martes, 9 de marzo de 2010

Mujeres y guerrilla

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Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la revoltura en México
Por Adela Cedillo
Contexto
El presente ensayo tiene como marco temporal la guerra fría en México y, dentro de ella, el fenómeno conocido como “guerra sucia”, cuyos límites cronológicos se pueden fechar entre  1962 y 1982.[1]  Durante este periodo se desarrolló una confrontación militar entre el sector más radical de la izquierda urbana y rural y el Estado, la cual produjo los niveles de violencia política más elevados desde la rebelión cristera. Aunque en algunas coyunturas el conflicto estuvo a punto de adquirir dimensiones nacionales, sus principales expresiones no trascendieron el ámbito regional. Los estados en los que hubo un mayor despliegue de fuerzas, tanto guerrilleras como contrainsurgentes, fueron Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora y el Distrito Federal y, en menor medida, Morelos, Michoacán y Oaxaca.[2]  El común denominador en todos los casos es que la lucha armada fue precedida por diversos movimientos (sindicales, estudiantiles o campesinos) violentamente reprimidos.
Con el advenimiento de la guerra fría, el Partido Revolucionario Institucional (que ejercía una dictadura unipartidista de facto) importó la doctrina de la seguridad nacional, que regía la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica en aras de contener la expansión de la “amenaza comunista”.  Después de la revolución cubana (1959), dicha doctrina alentó el desarrollo de políticas contrainsurgentes para acabar con los potenciales focos de desestabilización en el continente americano.  En México, esto se tradujo en que  el activismo pacífico de la sociedad civil no corporativizada fue asimilado a una presunta “conjura comunista internacional” y, en consecuencia, se le combatió con métodos contrainsurgentes. El ejército fue empleado de forma sistemática para romper huelgas, disolver mítines, realizar detenciones y torturar, ejecutar o desaparecer a los “enemigos internos”.  Después de la matanza de civiles en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en el ámbito urbano el gobierno acudió preferentemente a las corporaciones policiacas o a los cuerpos especiales, parapoliciacos o paramilitares, a fin de proteger la imagen de un instituto armado asaz desprestigiado ante la ciudanía.  En cambio, en las áreas rurales, incomunicadas y ajenas a cualquier tipo de observación ciudadana, las fuerzas armadas protagonizaron el paroxismo del terror estatal. En respuesta a este conjunto de episodios, el sector más radical del espectro político de la izquierda socialista abandonó el camino de la lucha pública y semilegal y comenzó los preparativos para declararle la guerra a un Estado calificado de autoritario, represivo y cuasi totalitario.
En el periodo estudiado aparecieron más de cuarenta organizaciones político-militares con diferentes grados de estructuración y, sobre todo, con apreciaciones contrastadas sobre la estrategia y táctica revolucionarias a seguir. Antes de que rebasaran la fase inicial de preparación, estas agrupaciones fueron destruidas sin concesión alguna. Subvirtiendo el marco legal al que se debía, el gobierno hizo uso de una fuerza desproporcionada para garantizar el exterminio de los guerrilleros y de sus bases de apoyo, bajo el famoso principio francés de la guerra antisubversiva que recomienda  “quitarle el agua al pez”. No menos de tres mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto y un número indeterminado pero sumamente elevado fue objeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de los agentes del orden.[3]  Oficialmente, hubo más de mil quinientos presos políticos y cincuenta y siete exiliados, aunque se cuenta con indicios de numerosos casos no registrados.[4]  En el bando contrario, las cifras son igualmente escurridizas, si bien, elementos de las propias fuerzas públicas apuntan a que sus bajas fueron de  doscientos militares y ciento cincuenta policías y civiles.[5]
Pese a la evidente derrota militar del movimiento armado socialista, éste contribuyó decisivamente a la erosión del sistema político mexicano, al punto de que, a casi dos décadas de actividad contrainsurgente, se decretó la primera reforma política significativa del México posrevolucionario, a partir de la cual los partidos verdaderamente opositores pudieron contender en procesos electorales. El grueso de la izquierda entró en una dinámica electoral, pero el movimiento armado  no desapareció, sino que se contrajo e inició una fase de latencia. Durante la década de los ochenta, otras organizaciones y actores se encargaron de alimentarlo subterráneamente, hasta que emergió a la luz pública en la década de los noventa del siglo XX, con un rostro totalmente renovado.
