jueves, 30 de junio de 2022

Por qué el ejército se resiste a juzgar a los militares que perpetraron atrocidades durante la guerra sucia?


Desde que empezó a hablarse de la necesidad de ajustar cuentas con el pasado de autoritarismo y represión de la era priísta, tras la alternancia partidista del 2000, las fuerzas armadas han sido el sector más reacio a colaborar con tales esfuerzos. Su única contribución fue la entrega de una mínima parte de su archivo al AGN, la cual por sí misma hubiera bastado para llamar a declarar a un sinnúmero de militares retirados o en activo. Sin embargo, nada de eso ha pasado. Se sabe que al crearse la fiscalía especial para la guerra sucia (FEMOSPP), el recién fallecido Secretario de la Defensa Nacional de Vicente Fox, Gral. Clemente Vega, junto con el titular de la PGR, Gral. Rafael Macedo de la Concha, presionaron a Fox para sabotear los trabajos de la fiscalía, entre otras cosas, negándole el acceso a información confidencial. Cabe recordar que Macedo fue el primer militar al frente de la PGR desde 1917. No llegó ahí por capricho de Fox, sino como recordatorio del poder de las fuerzas armadas.

Los militares no tienen nada que ganar con la revelación de la verdad. En cambio, su identidad y trayectoria quedarían fuertemente cuestionadas si reconocieran todo lo que han hecho, pues quienes cometieron las peores atrocidades no fueron el cabo Chuchito o el soldado Juanito, sino el alto mando que ordenó llevar a cabo tácticas de tierra arrasada y todo género de masacres y desapariciones masivas de personas. El mismo alto mando que, a la par que exterminaba a la izquierda revolucionaria, se involucraba en el lucrativo negocio del narcotráfico, aprovechando su intervención en las campañas antinarcóticos.

Algunos de los militares más venerados por la SEDENA, quienes a lo largo de su vida fueron ampliamente condecorados, se retiraron con honores y son hasta ahora considerados modelos a seguir para las nuevas generaciones, también fueron algunos de los peores carniceros. Tal es el caso de la alta oficialía del Batallón de Fusileros Paracaidistas, una de las unidades especializadas en contrainsurgencia, la cual fue una de las encargadas del proceso de eliminación de los desaparecidos del régimen. 

Entre los oficiales del BFP que en el sexenio de López Portillo presuntamente tuvieron la encomienda de ejecutar a mansalva a los presos clandestinos -guerrilleros, narcotraficantes, campesinos invasores de tierras y civiles inocentes-, destacan los nombres de José Hernández Toledo, Edmar Euroza Delgado, Rubén Darío Sumuano Durán y Delfino Mario Palmerín Cordero. Este último fue el Subsecretario de la Defensa durante el gobierno de Fox. Ninguno de ellos fue llevado jamás ante un tribunal. De ellos, siguen vivos Euroza, Sumuano y Palmerín.

Sin defensa legal y desprovistas de todo derecho, las víctimas eran trasladadas de la prisión clandestina del Campo Militar No. 1 a las bases militares de San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca (Campo Militar No. 37-C) o San Juan Teotihuacán (Campo Militar No. 37-A, muy cercano a la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía), ambas en el Estado de México. Ahí eran llevadas a campos de tiro donde se les disparaba con armas de grueso calibre hasta quedar completamente destrozadas e irreconocibles. Sus restos tal vez fueron  enterrados o incinerados en algún crematorio del Campo Militar No. 37. Todo esto se supo por el testimonio del desertor Zacarías Osorio Cruz en su juicio de asilo en Canadá en 1988 (este se puede consultar en el libro Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México).

El alto mando actual no hará nada contra sus oficiales retirados. Su poder ilimitado, sin contrapesos, se finca en una larga historia de servicio incondicional al presidente en turno, impunidad absoluta, memoricidio y la promoción de un relato heroico y ficticio donde las fuerzas armadas son los buenos de la película.

He llegado a la conclusión de que no habrá justicia para las víctimas de la guerra sucia, por lo que se hace menester denunciar por nombre y apellido a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, escracharlos como se dice en buen argentino. Que la memoria que prevalezca no sea la del exterminador sino la de la víctima que sufrió la destrucción de su terruño, la detención ilegal, la prisión clandestina, la tortura ilimitada y una forma de ejecución-desaparición que uno no le desearía siquiera a un animal infeccioso. No lo digo metafóricamente. El ejército dio un trato menos barbárico al ganado sacrificado durante la fiebre aftosa de 1952.


General de División Delfino Mario Palmerín Cordero.

Foto tomada de la Revista Armas, la cual señala que Palmerín: "fue de los primeros militares mexicanos en adquirir la Green Beret o Boina Verde en Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde además fue instructor de Español en la Academia Militar de West Point, entre muchos logros más. Pero dos de los cargos que más le llenan de orgullo y satisfacción al General Palmerín Cordero son los de Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, donde hizo verdaderas aportaciones que hasta el día de hoy siguen vigentes en ese cuerpo especial. [...] Es el autor del Himno de los Paracidistas, el diseñador de su escudo, y quien gestionó el uso de la Boina Roja que se utiliza hasta hoy."





domingo, 26 de junio de 2022

La teoría de los dos demonios, los límites del liberalismo y la transición sin transición

El pasado 22 de junio del 2022 ocurrió un hecho inédito en la historia reciente de México: la administración de Andrés Manuel López Obrador convocó a familiares de víctimas de la llamada guerra sucia y a familiares de los militares caídos en esos años a atender el acto de apertura de la colaboración entre la Comisión para la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990 y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo primero que cabe observar es que, lo que debió ser un acto de desagravio, perdón y demostración de voluntad política para ajustar cuentas con el pasado, se convirtió exactamente en lo contrario. La equiparación entre los familiares de las víctimas con los familiares de los soldados caídos “en el cumplimiento de su deber” en la jerga militar, dio la sensación de ser una trampa perversa en la que cayeron los colectivos de familiares de víctimas que le dieron su voto de confianza al gobierno de la 4T y su comisión de la verdad. Viene al caso recordar que no se trata de una comisión independiente, sino de una comisión presidencial que, como lo he explicado con anterioridad, está conformada por gente afín a la actual administración, algunos de cuyos integrantes incluso colaboraban previamente con la SEGOB en el diseño de la política de la memoria sobre el periodo.

         Por mi relación con algunos de los colectivos de víctimas que participaron en el evento, se que la mayoría, si no es que todos, ignoraban que los familiares de los soldados caídos habían sido convocados. Es muy probable que, si se les hubiera dicho esto con antelación, se hubieran rehusado a asistir. Los colectivos están muy divididos entre sí, pero coinciden en rechazar una amnistía para los militares, incluso si ello entrañara la revelación del paradero de los desaparecidos. La demanda unificadora es clara, no hay verdad sin justicia. El presidente López Obrador desde campaña manejó el discurso del perdón y la reconciliación y en los eventos públicos relacionados con la guerra sucia ha promovido el sentar a las víctimas junto a los victimarios. En sus discursos se erige como un juez que da la razón a ambas partes, ignorando los principios más básicos de los derechos humanos.

 

La memoria oficial liberalizante

         El primer orador del evento en Campo Militar No. 1 fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Su discurso estuvo a tono con las demandas de memoria, verdad y justicia, sin embargo, llama la atención el manejo despolitizado que hace de los guerrilleros socialistas, al referirse a ellos meramente como disidentes políticos y al subsumir sus luchas con la de los movimientos sociales (campesinos, urbanos, estudiantiles, magisteriales, sindicales, etc.). En sus palabras se percibe miedo al lenguaje, reticencia a nombrar las cosas como fueron o una sutil negativa a reconocer a las organizaciones armadas clandestinas y sus metas explícitamente anticapitalistas y socialistas. La memoria oficial que la 4T quiere imponer sobre estas luchas en su conjunto parte de una visión teleológica según la cual todos los opositores de la era priísta lucharon por la democracia y el triunfo de AMLO fue la culminación de décadas de movilización social. Esto se advierte claramente en estas líneas del discurso de Encinas:

Esta transformación [la 4T] se reconoce en las luchas políticas y sociales que recorrieron ciudades y comunidades en todo el territorio nacional, en la sierra guerrerense, en las luchas por la tierra, la libertad sindical y la defensa de los derechos laborales, en los movimientos urbanos del magisterio, de los estudiantes universitarios y normalistas, la lucha por la libertad de prensa y la lucha de los disidentes políticos quienes lucharon por la democracia electoral que, ante la cerrazón de un régimen autoritario, empuñaron el idealismo de construir un mejor país. En esas luchas nos reconocemos millones de mexicanas y mexicanos que han sostenido sobre sus hombros la esperanza en la transformación de México.

