba la creación de la Comisión a partir de la constitución mexicana, los instrumentos jurídicos internacionales firmados por México y otros de carácter nacional, como la ley general de víctimas y las leyes para prevenir la tortura y contra la desaparición forzada de personas, así como las recomendaciones que organismos nacionales e internacionales han hecho al Estado mexicano en torno a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado reciente.

El diseño de esta Comisión, sin duda, será objeto de debate en el futuro, pues al tratarse de un esfuerzo en el que los colectivos de víctimas de la guerra sucia o terrorismo de Estado han tenido todo el protagonismo, se ha dejado poco espacio, si es que alguno, para la intervención de las víctimas no organizadas --que representan a la mayoría del periodo 1965-1990, incluyendo a las víctimas del Partido de la Revolución Democrática--, así como de otros actores de la sociedad civil. Los movimientos sociales de la actualidad, por ejemplo, se han mantenido al margen del tema por completo. La Comisión, en otras palabras, es fruto de una relación directa entre el presidente y los colectivos de víctimas de la guerra sucia, un caso al parecer sin precedente en la historia de las comisiones de la verdad.

El decreto especificaba la integración de la Comisión por personas servidoras públicas de seis instituciones gubernamentales, así como cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional, quienes ejercerían sus cargos a título honorífico. Asimismo, el decreto establecía que la comisión dependería de la SEGOB, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El mismo decreto estableció que las personas expertas deberían ser elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a su entrada en vigor. La vigencia del decreto fue establecida del 7 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024, dos meses antes de la conclusión del sexenio del Lic. López Obrador. Es comprensible que un marco temporal tan limitado imprimiera un sentido de urgencia para crear la Comisión en el menor tiempo posible, sin embargo, los plazos que se manejaron para resolver temas fundamentales en menos de un mes, no dejaron tiempo para convertir a la Comisión en un objeto de discusión en la esfera pública. El perfil que le ha dado el gobierno al tema ha sido extremadamente bajo y la sociedad civil se ha mantenido al margen de los acontecimientos que han rodeado la creación de la Comisión.

El 13 de octubre de 2021 se instaló el Comité de Selección de las cinco personas expertas que formarían parte de la Comisión, integrado por Alejandro Encinas, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alicia de los Ríos, como representantes de los colectivos de familiares y sobrevivientes de la contrainsurgencia arriba enlistados y Jesús Peña Palacios como asesor técnico en representación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 15 de octubre se publicaron las bases para la selección, estableciéndose cuatro fases: 1) postulación de candidaturas del 14 al 20 de octubre. 2) Selección de mejores perfiles bajo criterios de idoneidad el 22 de octubre. 3) Realización de entrevistas el 25 de octubre y 4) La deliberación del Comité de Selección, el 27 de octubre.  Posteriormente, el plazo de postulación se amplió al 22 de octubre:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

La idoneidad de la selección se basaba en criterios de independencia, imparcialidad, integridad, experiencia profesional en las materias relacionadas con el objeto de la Comisión y en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en los de capacidad de coordinación de equipos multidisciplinarios, habilidades en vinculación con diferentes actores sociales y perspectiva de género. De acuerdo con los criterios de independencia y conflicto de interés, no eran elegibles personas que desempeñaran un cargo público de nivel de dirección, que hubieran desempeñado un cargo de dirigente nacional o estatal de algún partido político en los cuatro años previos a la designación y que tuvieran una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones como integrante de la Comisión, en razón de intereses personales, familiares, o de negocios, conforme a la normativa aplicable en la materia.

A la convocatoria respondimos únicamente 25 personas, aunque sin duda, de no haber sido el plazo tan estrecho, se habrían postulado muchas más. Entre los postulantes, se encontraban dos exguerrilleros: José Luis Alonso Vargas y Rosa María González Carranza, un familiar de un desaparecido, Leticia Carrasco Gutiérrez, una víctima directa de la represión, José Luis González López y perfiles que no cubrían los requisitos de experiencia profesional en la materia, como los del artista escénico y docente Alejandro Guerrero Zavala, el filósofo Gerardo de la Fuente Lora, el psicólogo forense Ignacio Jesús Cano y los abogados Emilio de Gyves Montero y Félix Velasco Arévalo. Asimismo, se postuló José Sotelo Marbán, quien había dirigido al equipo de investigadores que elaboró el informe histórico de la FEMOSPP “Que no vuelva a suceder” y quien estuvo inhabilitado de la función pública por negligencia administrativa por un periodo de diez años (2007-2017). Esta sanción, cabe aclarar, fue por haber filtrado a la prensa el informe mencionado.