Al inicio de los ochenta, más allá de vanagloriarse de su triunfo militar sobre la subversión, el Estado mexicano convirtió el tema en tabú para eludir su responsabilidad por la comisión masiva de crímenes contra la humanidad. Paulatinamente –y de forma bastante tardía en relación con otros países latinoamericanos que también tuvieron sus respectivas “guerras sucias”– algunos actores de la sociedad civil mexicana (en concreto, algunos exguerrilleros, periodistas y académicos) se han atrevido a derribar el cerco en torno a estos sucesos vetados por la historia oficial. Así, con el nuevo siglo, también ha nacido una corriente encargada de su investigación, análisis y resignificación. En dicha corriente se enmarcan los incipientes estudios sobre el papel de las mujeres en el movimiento armado socialista mexicano, que es el tema del que me ocuparé detenidamente.

Las mujeres en las guerrillas urbanas y rurales
Para fines metodológicos, los estudios sobre el movimiento armado socialista en México deben partir de una distinción básica entre la lucha en las ciudades y en el campo.  Aunque ésta se desarrolló de forma paralela y con relativa unidad de propósitos (v. gr. la destrucción del Estado “burgués”, la abolición del capitalismo y la instauración de un régimen socialista), las causas que la originaron en cada ámbito fueron muy diferentes y sus consecuencias también.
            El análisis de la cuestión de género en el seno del movimiento armado no puede escapar tampoco a la diferenciación entre el papel que jugaban las mujeres en las guerrillas rurales y en las urbanas. Hasta el momento, las recopilaciones de testimonios y los escasos ensayos sobre el tema han puesto el énfasis en la especificidad de la mujer respecto al hombre en este tipo de lucha, y han hecho poca luz sobre los condicionamientos de clase de los diversos tipos de mujeres que se integraron a ella.[6] Del mismo modo, han atendido el tema desde ángulos personales o individuales y han reparado poco en las relaciones de las mujeres con las comunidades a las que pertenecían. Por ende, me parece imprescindible enfocar factores tales como los orígenes sociales y las motivaciones de las mujeres que se incorporaron al movimiento armado, así como las perspectivas que tenían del mismo.
Las guerrillas rurales se originaron en estados como Chihuahua y Guerrero, dominados por oligarquías regionales de grandes latifundistas y caciques que detentaban todo el poder económico y político y se imponían mediante un sistema coercitivo en el que, tanto los cuerpos privados como las fuerzas públicas, ejercían una violencia extrema contra el campesinado. En ambos casos, las regiones en las que surgió el movimiento armado socialista contaban con tradiciones de lucha revolucionaria que se reactivaban periódicamente.
Los protagonistas de organizaciones como el Grupo Popular Guerrillero, el Movimiento 23 de Septiembre, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres, fueron hombres en su mayoría. Una revisión general a las fuentes documentales y orales revela que las mujeres campesinas o de origen campesino fungieron ante todo como bases de apoyo y casi no se incorporaron a los campamentos guerrilleros o a las casas de seguridad, pues dada la estructura patriarcal en la que se desenvolvían, ellas eran propiedad de sus padres o esposos y no podían tomar parte del quehacer político sin su autorización.[7] Tanto la militancia como la guerra eran actividades que tradicionalmente correspondían a la esfera de lo público y lo masculino, contrapuesta a la de lo privado-femenino.