         No es motivo de sorpresa que el grupo en el poder utilice la historia para apuntalar sus fines políticos, esa ha sido la dinámica que ha atravesado la historia mexicana. Lo sorprendente es lo burdo de la tergiversación histórica. Las organizaciones armadas clandestinas de los 1960 y 1970 eran diametralmente opuestas a las organizaciones donde militaban personajes como AMLO y Encinas (el PRI y el Partido Comunista Mexicano, respectivamente). No luchaban por la democracia sino por un cambio radical del sistema socioeconómico, que entrañaría la instauración de un régimen político basado en la dictadura del proletariado. No eran demócratas, pues pensaban que el mundo sólo podía cambiarse a balazos. La manera en la que la 4T busca hacer asimilables a los guerrilleros al ponerles un barniz de liberalismo demócrata es inaceptable. Las opiniones están divididas respecto a si la 4T es la heredera legítima de los movimientos sociales pacíficos, como insinúan AMLO y Encinas, pero este es un tema sobre el que regresaré en otra ocasión.

En su discurso, Encinas también delineó el plan de trabajo entre la comisión de la verdad y la SEDENA, un plan con el que no podría estar más de acuerdo, pues incluye la inspección ocular de las instalaciones donde se llevaron a cabo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el acceso a los archivos de la SEDENA y las entrevistas a militares retirados o en activo que hayan sido testigos o partícipes de esos hechos. En lo que no coincido es en que se maneje este plan de trabajo como si fuese algo sin precedente. Tanto la SEGOB como la comisión de la verdad parecen ignorar que tanto la CNDH en el sexenio de Zedillo como la FEMOSPP en el sexenio de Fox llevaron a cabo un trabajo semejante. Tanto a visitadores de la CNDH como agentes del Ministerio Público, al parecer acompañados de algunos civiles, se les dio acceso a las instalaciones del Campo Militar No. 1 y unos y otros dijeron no haber encontrado indicios de la prisión clandestina. En el sexenio de Fox se podían consultar las fotografías de esa inspección en la página de la CNDH; a través de ellas se puede advertir que el acceso a las instalaciones fue muy limitado y controlado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué garantías existen de que el ejército no hará lo mismo esta vez? ¿Qué organismos nacionales o internacionales se erigirán como árbitros para garantizar que el ejército no obstruya el acceso a la verdad?

En su discurso, el general Luis Crescencio Sandoval recordó que la SEDENA ya había transferido su archivo sobre aquellas décadas al AGN. Sus palabras textuales fueron: “esta institución ha entregado con anterioridad al Archivo General de la Nación mil 653 legajos relacionados con los movimientos sociales y políticos del pasado.” Desde 2002 en adelante, ante cualquier solicitud de información o transparencia, el ejército ha repetido el mismo guión: los archivos ya fueron entregados. Quienes hemos trabajado con el fondo documental de la SEDENA en el AGN sabemos que la información que se entregó fue parcial y rasurada, como si se hubieran elegido los documentos menos incriminadores para el instituto armado. Si resultara cierto que el ejército dará acceso a los archivos de sus diferentes unidades involucradas en la contrainsurgencia, se necesitarán varias docenas de investigadores para procesar esas cantidades ingentes de información.

Por otra parte un programa de entrevistas con represores y testigos, retirados o en activo, sólo puede ser viable si hay una presión legal de por medio o la promesa de una amnistía. En este escenario, ninguno de los dos casos es viable. La Fiscalía General de la República está presidida por uno de esos viejos represores de los setenta, Alejandro Gertz Manero que en sus funciones en la PGR lo mismo mandaba a torturar a coleccionistas de piezas prehispánicas que a presuntos campesinos marihuaneros y amapoleros. Gertz representa un obstáculo aún mayor que el del ejército, pues su carrera depende de resguardar el pacto de impunidad y silencio. Su presencia en la FGR es garantía de que nadie será juzgado por las atrocidades del pasado. Respecto a la posibilidad de ofrecer una amnistía, lo que se ha configurado a lo largo de este sexenio es una amnistía de facto. Ni uno solo de los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos de los sesenta a la fecha ha sido indiciado. No se avizora ninguna posibilidad de juicios a represores en el horizonte próximo. Los órganos encargados del tema le siguen dando largas a las víctimas, como si estas no llevaran 40 o 50 años de espera.

 

La instauración de la teoría de los dos demonios

En el estrado del evento en Campo Militar No. 1 había tres víctimas de la guerra sucia. Una de ellas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, hermana del guerrillero desaparecido Jesús Piedra Ibarra. Contrariamente a lo que cabía esperar, no hizo ningún pronunciamiento. La primera oradora fue Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y quien cuenta con más de 120 familiares asesinados y desaparecidos, incluida su madre. Ella describió los horrores que su familia extensa vivió cuando estuvieron detenidos-desaparecidos por dos años en la prisión clandestina del Campo Militar No. 1, lugar al que ella arribó siendo una bebé de dos meses. La segunda oradora fue Alicia de los Ríos, hija de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre (el padre murió en combate y la madre está desaparecida), quien fuera asesora de la SEGOB en la política de la memoria y quien eligió, junto con Encinas, a los integrantes de la comisión de la verdad. Por un mínimo acto de transparencia, debió esclarecerse que Micaela es delegada de la CNDH en Guerrero y que Alicia es asesora de la comisión. La cercanía de estas víctimas con la 4T dio la impresión de tratarse de un evento controlado, donde se esperaba que no habría grandes sobresaltos, a pesar de que se nombraron algunas de las prácticas más infames de las fuerzas armadas, como la tortura sistemática, la desaparición forzada en prisiones militares clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales, los vuelos de la muerte y la formación de grupos paramilitares como la Brigada Blanca.

         El tono mesurado pero firme de los discursos de Encinas, Micaela y Alicia fue dramáticamente aplastado por la participación insensible y revictimizante del secretario de la defensa nacional, gral. Luis Crescencio Sandoval González. Haciendo eco del que ha sido el discurso histórico del ejército, el general delegó la responsabilidad central de los hechos en la autoridad civil y entró de lleno en la legitimación y glorificación de las fuerzas armadas. En su discurso no había ningún indicio de entendimiento de la gravedad de los hechos que se le imputan a su institución. No había ningún asomo de arrepentimiento o deseo de pedir perdón, como tampoco el más mínimo trazo de comprensión de lo que entrañan los derechos humanos. Por ejemplo, la desaparición forzada es un delito que se comete todo el tiempo que la persona está desaparecida; aún si hay un recambio de autoridades, este no anula la responsabilidad de la institución perpetradora. El gral. Sandoval es tan responsable como lo fuera el gral. Hermenegildo Cuenca por no revelar el paradero de los desaparecidos. El gral. Sandoval habló de su institución como si hubiera habido un “borrón y cuenta nueva” y como si el ejército actual no tuviera nada que ver con el que cometió toda clase de abusos y atrocidades a lo largo del siglo XX.