A partir de ahora, describiré las que considero son cuatro graves irregularidades del proceso de selección.

1. Entrevista a los 25 candidatos postulantes en lugar de los 10 perfiles finalistas establecidos en la convocatoria. El 23 de octubre se nos notificó a los postulantes que todos pasaríamos a la fase de entrevista por haber cumplido con los requisitos, a pesar de que los diez perfiles anteriormente mencionados claramente contravenían los criterios de imparcialidad, experiencia profesional y conflicto de interés. En la fase de entrevistas, el subsecretario Encinas reiteró que todos los perfiles cumplían con los requisitos. La única persona que declinó participar fue la investigadora hermana de un desaparecido, Leticia Carrasco. Considero que dicha estrategia pudo haber estado encaminada a minar aún más el interés público en el proceso de selección, pues si bien todas las entrevistas fueron transmitidas en vivo, para quienes estábamos en horario laboral, era imposible dar seguimiento a todas y cada una en tiempo real.

Durante un día y medio, la comparecencia pública de los 24 candidatos ante el comité de selección evidenció cuáles eran los perfiles que contaban con experiencia en las materias de la Comisión. Se presentaron cinco tipos de expertos: 1) abogados con experiencia institucional en derechos humanos (Carlos Pérez Vázquez y Silvano Cantú); 2) investigadores internacionales con experiencia en comisiones de la verdad (Eduardo González Cueva y Rodrigo Gómez Tortosa); 3) investigadores con experiencia en el tema de la violencia política del periodo conocido como guerra sucia o terrorismo de Estado (Francisco Ávila Coronel, Jesús Zamora García, Rafael Rodríguez Castañeda, Florencia Ruiz Mendoza y la de la voz), 4) investigadores expertos en áreas periféricas a la materia de la comisión (Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre, Carlos Pérez Ricart y Silvia Soriano Hernández) y 5) defensores independientes de derechos humanos (David Fernández Dávalos y Abel Barrera Hernández).

2. Elección de candidatos no expertos en la materia. El 27 de octubre se dieron a conocer los resultados del proceso de selección. Para sorpresa de muchos, no había ningún abogado con experiencia institucional en derechos humanos, ningún experto internacional en comisiones de la verdad y ningún experto en violencia política del periodo de la guerra sucia, a pesar de los excelentes perfiles que se presentaron en esos tres rubros.

3. Conflicto de interés. Entre los candidatos elegidos se encuentran Eugenia Allier Montaño y Aleida García Aguirre, quienes nunca aclararon ni en su carta de exposición de motivos ni en su comparecencia que eran parte de un comité asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB desde 2020, aunque sí lo consignaran en sus respectivos currículos, donde incluso reconocen que dicha asesoría se extiende hasta la actualidad. Estas investigadoras, además, son amistades de Alicia de los Ríos, como podría atestiguar cualquiera que las conozca. Presumo que la señora de los Ríos y los grupos a los que representa habrían hecho una elección con base en criterios personalistas y no en los criterios de idoneidad establecidos en la convocatoria. Otro dato que no puede pasarse por alto es que la organización de derechos humanos que representa a la señora de los Ríos en el caso de desaparición forzada de su madre es el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro,” con la que el padre David Fernández Arévalos tiene vínculos estrechos, por tratarse de un centro dirigido por la Compañía de Jesús.

4. El 1º de noviembre mandé a la secretaría técnica de la Comisión esta solicitud de información, la cual no me ha sido respondida aún al día de hoy, 18 de noviembre, a pesar de la celeridad con la que se ha llevado a cabo el proceso de selección:

“En mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.”

De todo lo anterior, concluyo que la Subsecretaría de Derechos Humanos cometió una falta al no transparentar que dos de las postulantes eran miembros de su comité de asesores que venía trabajando en temas relativos a la comisión de la verdad y que, más que nadie, conocían el proceso desde sus entrañas y posiblemente contribuyeron al diseño institucional de la Comisión. Adicionalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos cometió otra falta al colocar a la señora de los Ríos en una posición de juez y parte del proceso. Considero que la señora de los Ríos, en su calidad de víctima de la guerra sucia, miembro del comité asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, amiga personal de dos candidatas y del secretario técnico de la Comisión de la Verdad, Camilo Vicente, no era la persona indicada para convertirse en miembro del comité de selección de las personas expertas, pues el conflicto de interés es evidente en múltiples niveles.