La siguiente cita, tomada del testimonio de una mujer oriunda de la sierra de Atoyac, Gro. que de joven se integró a la guerrilla del Partido de los Pobres, ejemplifica esta situación:
…las mujeres tenían miedo de participar, ya que en ese tiempo éramos muy apegadas a la familia… no les daban permiso sus padres […Pero] ya había más movimiento y hubo más persecución, entonces empezó el ejército a rodear las comunidades, ya familiares habían sido detenidos algunos, y desde ahí yo tomé la decisión de irme al grupo armado. Fue muy difícil para mí, ya que como mujer tuve que convencer a mis padres para que me dejaran, insistí mucho para que ellos me dieran el permiso, yo no me quería ir a las escondidas […] para que no me fuera sola mis padres tuvieron que mandar a un hermano conmigo porque ellos decían que era muy peligroso para una mujer andar sola y además tantos hombres ahí, que iba a caer como un pescadito al agua, no?[8]
Otra de las razones por las que las mujeres no podían incorporarse a los campamentos guerrilleros tenía que ver con la sobrevivencia misma: las hijas y esposas de los rebeldes muertos o desaparecidos debían sustituirlos en el trabajo agrícola. Así, las campesinas enfrentaron una doble desventaja, de género y clase, para participar en el movimiento.[9]
No obstante, también hubo casos en los que fueron los mismos padres o esposos involucrados en la lucha los que indujeron la participación femenina, ya fuera para cubrir las bajas que dejaba la represión, o bien para facilitar las funciones de aprovisionamiento, enlace, información, etc. y despistar así a un enemigo que no estaba acostumbrado a combatir contra mujeres. Es importante subrayar que las campesinas que aceptaron ser bases de apoyo lo hicieron dada la solidez de los vínculos familiares, comunitarios y de vecindad preexistentes.[10] Estas redes colectivas garantizaban dos principios indispensables para consolidar la organización: la lealtad y la confianza, por consiguiente, se convirtieron en los medios más seguros para reclutar simpatizantes y/o aliados.
Debo hacer notar que la evidente desigualdad en las relaciones de género no escapó al interés de líderes como Lucio Cabañas. En el punto nueve del “Primer ideario del Partido de los Pobres”, de marzo de 1972, se mencionaba escuetamente que había que luchar por “liberar a la mujer haciendo valer su igual derecho frente al hombre”.[11] Los testimonios apuntan a que, al menos en los campamentos guerrilleros, prevaleció el compañerismo, el respeto y la equidad en la distribución de tareas entre hombres y mujeres,[12] pero nada indica que esta situación haya trascendido a otros ámbitos comunitarios, lo que me hace suponer que este “igualitarismo” obedecía a la coyuntura del momento y no a que los campesinos que distribuían su tiempo entre guerrilla y la milpa, estuviesen convencidos de que las mujeres tenían los mismos derechos.