         El gral. Sandoval dijo textualmente que: “Los derechos a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos son derechos que como parte de las instituciones del Estado mexicano debemos hacer valer en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, no hizo sino lavarle la cara al ejército, apelando a su carácter popular y de defensa de las poblaciones más vulnerables. El general evocó varios artículos constitucionales relativos a la misión del ejército de salvaguardar la seguridad interior y defender al país ante amenazas externas. Entre líneas, era claro que justificaba la actuación de los militares en el pasado, pues en la visión castrense estos no hicieron sino proteger a la nación del enemigo interno, que era la subversión comunista, instigada por agentes internacionales. Evidentemente, el ejército mexicano no ha atravesado por ningún cambio ideológico-cultural y sigue apelando a la doctrina de seguridad nacional en la que se basaron todas las guerras sucias del continente. Con ello se contraviene el principio fundamental de las garantías de no repetición de esos crímenes.

Lo más cercano que estuvo el general de reconocer los abusos del pasado fue cuando señaló: “Para atender las diversas situaciones que se generaron con estos movimientos sociales, el Estado mexicano en su momento adoptó políticas y medidas en algunas regiones del país que buscaron garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país.” Esto sin mencionar quién suspendió el Estado de derecho y cuál fue el sujeto que afectó a ese sector de la sociedad.

Otro dato preocupante del discurso del gral. Sandoval es que aludió únicamente a tres episodios de la guerra sucia: el asalto al cuartel general de Ciudad Madera, Chihuahua en 1965, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y los movimientos sociales (sic) del estado de Guerrero. ¿Significa esto que el ejército no reconoce los saldos del resto de sus acciones contrainsurgentes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México y el Distrito Federal?

         La cereza del pastel de este discurso plagado de contradicciones fue el establecimiento oficial de la versión mexicana de la "teoría de los dos demonios," que implica una especie de toma y daca: el ejército está dispuesto a reconocer a las víctimas del bando enemigo a cambio de que se le permita memorializar a sus propios caídos. No se dice explícitamente que los dos bandos hayan sido malos, sino que en ambos hubo bajas qué lamentar. El gral. Sandoval expresó sin escrúpulos:

Con esta misma convicción me dirijo a todas y a todos los que portan el uniforme de la patria, para manifestarles que en este significativo evento también se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes, por instrucciones del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se analizará su inclusión en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida.

Ninguna administración previa memorializó a los militares caídos durante la guerra sucia, ni siquiera los presidentes que derramaron más sangre, como Echeverría y López Portillo. Sólo Díaz Ordaz autorizó que se memorializara a los militares caídos en el asalto al cuartel Madera en 1965 y en la masacre de Tlatelolco en 1968. La razón principal por la que los gobiernos del PRI nunca celebraron con bombo y platillo la derrota de lo que denominaban como “movimiento subversivo” fue porque eran conscientes de que se habían extralimitado jurídicamente y porque la contrainsurgencia generó un movimiento de derechos humanos en torno a la presentación de los desaparecidos, el cual se erigió como una corriente de cuestionamiento moral tanto de los gobiernos responsables de las atrocidades como de sus sucesores. La cabeza más visible de ese movimiento, Rosario Ibarra de Piedra, contendió dos veces por la presidencia con la exigencia de la presentación con vida de su hijo y de todos los desaparecidos. Para el PRI no había forma de negar los hechos, a pesar de su negativa sistemática a revelar el paradero de los desaparecidos.

La pretensión de memorializar a los soldados caídos, décadas después, es anacrónica, contraria a los derechos humanos y, sobre todo, revictimizante. Los familiares reunidos en el Campo Militar No. 1 tuvieron que escuchar al gral. Sandoval jactándose por el tributo y sentido homenaje a los militares que perpertaron la guerra sucia y cayeron “en el cumplimiento de su deber.” Faltó quien le preguntara: ¿era su deber torturar bebés en frente de sus padres? ¿Era su deber desaparecer y tirar al mar a opositores y civiles desprovistos de toda defensa legal? ¿Era su deber arrasar pueblos enteros, indígenas o campesinos, como lo hicieron múltiples veces en Guerrero y en lugares como Golonchán, Chiapas en 1980?

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de los hechos se debe oponer rotundamente a la glorificación de los militares caídos durante la guerra sucia, pues durante esos años las fuerzas armadas en su conjunto violaron los derechos humanos de forma sistemática, ya fuese por acción, aquiescencia u omisión. Los militares están entrenados para pelear y, de ser el caso, morir en combate, ese es su trabajo, no hay nada extraordinario en ello. Lo lamento por las familias de los militares caídos, pero al menos ellas gozaron de una explicación oficial y de una pensión, a diferencia de las víctimas de la guerra sucia. Se dirá que los guerrilleros, al declararle la guerra al Estado, también estaban dispuestos a asumir las consecuencias, lo cual es cierto. Lo que no es aceptable, jurídica y moralmente, es la manera en que las fuerzas armadas gestionaron la contrainsurgencia, bajo una lógica de exterminio y de causar el máximo sufrimiento al enemigo, a sus familias y a sus comunidades. Estamos hablando del genocidio y la sevicia como políticas de Estado. Por ello, de ningún modo se puede equiparar a los militares muertos en combate con los guerrilleros asesinados, torturados y desaparecidos. No sólo hay un abismo ideológico entre ellos, también una patente asimetría de fuerzas, recursos y legitimación política y moral. Es menester recordar que hubo guerrilleros que cometieron excesos, pero fueron minoría, a diferencia de las fuerzas armadas. Además, a los guerrilleros no se les juzgó conforme a derecho sino a partir de la lógica de la venganza y de dejarles caer todo el peso del Estado, violentando con ello el marco legal vigente y los tratados en derecho internacional suscritos por México en aquellos años.

Los militares que deben ser rescatados del olvido son aquellos que manifestaron su desacuerdo con los métodos contrainsurgentes y los abusos a la población civil y, en consecuencia, fueron asesinados y desaparecidos por órdenes de sus propios superiores. Este sistema interno de limpieza ideológica, descrito por algunos desertores del ejército, era un método de terror para garantizar la complicidad y el silencio de todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas. A las familias de los soldados objetores de conciencia se les dijo que sus deudos habían perecido en una misión en la que no era posible rescatar el cuerpo por las condiciones del lugar. La realidad es que estos militares disidentes también fueron víctimas de desaparición forzada y no conocemos sus historias ni sus nombres por el férreo pacto de silencio del ejército. Que el ejército actual, en lugar de reivindicar la obediencia debida, tome el ejemplo de estos objetores de conciencia, porque nada obliga a los militares a obedecer órdenes que entrañen violaciones a los derechos humanos.

Mientras el gral. Sandoval proclamaba orgulloso la igualación de todos los caídos en el conflicto, los familiares de las víctimas, perplejos, gritaban: “vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Hasta donde se, ninguna multitud le había gritado en la cara a un Secretario de la Defensa mientras éste pronunciaba un discurso, haciéndolo inaudible. Fue un momento muy ríspido que dejó una sensación de puñalada trapera al voto de confianza que los colectivos de víctimas depositaron en la 4T. Aquí no hay confusión ni engaño, el gral. Sandoval dijo explícitamente que AMLO autorizó la memorialización de los soldados caídos y el presidente lo ratificó con su silencio. Pudo haber rechazado esta propuesta, pero no lo hizo. Con ello, le dio un balazo a su pretensión de pasar a la historia como el presidente que resolvió los problemas legados por la guerra sucia y, de paso, asfixió a su propia comisión presidencial de la verdad. Nada ni nadie impedirá que la SEDENA memorialice a sus caídos. Esto significa que las fuerzas armadas no entendieron nada y aspiran a una reconciliación superficial, fincada en la teoría de los dos demonios. Esta es una mala señal para un clima de respeto a la democracia, la paz y los derechos humanos al que millones de mexicanos aspiramos. El ejército conserva una mentalidad contrainsurgente y persiste en la doctrina de seguridad nacional, sólo está dispuesto a hacer algunos cambios cosméticos a condición de una extensión sin precedente de sus prerrogativas. No entraré a discutir aquí por qué AMLO ha llevado tan lejos su alianza con el instituto armado. Lo que me parece claro es que tuvo la oportunidad de ser el presidente que le hizo justicia a las víctimas de la guerra sucia y, en cambio, se aferró a una visión religiosa y ajena a derecho sobre el perdón y la reconciliación. Nunca entendió que ante los crímenes de lesa humanidad no hay perdón ni reconciliación posibles, borrón y cuenta nueva o cierre definitivo. Aún si el Estado mexicano implementara las políticas más avanzadas en materia de memoria, verdad, justicia y reparación del daño, esto no sería sino un remedio paliativo ante el daño que se le causó a cientos de miles de mexicanos. Sin embargo, ni siquiera estamos ahí. Todo apunta a que la 4T no va a poder resolver el entuerto que ha creado entre darle parte de razón a las víctimas y otra parte a los victimarios.