Son muy preocupantes tanto la falta de transparencia por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la selección final, como la creación de una comisión sin expertos en el tema a investigar, pues como se desprende de sus currículos, ninguno tiene experiencia de trabajo con víctimas de la guerra sucia ni investigación en el estudio de las prácticas de la violencia de Estado en las décadas de los sesenta a ochenta, como lo son la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado de población. Me preocupa, fundamentalmente, que en la comisión no haya ningún experto en la búsqueda de desaparecidos, que debiera ser el objetivo central de su labor.

Considero grave que el gobierno no haya alentado una discusión pública más amplia en torno a la Comisión y el proceso de selección. Todo ha pasado desapercibido y, como cualquiera que estudie los patrones de las comisiones de la verdad puede prever, sin presiones externas e internas, los perpetradores de crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen garantías de impunidad a perpetuidad. Al haber dejado en manos de los colectivos de víctimas las decisiones centrales sobre la conformación de la comisión, el gobierno mexicano se muestra más preocupado por aparentar que cumple con un compromiso frente a las víctimas, más que en los resultados que pueda brindar un proceso con estas características en el largo plazo. El modelo de comisión de la verdad que se ha implementado en México, de ningún modo debe servir de referente para futuras comisiones.

De parte de la sociedad civil, debe haber una vigilancia mayor para evitar que la primera comisión de la verdad de carácter federal se convierta en una simulación de verdad y justicia en perjuicio de las víctimas, cuyo universo se extiende a miles de familias dispersas en la república mexicana y los Estados Unidos, las cuales han sido históricamente marginadas de cualquier debate público sobre la justicia para los crímenes del pasado. Por esta misma razón, el gobierno no puede decir que la legitimidad de la Comisión se basa en los colectivos de víctimas. Lo único que podría legitimar a la Comisión es que recogiera todas las voces de los agraviados y tomara medidas expeditas para resolver las demandas comunes a todas las víctimas: que se revele el paradero de los desaparecidos, que se establezcan mecanismos extraordinarios para enjuiciar a los represores y que se repare el daño de forma integral a las familias vulneradas por la violencia del Estado mexicano.

sábado, 30 de octubre de 2021

Barrer la casa propia

 En los últimos meses, en México se ha aprobado la formación de una comisión de la verdad, de nombre inesperadamente largo, como el de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). La comisión es resultado de la tenacidad de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada y sobrevivientes del periodo conocido como guerra sucia o terrorismo de Estado. A la mayoría de los colectivos y personas involucradas en el proceso los conocí a partir de 2002, cuando la administración de Fox hizo un compromiso por juzgar a los funcionarios públicos que habían cometido graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, promesa que no sólo estuvo lejos de cumplir, sino que saboteó activamente, al crear una fiscalía especial en lugar de una comisión de la verdad y al someter a la primera a temas de coyuntura política para meter presión o negociar con las fuerzas vivas del PRI. 

El estado de indefensión de los familiares y sobrevivientes de la violencia de Estado, agraviados hasta la ignominia e ignorados por décadas, me conmovió profundamente. A los primeros que conocí en un evento público fue a los integrantes del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, entonces encabezado por David Cilia y Enrique González Ruiz. Ellos hacían reuniones todos los lunes por la noche, después del horario laboral, en un café de chinos cerca del metro Zapata. Por algún tiempo, fui asidua participante de sus reuniones y colaboré voluntariamente en algunas de sus actividades de rescate de la memoria de los exguerrilleros, como la transcripción de propaganda de organizaciones armadas de los 1970 y de testimonios de víctimas de tortura. Yo era una estudiante  de 22 años que recién acababa de terminar la licenciatura y que no tenía nada claro cómo podría ser su inserción en el mundo fuera de las aulas. De pronto, me encontraba en un espacio que nunca imaginé, escuchando testimonios de persecución, tortura, cárcel y desaparición, sorprendiéndome y lamentando todo el tiempo que esas atrocidades hubieran sido silenciadas por décadas. Supongo que no tenía la madurez ni la capacidad para procesar esas revelaciones ni el nivel tan extremo de afectación de las víctimas, todo me rebasaba, lo único que tenía claro es que quería ser útil de alguna manera.