En las ciudades la situación fue muy distinta a la del campo, ya que la violencia estructural del Estado ante la demanda ciudadana de ampliar los espacios de participación política, generó un poderoso sentimiento de agravio entre un sector de la clase media que se radicalizó y tomó las armas. La combinación de privación de poder, represión y terror fue un coctel explosivo que trajo consigo la aparición de por lo menos veinticinco organizaciones político-militares urbanas en toda la república.[13]
Aproximadamente una cuarta parte de los militantes de dichas agrupaciones fueron mujeres de clase media, aunque entre las bases de apoyo esta cifra podría ser superior.[14]  Para las citadinas, la adopción de un papel revolucionario activo era una decisión individual, que implicaba romper conscientemente con los atavismos sociales. En ese sentido, unirse a las guerrillas “era un paso más radical para las mujeres que para los hombres, porque era una decisión consistente con el papel tradicional de los hombres, pero no con el de las mujeres”.[15]  Las organizaciones armadas se beneficiaron de este cambio de mentalidades, pues a decir de Macrina Cárdenas, éstas reclutaban a mujeres y hombres sin distinción. Así:
El hecho de que hubiera más hombres que mujeres no se debía al sexismo […] era más bien un reflejo de la situación de las mujeres en la sociedad. Mientras que los hombres no tenían muchos problemas para incorporarse a la vida clandestina, las mujeres tuvieron que enfrentarse a conflictos muy serios con sus familias. Algunas tuvieron que usar la táctica de “casarse” para poder abandonar la casa… otras optaron por la fuga.[16]
Las mujeres urbanas no estaban menos constreñidas socialmente que sus contrapartes rurales, pero tuvieron condiciones más favorables para liberarse. La industrialización y la urbanización, alentadas por el modelo desarrollista, propiciaron la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su acceso a la educación. El clima de efervescencia político-ideológica propio de las universidades fue el caldo de cultivo en el que algunas de ellas se independizaron, se hicieron socialistas y se radicalizaron. Sólo en este tipo de contexto podía haber más mujeres disponibles para participar en las guerrillas, como lo prueba el hecho de que aproximadamente el cincuenta y siete por ciento de las guerrilleras urbanas hubiera tenido un activismo previo en los movimientos estudiantiles de los sesenta y setenta, al interior de una institución de educación media superior o superior, que el quince por ciento hubiera pertenecido a alguna organización semilegal o algún otro movimiento social y que el veintisiete por ciento restante hubiera apoyado a algún familiar vinculado con alguna expresión disidente.[17] Los jóvenes eran los militantes por excelencia, en virtud de sus escasas responsabilidades familiares y de trabajo, del tiempo que podían dedicar a estudiar la teoría marxista y sus derivados y de su disposición para correr más riesgos. Pese a esta disponibilidad, debo hacer hincapié en que  sólo una pequeña porción de mujeres, independizadas o dispuestas a emanciparse, optó por la militancia clandestina. El resto permaneció en las agrupaciones semilegales o en los movimientos estudiantil, obrero y urbano-popular.
De acuerdo con la valoración de los testimonios existentes, los factores contextuales y personales pesaron más que los ideológicos en la decisión de las militantes urbanas de abandonar a la familia, el trabajo y el patrimonio para pasar a la clandestinidad. De esta manera, si bien la ideología socialista y el imaginario construido a partir de la revolución cubana fueron pivotes que acercaron a muchas mujeres a la lucha social, la mayoría ha aludido a alguna experiencia directa asociada a la extrema violencia estatal para justificar la lucha armada. Mientras que algunas mujeres habían participado en movimientos pacíficos que terminaron ahogados en sangre, otras vivieron el asesinato de sus familiares o amigos.[18] Ambos elementos conformaron los pilares de una visión subjetiva, desde la cual la vía legal estaba totalmente clausurada, había que acudir a la autodefensa y declararle la guerra al gobierno ilegítimo, no como un camino elegido, sino como el único posible, además de históricamente necesario.
Un estudio sobre el movimiento armado socialista basado en la cuestión del género revelaría si hubo diferencias entre las motivaciones de los hombres y las mujeres para participar en la lucha armada. A partir de un análisis superficial, puedo conjeturar que los estímulos eran básicamente los mismos, excepto porque más hombres que mujeres habían pertenecido a las organizaciones de la izquierda semilegal y, por lo tanto, entre algunos de ellos sí tuvo un peso mayor el factor político-ideológico. Esto se refleja también en que, mientras el grueso de las guerrilleras tenía edades que oscilaban entre los 17 y los 25 años, entre los hombres el rango se extendía hasta los 35 años.  Por supuesto, los militantes más “viejos” provenían de diversas experiencias en los movimientos abiertos. El aventajamiento en cuanto a experiencia fue uno de los factores que determinó que la mayoría de los liderazgos fuesen masculinos.