El discurso final de AMLO justifica el pesimismo. Si bien reconoció el derecho de los pueblos a tomar las armas contra los gobiernos injustos y condenó la respuesta exterminadora del Estado ante los insurgentes, empleó la ocasión para reivindicar su vía, la vía de la lucha electoral pacífica para llevar a cabo las grandes transformaciones nacionales que el país necesita. Su tono de autopromoción mostró poca empatía con las víctimas recién agraviadas por el discurso del gral. Sandoval, a quien felicitó ampliamente. Discursivamente, AMLO sostiene que la verdad y la justicia son la antesala de la reconciliación nacional. En los hechos, mantiene su alianza con personajes de ese pasado oscuro, como Gertz Manero, Manuel Barlett y otros menos conocidos. Las palabras finales de AMLO no dejan lugar a dudas de que ha abrazado la "teoría de los dos demonios" (¿o deberíamos llamarla "de los dos ángeles"?) como política de la memoria (cursivas mías):

Entonces, le agradezco al general secretario y a los oficiales del Ejército su lealtad, su verdadera lealtad, su auténtica lealtad. Porque esa es la instrucción: el que no ocultemos nada, absolutamente, cero impunidad. Y que podamos entre todos aclarar esta situación y que podamos, yo espero que no en mucho tiempo, tener ya un relato completo con recomendaciones con acciones que se deban de tomar para que de esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida, de los que se nos adelantaron y que lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber.

Reflexiones finales sobre la “teoría de los dos demonios”

         En diversas partes de América Latina y, de forma señera, en Argentina, surgió la llamada “teoría de los dos demonios” para explicar la dinámica de violencia insurgente y contrainsurgente. Esta visión propone que eran tan malos el pinto como el colorado y que las víctimas legítimas fueron las que, sin haber tomado partido por ningún bando, quedaron en medio del conflicto, lo que en la jerga militar se conoce como “daños colaterales.” Este discurso permeó el informe ¡Nunca más! de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, dado a conocer en 1984 y a la sociedad civil argentina le tomó décadas combatirlo. Al menos, en la actualidad, esa ya no es la visión oficial que priva en Argentina, pues se estableció el marco de memoria del terrorismo de Estado.

En México la “teoría de los dos demonios” nunca se institucionalizó, a pesar de ser la interpretación que enarbolaron muchos escritores liberales o de izquierda sobre la guerra sucia, como Carlos Monsiváis, Julio Scherer, José Woldenberg y, de forma notable, Héctor Aguilar Camín. Por otra parte, México llega con mucho atraso a las políticas de justicia transicional que caracterizaron a la mayoría de los países donde hubo conflictos armados internos de los sesenta a los noventa. Pese a que, desde el sexenio de Carlos Salinas hasta la actualidad hubo administraciones que se comprometieron a resolver el tema de la guerra sucia, los únicos resultados concretos fueron el informe de la CNDH sobre los desaparecidos del 2001; el informe ¡Qué no vuelva a suceder! del equipo de investigación histórica de la FEMOSPP del 2006, cuya versión original fue rechazada y censurada por la misma PGR; el informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero de 2014 y el informe Verdad y justicia para más de 43 de la Dirección General de Vinculación y Reparaciones Colectivas, sobre las causas históricas de la victimización en el estado de Guerrero (2020). El informe de la CNDH es el que más desentona en ese conjunto, pues presenta las violaciones graves a los derechos humanos como casos aislados de los que se debe responsabilizar exclusivamente a funcionarios públicos que faltaron a su deber. Esa fue la visión que adoptó la administración de Fox, incluyendo el área jurídica de la FEMOSPP-PGR.

Los otros informes (incluyendo el no censurado de la FEMOSPP) reconocen que la represión y el terror fueron políticas de Estado y que, en mayor o menor medida, todas las instituciones de gobierno participaron en el conflicto, no sólo las encargadas de la seguridad nacional. La actual administración y su comisión de la verdad empezaron con el pie izquierdo su abordaje de la guerra sucia, pues debieron asumir oficialmente estos informes y sus recomendaciones y enfocarse en dos metas concretas, como lo hicieron las comisiones de otros países: por un lado, esclarecer cómo funcionaba el circuito desaparecedor y cuál fue el destino final de los desaparecidos; por el otro, establecer las cadenas de mando que iban del policía de a pie y el soldado raso al presidente de la república y aportar evidencia para llevar a juicio a los pocos represores que aún quedan vivos. En lugar de eso, por motivos propagandísticos y de legitimación, el discurso oficial adopta un tono fundacional, como si esta administración fuera la primera que le ha entrado seriamente al asunto y como si los archivos y las instalaciones militares se abrieran por primera vez en la historia mexicana. Quizá les convendría hacer a un lado el tono triunfalista para enfocarse en lo que las víctimas quieren saber, que no es otra cosa sino el paradero de los desaparecidos. Nada podrá borrar el agravio de la ceremonia del Campo Militar No. 1 y la adopción de la “teoría de los dos demonios,” pero que el sexenio terminase sin que los mexicanos sepamos la verdad sobre los desaparecidos de la guerra sucia sería una catástrofe para la memoria, el derecho a la verdad y los derechos humanos en general.

Se entiende que personajes como AMLO o Encinas no puedan ir más allá de sus límites ideológicos marcados por el liberalismo democrático. No se justifica, pero se comprende que usen la historia del tiempo presente para satisfacer su agenda política. Sin embargo, la institucionalización de la “teoría de los dos demonios” apunta posiblemente a un síntoma más grave: el de la transición sin transición. Los funcionarios de la actual administración se legitiman en su presunta labor transformadora, pero siguen sin entender que lo que México necesita es menos desarrollismo/megaproyectos y más derechos humanos. No podemos seguir siendo una sociedad que lamenta masacres, ejecuciones y desapariciones todos los días. Esta violencia extrema tiene sus orígenes en la guerra sucia. El legado de ese terrible conflicto no se resolverá con discursos promisorios, intentos parciales de esclarecimiento histórico, indemnizaciones deficientes y la persistencia de la impunidad. Se necesitan, entre otras cosas, una política genuina de desarrollo social de las comunidades agraviadas; un aparato de justicia completamente renovado y comprometido con llevar a juicio hasta al último criminal de Estado y la transparencia absoluta de las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional, además de su compromiso con el respecto irrestricto a los derechos humanos de la población. Recordemos, además, que no sólo se trata de restañar las heridas abiertas por la guerra sucia, sino también las que dejaron las guerras de baja intensidad de los 1990 y la narcoguerra infinita que inició en 2006. Las víctimas merecen justicia y México necesita paz. Lamentablemente, no hay ningún indicio de que la 4T esté a la altura de las circunstancias para darle a cada quien lo que le corresponde.