En 2003, los compañeros del Foro Permanente me invitaron a una caravana que un grupo de exmilitantes organizaban para conmemorar el aniversario del asalto al cuartel de Madera, Chihuahua el 23 de septiembre, un episodio emblemático del comienzo del movimiento armado socialista mexicano. Yo recién había tenido el privilegio de conocer a Florencio Lugo Hernández, sobreviviente del asalto, en la casa de Carlos Montemayor en la CDMX, mientras éste lo entrevistaba. La perspectiva de visitar los lugares a los que don Florencio aludía me pareció muy excitante y acepté subirme al autobús que haría un recorrido de días hasta su destino final en la Alta Sierra Tarahumara. En ese viaje conocí a mucha gente que tendría un papel fundamental en mi vida en las siguientes décadas. Madera fue un "game changer." Estar frente a la tumba de Arturo Gámiz, muerto en la flor de sus 25 años, saber sobre su vida y lucha por boca de sus compañeros, Salvador Gaytán, Ramón Mendoza y Francisco Ornelas, asistir a la presentación de la novela de Montemayor "Las armas del alba" y ser testigo del apego comunitario por los guerrilleros, me sacudió enteramente. Como lo he narrado muchas veces, ese fue el momento en que decidí que quería estudiar a los guerrilleros mexicanos. 

Mi primer paso fue elegir un objeto de estudio. Entre los pocos temas de los que había leído algo, las FLN destacaban como un grupo del que no se sabía casi nada, a pesar del libro policiaco de Carlos Tello, "La rebelión de las cañadas." Me interesé así por estudiar la masacre de Nepantla de 1974. Originalmente, mi idea era escribir un artículo breve al respecto. Un 26 de octubre de 2003, visité la casa grande de Nepantla directamente, parecía abandonada, tomé fotos del exterior y empecé un trabajo de entrevistas con personas que podían darme una pizca de información. Porque siempre eran eso, pizcas. Nunca una narración extensa, acabada y convincente. En general, era un silencio borroso, que no alcanzaba a musitar algo coherente.

Un día, los compañeros del Foro Permanente me invitaron a una protesta contra Echeverría en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ahí conocí a gente que me indicó que ellos estaban yendo al Archivo General de la Nación a sacar expedientes de la guerra sucia. Me pareció un dato interesante y al día siguiente fui al AGN. Después de consultar un instrumento de consulta muy básico, me dirigí a la galería 2, donde estaba el fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Casi inmediatamente después de abrir un legajo, encontré las declaraciones de Elisa Irina Sáenz Garza y Raúl Enrique Pérez Gasque del 9 de abril de 1974, quienes habían sido detenidos en la selva lacandona y trasladados a la Base Aérea de Santa Lucía, para posteriormente -asumo- ser llevados a la prisión clandestina del Campo Militar No. 1. Saber que Tello, quien había tenido acceso a los expedientes de Gobernación, había afirmado que ellos habían sido ejecutados en la selva, cuando en realidad sabía que los capturaron vivos, me llenó de estupor. A partir de ese día, visité el archivo a diario, con una consistencia inquebrantable. Pasaba horas leyendo los expedientes y tomando notas. No tenía dinero para fotocopiarlo todo y no estaba permitido tomar fotos. Reproduje algunas fojas y transcribí otras, con paciencia de santo. Me intrigaba saber qué tanto sabían las familias de lo que había pasado. Decidí buscarlos, a todos. Sorprendentemente los encontré, a todos. Y nadie tenía idea de la existencia de esas fuentes. Tuvieron que asimilar la idea de que sus familiares estaban desaparecidos, cuando los habían dado por muertos por años. Algunos familiares mostraron interés en darle seguimiento al tema y empezamos un proceso de colaboración de búsqueda de los desaparecidos, el cual empezaba en el AGN y tenía como segunda parada la FEMOSPP. En el ir y venir a la fiscalía conocí a muchos familiares que interponían denuncias, declaraban o aportaban información sobre sus propios casos, por ejemplo, a Aleida Gallangos, quien buscaba a su hermano desaparecido en la infancia con una pasión y tenacidad que he visto pocas veces en la vida.