Una considerable parte de mujeres ex-militantes del movimiento armado ha señalado que su incorporación a sus respectivos grupos se dio en condiciones de igualdad, pese a que ellas no planteaban demandas específicas de género. En virtud de que, tanto hombres como mujeres daban prioridad a la discusión sobre la lucha por el cambio de sistema, el tema de la equidad entre los sexos se sobreentendía y no estaba a debate. De acuerdo con Cárdenas:
Esto no quiere decir que el machismo no estuviera presente; así como su contraparte, la sumisión de las mujeres. Lo que sucedió fue que esto se dio en otros planos, no en el terreno del desarrollo de las tareas políticas. […] El nivel de participación tenía que ver más con el grado de compromiso de los militantes que con la condición de género.[19]
Puesto que el sexismo no podía abolirse ni por voluntad ni por decreto, me parece probable que los guerrilleros evitaran la discriminación para no inhibir la presencia femenina.[20] Sin embargo, y pese a la igualdad en la asignación de tareas, sospecho que la ausencia de análisis sobre el papel de las mujeres durante y después de la lucha era un signo del predominio de la visión masculina sobre las relaciones de género o, en el mejor de los casos, el de una perspectiva que en aras de un igualitarismo ideal, ignoraba las diferencias entre los sexos. Una ex-guerrillera me lo expresó en otros términos: “soñábamos con el hombre nuevo, pero nos faltó diseñar a la mujer nueva”.
En la medida en que hombres y mujeres compartieron –en igualdad de condiciones– objetivos estratégicos y una praxis para realizarlos,  se abrió para las mujeres la posibilidad de luchar por el poder en el seno de organizaciones que se caracterizaban por un profundo y rígido verticalismo. La vertiginosa caída de los líderes y cuadros masculinos inicialmente facilitó el posicionamiento femenino, si bien, algunas mujeres escalaron por méritos propios. Aunque no hubo mujeres que se erigieran como ideólogas  –y por ende tampoco dictaban la línea política a seguir–, algunas lograron conformar liderazgos precisamente en el terreno militar, que era el más típicamente masculino y también el más deseado.[21]
Hasta dónde las mujeres tuvieron que reproducir la conducta masculina a fin de ascender en la escala político-militar, es algo difícil de precisar, no obstante, lo que sus compañeros sobrevivientes resaltan de ellas son la valentía, el arrojo, el temple,  la capacidad organizativa y la habilidad con las armas, cualidades todas que antes sólo se asociaban al ámbito masculino. Así, dada la glorificación de la violencia revolucionaria, inherente a la cultura guerrillera, una mujer que libraba combates adquiría automáticamente un prestigio al que no podría aspirar realizando otras labores menos arriesgadas.[22] El hecho de que estas mujeres se posicionaran de un modo que subvertía tan poderosamente las convenciones de género, representó un ejercicio de facto de la emancipación y el empoderamiento femeninos, el cual podría considerarse como un feminismo no teórico, sino empírico. 
Mi conclusión respecto a la participación de la mujer en los ámbitos rural y urbano es que, mientras las campesinas nunca cuestionaron su papel de subordinación a los hombres, la sola participación de la mujer citadina en la lucha armada pasaba por el reconocimiento de que ésta debía desarrollarse en condiciones de equidad respecto a la contraparte masculina. Las diferencias de fondo en ambos casos obedecen a las condiciones estructurales de cada contexto: las campesinas se movían en un horizonte estrecho y patriarcal, dominado por usos y costumbres tradicionales no afectadas aún por el desarrollo capitalista. Por el contrario, las citadinas vivieron una situación de movilidad social, con el consiguiente acceso a la educación, el cual no sólo les permitió escalar posiciones sociales, sino también insertarse en corrientes vanguardistas, progresistas o revolucionarias.