Ilustración de Rodolfo Fucile.

sábado, 8 de enero de 2022

Respuesta de la SEGOB a mi solicitud de información sobre los puntajes del proceso de selección de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico


Una actitud deleznale por parte de algunos de los involucrados en el diseño y conducción del proceso de selección de la recién inaugurada Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH) de la guerra sucia, ha sido señalar -sin pruebas- que yo no fui seleccionada para ser parte de los comisionados porque no hice un uso ético de la información confidencial en mis investigaciones sobre el periodo. También dicen en sus corrillos que mis críticas al desaseo del proceso obedence a un presunto resentimiento/ego herido ocasionado por mi exclusión. Curiosamente, sólo circulan sus calumnias ante los colectivos de víctimas de la guerra sucia y en otros espacios privados, pues como seres de las sombras que son, no pueden probar sus dichos con evidencia ni tampoco tienen la menor intención de posibilitarme el derecho de réplica públicamente. Sin embargo, cuando termine de salir a la luz toda la verdad, ellos quedarán en una postura muy comprometida, al haber convertido un proceso tan importante para la memoria histórica  y la lucha contra la impunidad en un club de afinidades políticas y personales. Tras dos meses de haber hablado con diferentes participantes de los colectivos de víctimas, quienes eligieron a los comisionados de la CoVEH en una instancia autodenominada "asamblea de colectivos," no deja de sorprenderme que el proceso haya sido conducido de una manera tan turbia y sin el menor asomo de responsabilidad por parte de la SEGOB. 

A los periodistas e investigadores del presente y a los historiadores del futuro, encargados de escrutinizar la historia y el funcionamiento de la comisión de la verdad, les propongo la siguiente hipótesis, para que la confirmen o refuten. La lógica con la que ha gobernado el partido MORENA en la presente administración, no parte de la negociación con actores plurales para resolver conflictos, como tampoco de la inclusión de personas apartidistas o de agrupaciones políticas distintas (de capacidad probada) en la administración pública. Por el contrario, MORENA busca que cada servidor público y cada actor de la sociedad civil con el que interactúen sea un simpatizante o aliado declarado del presidente. Los demás son considerados enemigos a los que se les debe combatir por diferentes medios, principalmente en la arena pública, en redes sociales y medios afines al gobierno, no importa si son de derecha o izquierda. La forma en la que se creó la comisión de la verdad fue un microcosmos de este accionar de la llamada cuarta transformación (4T).

Los funcionarios de la SEGOB buscaron garantizar que en la comisión estuviera sólo gente afín a la 4T, para lo cual se valieron de la complicidad de personajes que asumen una triple identidad como investigadores, asesores/funcionarios de Gobernación y víctimas. Pongo como ejemplo el caso -no único- de la señora Alicia de los Ríos, una de los dos miembros del comité de selección que elaboró los puntajes de los postulantes a la CoVEH (un tercer miembro, perteneciente a la ONU, estuvo en calidad de asesor técnico, pero no tomó parte en el proceso). Parte de la jugada de ajedrez consistió en transmitir en línea las entrevistas con los postulantes, para darle un cariz de legitimidad a algo que ya estaba pre-cocinado, aunque se necesita la evidencia para demostrarlo fehacientemente. Por ello, el 1o de noviembre solicité a la SEGOB que se hicieran públicos "los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada."

A pesar de que el proceso de selección duró solamente cinco días, la SEGOB tardó dieciocho días en procesar su respuesta. El documento responde tangencialmente algunas de mis preguntas, sólo incluye mi puntaje, a pesar de que es bastante claro que pedí el de todos, y evade el tema mayor, que es la existencia de la asamblea de colectivos. Espero que otros investigadores tengan más éxito para esclarecer qué colectivos la integraron, por qué a algunos abogados se les fue otorgado un voto individual cuando sólo las víctimas tenían ese derecho, quién resguarda las minutas y los videos de sus reuniones en Zoom y con qué criterios eligieron a los comisionados. Esta es la segunda parte de mi hipótesis. La señora De los Ríos, con el interés de colocar a sus candidatos personales a toda costa -dos asesoras de Gobernación amigas suyas, un asociado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro que lleva el caso de su madre ante instancias judiciales e internacionales y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan- manipuló los puntajes para beneficiar a sus favoritos y perjudicar a quienes considera sus adversarios. Con estos puntajes, que posiblemente no reflejan más que su opinión personal y el interés del señor Encinas por tener una comisión controlada, la asamblea de colectivos tomó la decisión final. Sobre los detalles escabrosos que me han revelado quienes participaron en la votación no me compete ventilar nada, pues ellos han preferido guardar silencio por razones estratégicas y de seguridad personal. Lo único que puedo decir es que, si los investigadores logran que los videos de la votación salgan a la luz, a nadie le quedará duda que la asamblea de colectivos no se basó en criterios rigurosos. Por el contrario, votaron con base en vetos derivados de viejas rencillas personales, difamaciones, mentiras, y unos puntajes de dudosa integración. Además, de común acuerdo, excluyeron a todos los postulantes no radicados en México. Cabe señalar también que algunos de los colectivos ni siquiera sabían que las dos investigadoras que se encontraban en la lista de los puntajes más altos, Eugenia Allier y Aleida García, eran asesoras de Gobernación. Nunca habían oído hablar de ellas pero creyeron en los puntajes. La señora De los Ríos y sus cómplices engañaron a las propias víctimas con las que buscaban legitimar el proceso.

Esto me lleva a responder tres de los cuestionamientos que se me han hecho sistemáticamente en redes sociales. 1) Por qué quise participar en el proceso de selección? Como lo he expresado en escritos anteriores, yo creía que se trataba de una iniciativa seria, que se basaría en los modelos ofrecidos por otras comisiones de la verdad en América Latina y el resto del mundo y, sobre todo, que representaba la última oportunidad para saber lo que pasó con los desaparecidos de la guerra sucia. Por supuesto, si desde el principio hubiera sospechado que se trataba de una iniciativa cuyo objetivo era simular que el gobierno cumplió con una deuda histórica, no me hubiera postulado. 2) Por qué no hice un escándalo público en cuanto me di cuenta de que el proceso estaba lleno de irregularidades? Con razón o sin ella, puse por encima el interés de las víctimas de los colectivos. Desde el mismo día de la votación (28 de octubre) en adelante, varias de ellas me contactaron para describirme los pormenores de una votación con la que quedaron insatisfechas pero aceptaron como un mal necesario. Las víctimas me pidieron que no dijera nada para no afectar algo que representa para ellas una luz y una esperanza en la lucha histórica que han dado. Su reclamo me pareció justo, aún cuando iba completamente en contra de los intereses de otros compañeros postulantes, el de las víctimas no organizadas y el mío propio. Si mis declaraciones podían ser usadas para sabotear a la comisión, era mejor guardar un silencio prudente. 3) Por qué soy la única que ha manifestado su inconformidad ante el proceso de selección y por qué lo hice tardíamente? Algunos postulantes con los que tuve contacto me dijeron que al darse cuenta de que no era una iniciativa seria, perdieron todo interés en involucrarse en una discusión pública o privada sobre lo que consideran una farsa que no llevará a nada. Otros comparten mi indignación, pero no están en condiciones de hacer públicas sus críticas, por temor a las consecuencias. Por mi parte, estoy en una situación privilegiada que me permite no temer a las represalias del gobierno ni mucho menos a los rumores malintencionados de ciertos funcionarios de la SEGOB y sus aliados, quienes en lugar de tener la humildad de ejercer la autocrítica, pedir perdón por sus omisiones o buscar la reconciliación, insisten en sus calumnias infantiles. Si hablo hasta ahora es precisamente porque ellos persisten en la lógica de la omnipotencia de quien se lleva el "carro completo" y no tiene nada que negociar con nadie, lo cual me parece muy lamentable, pues pareciera que le dan a la CoVEH el tratamiento de botín político.