El círculo de víctimas se ampliaba geométricamente ante mis ojos. Cómo era posible que esa guerra hubiera sido oculta por tantos años? Por qué las víctimas habían sido ignoradas por tanto tiempo? Por qué la sociedad mexicana seguían sin reaccionar ante las denuncias de los peores horrores? La indiferencia de los mexicanos hacia la guerra sucia, hasta el día de hoy, es uno de los legados más dolosos del largo reinado del partido único de Estado. Esa indiferencia alimentó en mi un sentido de compromiso moral con las víctimas, no sólo las de las FLN sino todas, en general. Fue así como empecé un trabajo un poco errático de entrevistas con familiares de víctimas, en la búsqueda de los desaparecidos. En el proceso pasaron varias cosas: colaboré en la organización de un grupo de hijos de desaparecidos que adoptaron el nombre de "Nacidos en la tempestad" por sugerencia mía; ayudé a Aleida Gallangos a averiguar que su hermano vivía en la ciudad de Washington D.C., lugar donde, finalmente, lo encontró; le saqué sus expedientes del AGN a decenas de familiares y sobrevivientes de la guerra sucia; contribuí a esclarecer dudas de muchas personas que vivieron esa época, cuyas respuestas estaban en los archivos y, lo más importante de todo, a través de la red de contactos que tejí, ayudé a que algunas familias se reencontraran físicamente. Tal fue el caso del hijo de Joaquín Porras Baños y Lilia Jiménez Sarmiento. Por mi intermediación telefónica, él se contactó con la familia de su padre. Del mismo modo, Leonor Porras Baños supo que el hombre con el que había procreado una hija, Leopoldo Angulo Luken, había fallecido décadas atrás. La puse en contacto con la única persona que podía confirmarle el deceso, Miguel Topete, compañero de armas de Angulo.

Todo este trabajo fue desinteresado y sin paga, lo que provocó una reacción violenta de un puñado de comités de familiares de desaparecidos que llevaban décadas monopolizando el tema. Debo aclarar que  otros comités, como el Foro Permanente, nunca me atacaron, a pesar de los desacuerdos que llegamos a tener. En cambio, los del monopolio, desde el principio me trataron como si yo fuera competencia, como si quisiera quitarles su protagonismo en el tema o a sus "clientelas" (así veían y trataban a sus miembros), con mucha molestia porque yo enfatizaba que más del 90% de las víctimas del periodo no pertenecían a ningún comité. Circularon toda clase de rumores e infundios contra mi persona, como que yo era infiltrada de la SEGOB, e intentaron poner a la propia gente de la organización a la que asesoraba en mi contra. La inquina de los ataques me parecía exagerada y hasta machista (yo era una mujer sola, pero siempre me echaron montón), sin embargo, nada me amilanaba ni me impedía seguir en la ruta de lo que estaba haciendo, una investigación histórica con auténtica utilidad social. 

Y así, yo seguí con mi trabajo y el puñado de comités con sus intrigas, esa fue nuestra normalidad por muchos años, hasta que recibí una amenaza de muerte indirecta en los mismos términos en que los comités me descalificaban, lo que me obligó a confrontarlos. Envié una relación de hechos a la CNDH aclarando el origen de los rumores y la amenaza de muerte que se cebaba sobre mí. Básicamente, al difamarme como una infiltrada de la SEGOB, los comités me habían puesto en una situación de suma vulnerabilidad, en la que un grupo oscuro les había tomado la palabra y quería ejecutarme. Hice pública la amenaza en mi blog y recibí apoyo de colegas de la comunidad académica, quienes hicieron una carta en mi apoyo. En esos años terribles de normalización de la violencia extrema (2010-2011), cosas como la que me pasaron eran irrelevantes ante las masacres, "levantones" y destazamientos que se anunciaban en los medios todos los días. Otra cosa que hice, que ahora lamento, fue haberle advertido al señor Jaime Laguna que él también estaba en la lista de candidatos a ejecución del grupo oscuro, como otro presunto infiltrado de la SEGOB. El confrontó directamente a mi fuente y ésta, en vez de confirmar haber sido testigo presencial de la reunión donde se dio a conocer la lista, negó saber cualquier información al respecto. Yo sabía que la versión que me dio a mí era verdadera y la que le dio al señor Laguna, falsa, pero no insistí en el tema. Lamentablemente, años después el señor Laguna ha distorsionado ese episodio inventándome un conflicto con el EPR y el EZLN que nunca he tenido. Jamás insinué, ni por error, que el grupo oscuro que nos amenazó proveniera de ahí. En sus reiteradas agresiones a investigadores, sobre todo a quienes contribuimos a evidenciar que él no fue un militante clandestino de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como lo presume, el señor Laguna siempre saca esta mentira a colación, pues él sabe los efectos que esto puede tener, para ponerme en una posición de vulnerabilidad.