Por último, quisiera ofrecer un par de ejemplos sobre las diferentes percepciones que sobre el movimiento armado tuvieron las mujeres del campo y la ciudad inscritas en su órbita. En el caso de la guerrilla comandada por el profesor Lucio Cabañas Barrientos, aunque el Partido de los Pobres gozó de una amplia simpatía y respaldo popular en la sierra de Atoyac, no todos los que tomaron parte del proceso tuvieron una clara conciencia política del mismo. De esta manera, las madres y hermanas de campesinos desaparecidos en una comunidad llamada el Rincón de las Parotas, mpo. de Atoyac de Álvarez, Gro., a quienes entrevisté, se refirieron a la llamada “guerra sucia” como la época de la revoltura, en la que “los guachos secuestraban a la gente y no se volvía a saber de ella, pero también la gente de Lucio Cabañas mataba a los guachos. En medio estaban ellas, que sufrían la represión indiscriminada sin comprender o sin estar de acuerdo.
En contraste, las guerrilleras urbanas tenían una concepción muy interiorizada de las causas de la lucha armada, al grado de vivirla como un “imperativo moral”.[23] Para ellas el apocalipsis era bienvenido, pues lo que estaba en juego era la revolución socialista, el futuro de la humanidad al que había que apostarle todo, incluso la vida misma. Como lo expresó la guerrillera Dení Prieto en la carta de despedida a sus padres: “nuestro objetivo final vale mucho más que los sacrificios que pueda costar”.[24] Así, también en la asunción de un compromiso absoluto y en la disposición martirológica, las guerrilleras alcanzaron una igualdad plena respecto a los hombres.

Las mujeres ante el terror estatal
Pese a la disparidad de origen, formación, motivaciones y convicciones, tanto las mujeres que fueron bases de apoyo de la guerrilla rural como las guerrilleras urbanas fueron víctimas de las mismas prácticas del terror estatal, aunque las vivieron de manera distinta: unas desde el ámbito de su propia comunidad asediada y otras a nivel de sus organizaciones y familias.
            El estado de Guerrero, un verdadero Viet Nam a pequeña escala, constituye el ejemplo por antonomasia de los alcances de la guerra contrainsurgente en el medio rural. Las organizaciones armadas  (la ACNR, pero sobre todo el PdlP) fueron objeto de las campañas militares más intensas de la década de los setenta. Las comunidades campesinas a las que se les identificó como colaboradoras de los guerrilleros, fueron sujetas a un cerco militar y a un cerco de hambre. Los soldados allanaban y saqueaban todas las moradas de los poblados a los que arribaban y congregaban a todos los habitantes en un punto, a fin de identificar a los que fungían como bases de apoyo.[25] A través de un sistema que fomentaba la delación entre familiares, amigos y vecinos, los militares esperaban quebrar la cohesión comunitaria para facilitar la desarticulación de las células subversivas montadas sobre las redes colectivas preexistentes.
            En la medida en que las mujeres eran vistas como propiedad de sus familiares varones, también formaron parte del “botín de guerra” y fueron sometidas a torturas y violaciones sistemáticas, incluso multitudinarias, sin importar su edad (los registros abarcan a niñas y adolescentes de diez a quince años y a mujeres maduras).[26] Cientos de mujeres sufrieron la ejecución, la detención o la desaparición forzada de sus esposos, hermanos e hijos y, en algunos casos, los militares las obligaron a tener relaciones sexuales con la falsa promesa de que, con su cooperación, éstos serían liberados. Otras tantas mujeres sufrieron una persecución encarnizada por su parentesco con los guerrilleros y tuvieron que migrar a otros estados.  Para aquellas que permanecieron en sus poblados, la adaptación fue más difícil pues, con la ausencia de los hombres, que proporcionaban el sustento, quedaron en una situación de absoluto desamparo y tuvieron que realizar arduas faenas en el campo o al servicio de terceros, para sacar adelante a sus familias. Aquellas que volvieron a contraer matrimonio fueron socialmente rechazadas por no esperar a que aparecieran sus maridos desaparecidos.  
En algunas coyunturas, la represión contra las comunidades tendió a incrementarse independientemente de la actuación de las guerrillas, ya que desde la perspectiva contrainsurgente era más fácil “quitarle el agua al pez” que el trabajo de pesca en sí. Esta situación se prolongó indefinidamente, al punto de que podría hablarse de una normalización del terror, que entrañó la destrucción de la vida comunitaria.