Como una ciudadana que ha pertenecido a la oposición la mayor parte de su vida, no tengo ninguna razón de peso para regalarle mi silencio a la 4T. Espero que en algún momento entiendan el valor del pluralismo y el papel de las minorías y abandonen el fetiche priísta del carro completo, sobre todo tratándose de un asunto tan delicado, como son los derechos humanos, que no deben ser sometidos a una lógica partidista bajo ninguna circunstancia. También confío en que las víctimas de la época actual aprendan de la  experiencia en la creación de esta comisión de la verdad, para que pugnen por un modelo completamente distinto, que no caiga en el partidismo y el personalismo que tanto daño han hecho a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no sólo para los agraviados, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. Es hora de que se abandone la visión patrimonialista de los derechos humanos, como algo que compete exclusivamente a quienes han sido lesionados en sus derechos. Ese entendimiento limitado ha favorecido, entre otras cosas, el aislamiento de las víctimas y la formación de ciertos liderazgos/cacicazgos que buscan construir una especie de clientelas políticas con los afectados. Cuando la sociedad en su conjunto entienda que la violación de los derechos humanos de uno solo nos afecta potencialmente a todos, podremos construir una auténtica cultura ciudadana contra el abuso de poder, la impunidad, el olvido y el silencio.

A continuación, reproduzco la respuesta que le dio la SEGOB a mi solicitud de información.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2021

Asunto: Respuesta a solicitud de información

DRA. ADELA CEDILLO

ASSISTANT PROFESSOR

UNIVERSITY OF HOUSTON

P R E S E N T E.

 

En atención a su solicitud de información del 01 de noviembre de 2021 que a la letra dice:

Por este conducto, en mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.

Al respecto comparto con usted que el Comité de Selección quedó instalado el 13 de octubre de 2021, siendo integrado por:

I.         Alejandro Encinas Rodríguez como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

II.         Alicia de los Ríos Merino como representante de los colectivos de familiares de personas detenidas-desaparecidas y de sobrevivientes de la contrainsurgencia del pasado reciente.

III.         Con la asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quedando representada en dicha ocasión por Jesús Peña Palacios.

El Acta de instalación del Comité de Selección es pública y puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/ACTA_DE_INSTALACION_DEL_COMITE_DE_SELECCION.pdf

De igual forma, la información relativa al proceso de selección, los criterios y las fases, se encuentra ya publicada en a través del documento “Versión pública del resultado del proceso para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. Disponible en el siguiente enlace:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/RESULTADO_PROCESO_DE_SELECCION.PDF

Los criterios de selección que contribuyeron a la toma de decisiones en la designación quedaron referidos en la cláusula XVIII de dicho documento, estando desglosado cada criterio por indicador, definición y escalas de medición.

Sobre los puntajes obtenidos hago de su conocimiento lo siguiente:

·       En relación a los criterios de evaluación curricular, de un total de 26 puntos posibles, tras la revisión de los documentos entregados por usted durante el proceso de selección, usted obtuvo 16 puntos. En esta evaluación, el máximo puntaje obtenido fue de 18.

·       En relación a los criterios de evaluación para la etapa de entrevista, de un total de 16 puntos posibles, tras haberse llevado a cabo el proceso de entrevistas, usted obtuvo 8 puntos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Como lo establece la base OCTAVA de las Bases de la Consulta Pública para seleccionar a las cinco personas expertas que se integrarán a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el Comité de Selección valoró de manera colegiada, con la asistencia técnica de la OACNUDH, cada uno de los perfiles hasta consensuar en la selección de las cinco personas expertas que forman parte de la Comisión.

Las bases pueden consultarse en:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

Sin más por el momento, quedamos de usted.

 

 

EQUIPO TÉCNICO

DE LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA VERDAD, EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y EL IMPULSO A LA JUSTICIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DE 1965 A 1990

 

                           "No hay democracia con desaparecidos," un lema vigente al día de hoy.
 

 


sábado, 11 de diciembre de 2021

Una Comisión de la Verdad inaugurada con presencia de los militares

 

Hay un viejo dicho que dice que en política, la forma es fondo. El 10 de diciembre, día en que se conmemoran los derechos humanos, en la ciudad de Chihuahua, se inauguró la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia con la presencia del ejecutivo federal, la gobernadora del estado de Chihuahua, el presidente municipal, los secretarios de la Defensa y la Marina, la secretaria de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Gobernación, la CEAV, la CNDH, el AGN, la Comisión Nacional de Búsqueda, los representantes de colectivos de víctimas que han estado detrás del proceso formativo de la comisión y los comisionados que tomaron posesión de su cargo honorario. Un hecho sin precedente en la historia mexicana a partir del que, en teoría México se suma finalmente a la lista de naciones dispuestas a ajustar cuentas con su pasado respecto a los crímenes de Estado.

Para muchos de quienes hemos participado en esta lucha, desde hace décadas, el espectáculo fue más desolador que esperanzador. El hecho de que el gobierno ofreciera transportar a los representantes de los colectivos de víctimas a Chihuahua en aviones de la Guardia Nacional fue recibido por algunas víctimas como un agravio y una revictimización. Los aviones militares fueron uno de los símbolos de la guerra sucia, pues fueron sistemáticamente utilizados para trasladar presos de diferentes partes del país a la Base Militar Aérea No. 1 de Santa Lucía y de ahí a la prisión clandestina del Campo Militar No. 1. Sobre todo, los aviones militares fueron utilizados en la Base Militar Aérea No. 7 de Pie de la Cuesta, Guerrero para presuntamente tirar a los desaparecidos al mar, un episodio nunca esclarecido por el ejército ni por ninguna autoridad civil.
 
Los impulsores de la Comisión han hecho acrobacias para justificar la presencia del ejército, señalando incluso la disposición de los militares a colaborar con la apertura de sus archivos. Será porque tengo muchísimos años leyendo documentos de la SEDENA y rastreando las declaraciones hechas por militares que participaron en la guerra sucia, mi escepticismo sobre el potencial revelador de los archivos militares no podría ser mayor. Los documentos de SEDENA sobre muchas operaciones contrainsurgentes ya se encuentran en en el AGN. Predeciblemente, puede haber más documentos de ese tipo en los archivos que se abrirán. Para los historiadores se trata de un material fundamental, pero en términos de establecer la identidad y el destino de las víctimas de desaparición forzada, o la verdad jurídica, estoy segura que su utilidad será ínfima. En los documentos militares hay una despersonalización de los detenidos-desaparecidos, a los que se les nombraba como paquetes o incluso por número, de acuerdo con los pocos militares que han roto el pacto de silencio e impunidad. Según ellos mismos, las órdenes del sistema de eliminación contrainsurgente se transmitían de forma oral. Por todo ello, presentar como un gran logro la apertura de los archivos del ejércitos a la Comisión -que no a toda la sociedad- me parece una victoria pírrica. 

Ha habido otros acuerdos entre el gobierno federal con el ejército, de los que no nos hayamos enterado por lo delicado de la naturaleza del tema, que garanticen que el ejército permitirá entrega de nóminas e información de sistema de pensiones, juicios a los perpetradores y trabajo de investigación post-forense en todas sus instalaciones, no sólo en las más señaladas, como Campo Militar No. 1? Nada sería más deseable, sin embargo, el énfasis exclusivo en los archivos como muestra de cooperación del instituto armado no permite pensar que la negociación haya ido más allá. No me imagino a los militares entregando, por ejemplo, al condecorado y nonagenario general Edmar Euroza Delgado, pieza clave de la represión al movimiento estudiantil del '68, la Operación Cóndor y el sistema de eliminación contrainsurgente, para ser juzgado por masacres y desapariciones forzadas. 
 
El problema de fondo es que la administración actual ha empoderado al ejército de una forma que, si bien tiene antecedentes en otros momentos históricos, resulta desmesurada e ilegal en muchos sentidos, pues no existe en México otra institución más opaca, corrupta, criminal e impune que el ejército. Como lo he manifestado en otras ocasiones, AMLO actúa como si los militares lo tuvieran permanentemente chantajeado con la amenaza de un golpe de Estado. Sólo eso puede explicar su transformación tan radical de crítico del ejército como candidato presidencial, a aliado de los sardos, como presidente. 