Estaba muerta de miedo, en la paranoia total. Sin embargo, no doblé las manos, seguí con mi trabajo de investigación y acompañamiento a víctimas, hasta que mataron a Isabel Ayala, viuda de Lucio Cabañas, en Xaltianguis, Guerrero, el 3 de julio de 2011. Pese a lo difícil de las condiciones, me trasladé con dos valientes a Xaltianguis, al funeral, para acompañar a su familia en un momento tan terrible. Ahí supe lo que era la guerra de verdad. En Ciudad de México estábamos blindados de sus horrores, pero Guerrero era escenario de lo peor. En el camino sólo cerraba los ojos para no encontrarme con descabezados o colgados. La perspectiva de que nos parara un narco-retén, era aterradora. Las cosas que contaba la gente sobre la guerra de los cárteles me hacían un nudo en el estómago. Era una carnicería inaudita y los métodos de tortura eran peores que cualquier cosa que hubiera escuchado o leído antes. Esos días se cuentan entre los más aciagos de mi vida.

Este episodio ignominioso coincidió con un conflicto que tuve con la gente de Nacidos en la tempestad. Ellos llevaban tiempo cuestionando mi independencia crítica, diciéndome que no podía pretender estar con las víctimas y al mismo tiempo querer escribir una historia objetiva. Terminé por darles la razón, si para ellos la condición de hacer cosas para llevar a juicio a los represores y reparar el daño a las víctimas, era que yo renunciara a la independencia académica, prefería renunciar al colectivo, así nadie censuraría mis escritos por no estar de acuerdo con mi versión de los hechos. Mi salida del colectivo se dio en circunstancias muy ríspidas. Acusé a los compañeros de cobardes por no haber hecho lo suficiente para apoyar a Micaela Cabañas, la hija de Isabel Ayala. Al mismo tiempo, Fritz Glockner me confrontó indirectamente a través de un personero (nunca de frente y mirándome a los ojos) en torno a las versiones sobre la muerte de su padre. Supongo que él sentía que yo le disputaba su derecho a considerarse víctima por haber descubierto que, en efecto, a su padre lo ejecutaron las Fuerzas de Liberación Nacional por considerarlo un delator, y no la Brigada Blanca, como él aseguraba. El señor Glockner desde entonces me aborrece y me difama entre sus contactos, pero siempre en la penumbra, nunca públicamente. No ha tomado nota de que las mismas FLN han reivindicado el ajusticiamiento de su padre. Y sin embargo, eso no le quita su condición de víctima, puesto que las autoridades nunca investigaron la ejecución de Glockner y su compañera Nora Rivera, ni aprehendieron a los responsables. En el relato del guerrillero heroico, el único héroe es el que cae en manos del enemigo. Yo nunca adopté ese marco, siempre insistí en dos cosas: por un lado, que Glockner y Rivera fueron salvajemente torturados y que resistieron por un día entero antes de llevar a la policía a la casa de Nepantla y, por otro lado, que las FLN aplicaban códigos de guerra a sus militantes, completamente rígidos y sin atenuantes. Desde esa estrechez militarista se produjo la doble ejecución. En la visión de los Nacidos en la tempestad, esto implicaba una deslealtad a las víctimas. Según ellos, yo simplemente debía haber adoptado la versión de Glockner. A caso tendrían razón en cuanto a que no se puede pretender estar con las víctimas y ser imparcial? No lo sé, pues he sabido de casos exitosos de colaboración entre investigadores y víctimas, donde no se da ese tipo de condicionamiento y censura, debido a la madurez y al nivel de diálogo profundo entre las partes.

El puñado de colectivos en mi contra, a los que se sumaron Nacidos en la Tempestad (mi creación, mi Frankenstein), pese a tener algún poder político-mediático, representaban a muy pocas víctimas. Yo seguí apoyando a víctimas en varios estados de la república y manteniendo relaciones cordiales con otros colectivos de sobrevivientes de la violencia de Estado, aún incluso después de que tomé la decisión de irme de México, en medio de un stress post traumático muy fuerte y una profunda decepción por todo lo que estaba pasando. Dejé, tras de mí, un puñado de comités que se despedazaban entre sí por el derecho de erigirse en los únicos representantes del movimiento de víctimas de la guerra sucia, un país destrozado y herido por la violencia extrema del crimen organizado y de las corporaciones policiacas y militares corrompidas y un número cada día creciente de personas que buscaban a sus familiares en fosas clandestinas y entre las cabezas que se guardaban en las morgues. Estas fueron las verdaderas razones por las que decidí salir del país, ya no podía con tanta toxicidad, me estaba evenenando y matando por dentro.