Es verdad que ante un poder militar que se antoja quasi ilimitado, el margen de negociación de los civiles pueda parecer estrecho, sin embargo, ni siquiera estamos en una situación como la de Argentina ante el retorno a la democracia. Cuando estaba demasiado fresca la sangre derramada por la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el primer presidente electo, Raúl Alfonsín firmó el decreto que posibilitó el histórico "juicio a las juntas" contra nueve de los representantes de las dos juntas y las tres armas que encabezaron la dictadura militar. Otra de las primeras acciones de Alfonsín fue establecer la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que produjo el informe Nunca más! (1984), un catálogo de atrocidades extremas que cimbró a la opinión pública nacional e internacional y que sirvió de prueba en el juicio a las juntas. Cinco de los militares fueron condenados y cuatro absueltos, pero todo el proceso de justicia transicional fue posibilitado por un movimiento de derechos humanos que, cuantitativa y cualitativamente, fiue algo inédito en la historia latinoamericana. A la fecha, nadie disputa que pese a sus limitaciones, el caso argentino es el más exitoso en la historia de la justicia transicional en la región.

México no está ni de lejos en una situación semejante. El poder que el ejército ha acumulado desde el término de la revolución, la estabilidad de sus pactos con las élites civiles y su falta de rendición de cuentas a perpetuidad, lo han convertido en una institución sin contrapesos, capaz de anular los mecanismos orientados a ponerle límites a su dominación. Desde luego, ha habido algunos avances en virtud de la lucha tenaz del movimiento de derechos humanos, que en diferentes momentos ha acudido a los organismos internacionales para evidenciar los crímenes cometidos por militares. Sin embargo, dichos avances, casuísticos y a cuenta gotas, no tienen la posibilidad de convertirse en una tendencia. El verdadero fondo del problema es que la sociedad mexicana no está peleada con el ejército. A pesar de sus numerosas e imperdonables atrocidades, la mayoría de los mexicanos confía en las fuerzas armadas (https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-05-19/el-ejercito-encabeza-la-confianza-en-las-instituciones.html). Sea por falta de información, por la ausencia de una cultura cívica en derechos humanos, por la presencia de los militares como entes salvadores ante cada desastre natural, por la propaganda oficial orientada a blanquear al ejército, esto es una realidad. A partir de ahí, hay que asumir que en México no va a existir un movimiento de derechos humanos robusto encaminado a sentar a los militares en el banquillo de los acusados y esto anula las esperanzas de que exista algo remotamente parecido al caso argentino.
 
Las voces críticas al ejército se han apagado paulatinamente. El emblemático General José Francisco Gallardo, fallecido este año y a quien su lucha por crear un ómbusdam militar le costó años de cárcel, hubiera sido un crítico feroz del evento de ayer, puesto que conoce al monstruo desde las entrañas. Hubiera condenado el hecho de que las autoridades civiles hubieran invitado a los dos secretarios de armas  a un evento cuya esencia debió haber sido honrar a las víctimas de esas instituciones. Hubiera criticado el ambiente casi festivo del evento, de la gente tomándose fotos en el "after party", con amplias sonrisas y apretujándose para estar lo más cerca posible del presidente, a quien solía criticar acremente.

Esta es la parte que me pareció desoladora. Por mucho que se trate de un evento histórico en el que todos los interesados hemos invertido alguna cantidad de esperanza, mínima o máxima, no entiendo los motivos de las sonrisas. Conociendo  la actuación del ejército en este sexenio, invitar al Gral. Luis Sandoval y al almirante José Rafael Ojeda Durán como si pertenecieran a un ejército ya renovado, blanqueado y libre de culpa, me resulta profundamente ofensivo para la memoria de las víctimas del pasado y el presente. Nunca han esclarecido nada y nunca han pedido perdón a la sociedad; tampoco aprovecharon la ocasión para hacerlo, sólo dejaron que su jefe máximo pontificara con el mismo discurso manido que repite hasta el cansancio, respecto al fin de la corrupción y la impunidad por decreto. 

La idea de que la presencia de los colectivos de víctimas purifica y legitima todo el proceso es cuestionable. No estan todos los que son ni son todos los que están, se trata únicamente de los colectivos que tienen una buena relación con la 4T o han depositado sus esperanzas en ella ante lo que, nos queda claro a todos, es el último tren para resolver algunos de los problemas legados por la guerra sucia. Si ese tren está viejo, destartalado o se suben a él individuos con las manos llenas de sangre, no importa, hemos aceptado que nuestros estándares de impartición de justicia sean extremadamente bajos porque en México la sociedad ha dado la espalda a las víctimas de la violencia de Estado desde siempre.

Sin embargo, una cosa es darle un voto de confianza a esta administración y otra el partidismo. La señal que mandan quienes buscaron la foto con el presidente es que lo miran con simpatía y eso es peligroso en una coyuntura tan polarizada como la actual. Sí, es una comisión presidencial, pero tiene que ser una comisión abiertamente amigable al presidente? No habría sido mejor hacer un esfuerzo por mandar un mensaje de autonomía y distancia crítica? 

Muchos de quienes venimos investigando las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares desde hace décadas estamos preocupados. El clima de calidez del evento de ayer es una mala señal, pues es como si se invalidara la gravedad de lo que hemos denunciado todo este tiempo. Los pueblos bombardeados, la tierra arrasada, el cerco de hambre, las decenas de miles de mujeres, hombres y niños violados, los vuelos de la muerte, las torturas despiadadas contra los campesinos más pobres del país y los estudiantes guerrilleros, los desplazados forzosamente y las familias que han vivido en agonía por la vulnerabilidad y el desamparo en que las sumergió el terror estatal desde hace décadas, parecieran difuminados ante la seducción del jefe máximo que, con su presencia y carisma, suele dominar cualquier espacio en el que se presenta. No imaginé a tanta gente de izquierda sucumbiendo a sus encantos.
 
No es mi papel juzgar a nadie por la manera en que administra su dolor o su tragedia personal, excepto si esa gestión va en perjucio de otras víctimas. Es muy pronto para saber si este es el caso, pero el futuro de la justicia para crímenes del pasado no parece nada promisorio. Mi pronóstico es que tendremos que conformarnos con las migajas de verdad y justicia que salgan del proceso, como lo hicimos ante la formación de la CNDH y la FEMOSPP, pero por dignidad, nadie debería vanagloriarse o congratularse por ello. Por otra parte, no todo es desesperanzador. Anticipo que los procesos más interesantes de búsqueda de la verdad, memoria, reparación social del daño, etc., no vendrán del Estado y sus instituciones sino de la propia sociedad civil, por muy marginales que sean, como lo han sido hasta la fecha.
 
 

sábado, 20 de noviembre de 2021

Los pioneros en el estudio del Movimiento Armado Socialista Mexicano

Cuando escucho a alguna persona que comenzó a estudiar el Movimiento Armado Socialista Mexicano (MASM) en la década pasada, catalogarse a sí misma como pionera del tema, además de arrancarme una sonrisa, considero que no hizo el trabajo básico de revisión historiográfica, lo cual se agrava por la circunstancia de que, en efecto, había muy pocos trabajos académicos o analíticos al respecto. El año pasado y el actual han muerto varios de los verdaderos pioneros, como Marco Bellingeri, Juan Fernando Reyes Peláez, Alberto López Limón y Mauricio Laguna Berber. Es por ello que, a vuelo de pájaro, quisiera mencionar a los primeros autores que trascendieron el testimonio o la crónica para adentrarse al análisis sociohistórico del MASM y de la llamada guerra sucia. 

Uno de los primeros esfuerzos organizativos de compilación documental, análisis y divulgación sobre el tema fue el llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), fundado en 1992 por un grupo de exguerrilleros que habían pertenecido a diferentes organizaciones armadas. Fruto de esa labor fue la revista Para romper el silencio, así como la constitución de un archivo notable con materiales diversos: comunicados, revistas, periódicos, entrevistas, fotografías, testimonios, etc. Algunos miembros del CIHMA escribieron algunos relatos testimoniales, pero fue Juan Fernando Reyes Peláez el primero que se propuso elaborar una visión de conjunto sobre todos los grupos armados. En el año 2000 escribió su ensayo: Introducción a la historia de la guerrilla en México, 1943-1983, sobre el que volvió una y otra vez para corregirlo y aumentarlo. Oficialmente, hubo dos ediciones de este trabajo: una de 2003 y otra de 2019.

Entre los exguerrilleros, algunos escribieron obras de carácter testimonial o literario, pero fue la obra de Carlos Montemayor la que marcó un antes y un después en el tema, entre finales de la década de los noventa y principios del siglo XXI. Algunos exguerrilleros también se desmarcaron de la esfera testimonial para describir la historia de sus organizaciones y hacer el balance de sus acciones. Tal fue el caso de las obras: En las profundidades del MAR, de Fernando Pineda Ochoa (2003), La negación del número, de Salvador Castañeda (2006) y Héroes y fantasmas de Benjamín Palacios Hernández (2009). Por su parte, el exguerrillero Alberto Guillermo López Limón entre 1994 y 2010 produjo sus tres tesis sobre la historia de las organizaciones político-militares mexicanas, las cuales abarcaban desde el jaramillismo hasta el año 1980.

Algunos familiares de víctimas de la guerra sucia también convirtieron al MASM en su objeto de estudio. En 1997, Mauricio Abraham Laguna Berber se tituló con el trabajo La prensa clandestina en México. Caso del periódico Madera, 1973-1981. En 1999, Leticia Carrasco Gutiérrez, hermana de un desaparecido de la Liga Comunista 23 de Septiembre, escribió su tesis La guerrilla en México, 1970-1976. El caso de Guadalajara: La Liga Comunista 23 de Septiembre. En 1998 salió a la luz la obra de Andrea Radilla, hija del desaparecido político atoyaquense Rosendo Radilla, titulada Poderes, saberes y sabores. Una historia de resistencia de los cafeticultores. Atoyac, 1940-1974.  En 2004, Alejandro Peñaloza, hijo del guerrillero desaparecido Felipe Peñaloza, dio a conocer su tesis titulada: La lucha de la esperanza. Historia del Movimiento de Acción Revolucionaria (1965-1971).

El investigador Sergio Aguayo Quezada no tenía parentesco alguno con los protagonistas del MASM, no obstante, conoció a algunos de ellos porque en su juventud vivió en el barrio de San Andrés en Guadalajara, Jalisco. Ahí nació su interés por el tema, como lo revela en su obra seminal La Charola: una historia de los servicios de inteligencia en México (2001). El autor no sólo rastreó la historia de las agencias de seguridad nacional, sino que también utilizó su acceso exclusivo a los archivos del CISEN para buscar información sobre episodios relacionados con la pandilla de los Vikingos y el salto del Frente Estudiantil Revolucionario a la lucha armada. 

Un caso similar es el del historiador y consejero político Gabriel Santos Villarreal; no fue exguerrillero ni familiar, pero por su cercanía con los padres jesuitas que fomentaban la teología de la liberación, conoció en su juventud a algunos activistas de Monterrey, N.L. que terminaron militando en la Liga Comunista 23 de Septiembre, como Ignacio Olivares Torres e Ignacio Salas Obregón. De ahí que se hubiera propuesto escribir sobre esos temas. En 2005, coordinó la obra: Historia de la guerrilla en México. Fuentes orales y artísticas, que reunía ensayos diversos sobre el MASM, la literatura testimonial y la contrainsurgencia. Gabriel Santos también recopiló un archivo considerable al respecto, sin embargo, falleció en 2010 sin poder concluir su obra.

A partir de 2003, el espectro se amplió de forma considerable, pues empezaron a aparecer obras escritas por investigadores y periodistas que ya no tenían ninguna conexión directa, personal o emocional, con el MASM o la guerra sucia. Entre ellos, cabe mencionar a los académicos Marco Bellingeri, Andrés Rubio Zaldívar, José Luis Sierra Guzmán, Claudia Rangel, Evangelina Sánchez y Verónica Oikión. Esta última fue, junto con Marta Eugenia García, compiladora de la obra en tres volúmenes Movimientos armados en México en el siglo XX (2006), la cual incluyó textos tanto de exguerrilleros como de investigadores que recién incursionaban en el el estudio del socialismo armado.

En 2007 se publicaron cuatro obras sobre el MASM: la crónica periodística de Laura Castellanos, México Armado; el ensayo libre de Fritz Glockner, Memoria Roja, el ensayo histórico de Enrique Condés, Represión y rebelión en México (el primer volumen de cinco) y la crónica de Ignacio Lagarda El color de las amapas, sobre la actividad de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la Sierra Baja Tarahumara. El interés de Glockner por el tema se derivaba de su parentesco con el guerrillero ajusticiado Napoleón Glockner, mientras que Condés había pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y había pasado cinco años recluido en la Penitenciaría de Lecumberri. En el ámbito periodístico, Castellanos fue la primera en escribir sobre el conjunto de las organizaciones armadas de 1940 a principios de los ochenta. Por su parte, la motivación de Lagarda partió del hecho de haber sido testigo indirecto de la actividad guerrillera en su pueblo natal, San Bernardo, Álamos, Sonora, entre 1974 y 1975.

A este corpus de obras le sucedió el trabajo de una nueva generación que ya no tenía prácticamente ninguna conexión con la guerra fría, pues eran niños o adolescentes cuando ésta concluyó. Sergio Arturo Sánchez Parra y Rafael Santos Cenobio en Sinaloa, Jesús Zamora García, Rodolfo Gamiño Muñoz y Fortino Domínguez en Jalisco y Cristina Tamariz, Carlos Rentería y la de la voz en Ciudad de México, fuimos algunos de los primeros tesistas que nos aproximamos con ojos nuevos a las hemerotecas, los archivos recién desclasificados de la SEGOB y la SEDENA y la fuente oral, con miras al rescate de la historia del MASM. Nuestros trabajos fueron producidos en la primera década del siglo XX. De ahí en lo sucesivo se vinieron como cascada múltiples investigaciones, al punto de que ya puede hablarse de la consolidación historiográfica de la guerra sucia como un periodo en la historia de México que ya no podrá ser omitido ni borrado, nunca más.

Como podrá advertirse en esta somera revisión, no hubo un pionero exclusivo, sino que la historiografía del MASM y la guerra sucia se ha desarrollado en círculos concéntricos, partiendo de los protagonistas y sobrevivientes hacia los contemporáneos de esa época, hasta llegar a los profesionistas que ya no tienen ninguna relación con el periodo. Debe reconocerse que todos estos grupos o generaciones enfrentaron enormes riesgos y dificultades en su quehacer. Al menos hasta la primera década del siglo XX, las investigaciones sobre las organizaciones armadas clandestinas y la guerra sucia no eran bien recibidas en la academia, por el contrario, se les miraba con desconfianza, temor y escepticismo respecto a su relevancia y valor social. Algunos tuvieron que publicar sus obras en ediciones marginales, imposibles de conseguir. Otros más sufrimos hostigamiento, chantajes y presiones para no dar a conocer los resultados de nuestras pesquisas. Son cosas que espero que la posteridad recuerde, porque la inversión intelectual y emocional para romper las gruesas capas de silencio con las que el Estado mexicano envolvió esos temas, fue inmensa. Desde ese lugar de la memoria, hago un sincero reconocimiento a Juan Fernando Reyes Peláez y Alberto López Limón, pues pese a que tuvimos grandes diferencias metodológicas e interpretativas, soy testigo y doy fe del tesón y la entrega incondicional con la que recuperaron la historia de los revolucionarios de la Guerra Fría mexicana. Descansen en paz.

Juan Fernando Reyes Peláez en una de sus últimas

intervenciones públicas, 23 de septiembre, 2021.