Estos días cumplo diez años de haber salido de México. En todos estos años he tenido la posibilidad de pasar largas temporadas en mi hometown. Seguí con mis iniciativas para escribir la historia, abrir los archivos, memorializar a las víctimas, buscar a los desaparecidos, recuperar testimonios. Era poco lo que podía hacer, pero ese poco, lo hice con mucho compromiso y convicción. Ese trabajo me ha ganado el cariño de algunos, el respeto de muchos y la envidia de otros tantos que no soportan que haya metido mi cuchara en casi todos los estados de la república donde hubo guerra sucia. A ellos no les importaba que nadie más hiciera trabajo con esas víctimas, simplemente no querían que yo lo hiciera. A algunos los dejé de ver hace diez años y ahora que me los topo otra vez siguen ahí, congelados en el tiempo, con el mismo discurso de odio y desconfianza, en el lugar de siempre. Será este un efecto prolongado de la represión, de la necesidad de reconocimiento y del sentido de que la sociedad, en su conjunto, debe repararles con creces el sufrimiento? Me dan tristeza tanto encono y canibalismo, pero me doy cuenta de algo. Debí barrer la basura de mi casa hace mucho tiempo. No privilegiar el silencio, la distancia y el respeto por gente que juega muy sucio y no se respeta ni a sí misma. Debí confrontarlos públicamente y ponerlos en su lugar, pues finalmente si ellos nunca lo han hecho respecto a mí, es porque saben que llevan las de perder ante una audiencia general, sin más pruebas que sus intrigas y mentiras. Este escrito es mi primer esfuerzo por nombrar algo que siempre me resultó muy doloroso: la deslealtad y la traición de gente a la que me volqué a ayudar de múltiples formas. Seguramente cometí errores, pero estoy completamente segura que ninguno de ellos justifica el nivel de intriga y calumnia del que he sido objeto. Yo seguiré mi trabajo con las víctimas, de la narcoguerra,  de la guerra sucia, de la cristiada, de la revolución, de todas aquellas violencias en las que el Estado arrasó con la memoria de los de abajo y los condenó al olvido y al silencio. Y ahora lo haré con más brío y alegría, pues al fin, al fin logré barrer la casa por completo, sin pena ni duelo.

Finalmente, sé que algunos colectivos de los que he mencionado, tienen un papel protagónico en la nueva comisión de la verdad. Por un lado, celebro que les haya llegado la hora, llevaban mucho tiempo luchando y esperando una respuesta del Estado. La comisión es una pequeña medida de justicia que todos deberíamos festejar. Por otra parte, me pregunto si algunos querrán censurar a los investigadores como quisieron censurarme a mí, o los dejarán trabajar en libertad de mantener su independencia crítica. Me pregunto, también, cómo abordará la comisión temas que resultan tan complicados, como las ejecuciones internas de la guerrilla, los "otros desaparecidos," los relatos familiares que contradicen la evidencia documental (como el caso Glockner), los tiroteos colectivos con daños colaterales, en los que participaron algunos de los familiares de las víctimas, etc. Lo he platicado con algunas de ellas; unos piensan que no es hora de hablar de eso, que nuestra sociedad no está preparada para ese debate. Otros consideran que debe darse a conocer todo, sin censura. Es México y no nos podemos poner de acuerdo en nada. Yo hubiera intentado apostar a la educación, mostrando a los familiares la importancia de la verdad histórica para alcanzar la verdadera reconciliación nacional, con base en el ejemplo de otros países. Evidenciar lo nocivo de las políticas de censura informativa, que no sólo no resuelven sino que pueden agravar los problemas. Finalmente, enfatizar que el responsable mayor de lo ocurrido, de lo que no puede caberle duda a nadie, es el Estado mexicano. El reto mayor de la comisión, sin embargo, no está en estos temas secundarios, sino en encontrar el paradero de los desaparecidos. Sin eso, ningún esfuerzo valdrá la pena. Si en algo nos podemos poner de acuerdo, a pesar de un pasado de diferencias y desencuentros, de inquinas y rencores, que sea en la búsqueda expedita de los desaparecidos.