En las ciudades, en cambio, la violencia fue selectiva y se dirigió específicamente contra los guerrilleros y sus familias. La subestimación de los cuerpos policiacos y militares respecto a la capacidad político-militar de las mujeres provocó que, al menos en la primera etapa de la contrainsurgencia, la represión no se enfocara en ellas. Esta situación se revirtió cuando la participación femenina se hizo más visible en las actividades más riesgosas (secuestros, expropiaciones, reparto de propaganda, etc.).  Miguel Nazar Haro, quien fuera uno de los torturadores más famosos de la época, lo expresó abiertamente: “en un principio teníamos consideración por las viejas, pero después que nos dimos cuenta que eran más cabronas [sic] que los hombres se acabaron las consideraciones”.[27]
Las declaraciones de “El negro”, quien confesó ante la prensa haber sido agente de la Brigada Blanca y custodio de detenidos-desaparecidos, en el Campo Militar No. 1, ofrecen otra evidencia de la misoginia compartida por el grueso de los represores:
Ahí había una vieja, la tal Tecla [Ana María Parra de Tecla], mala madre, mala madre. Una vieja fea, flaca, que no tenía ningún atractivo femenino […] Y fue la tal Tecla, una pinche [sic] vieja chaparra, yo creo que no pesaba ni cuarenta kilos, y llegó con la otra vieja, una gorda ella […] y le metieron balazos a todos [los de un batallón de policías auxiliares]. Mataron a todos. [En los separos…] ni agua le daba yo a esa vieja.[28]
Como puede apreciarse, los agentes del orden no toleraban pelear contra mujeres y, menos aun, sufrir una derrota ante ellas, ya que cifraban en la fuerza física una de las claves de la masculinidad. El hecho de que el “sexo débil” fuese capaz de expresarse con el mismo lenguaje de violencia, confrontaba a los represores con el núcleo de su identidad. En suma, dado que ellos no ignoraban que las guerrilleras cubrían las mismas funciones que los varones, sentían que debían castigarlas con más saña, por su doble condición de subversivas y mujeres.
Cuando los especialistas en la tortura descubrieron la supuesta eficacia de torturar y violar a las mujeres en presencia de sus maridos o hijos, de torturar a los bebés frente a sus padres o de amenazar a las mujeres preñadas con hacerlas abortar, la mujer adquirió una dimensión especial en la maquinaria del terror. Las agresiones brutales contra la identidad sexual femenina devastaban no sólo a la víctima, sino también a su pareja y a sus familiares.  Aunque muchas de las torturas aplicadas a los hombres también fueron sexuales (hubo casos aislados de violaciones y abuso sexual, simulacros de castración, etc.), los ataques contra la anatomía femenina y la maternidad tuvieron la peculiaridad de ser sistemáticos.
Por otra parte, he encontrado indicios que me permiten suponer que las mujeres detenidas-desaparecidas fueron las primeras en ser eliminadas físicamente ya que, de acuerdo con algunos testimonios, las cuadrillas para mujeres de la cárcel clandestina del Campo Militar No. 1 estaban regularmente vacías.[29] La aversión hacia las guerrilleras mostrada por los miembros de las fuerzas públicas –independientemente de su nivel jerárquico–, deja pocas dudas respecto a su intención de exterminarlas, bajo el supuesto de que así conjuraban el peligro de que aparecieran otras en su lugar.
Los datos con los que se cuenta respecto a las militantes y las bases de apoyo que fueron víctimas del terror estatal arrojan que aproximadamente cincuenta y tres mujeres fueron detenidas-desaparecidas, diecinueve secuestradas y liberadas, dieciocho asesinadas, cincuenta y siete encarceladas y siete exiliadas. Por lo menos dos fueron detenidas-desaparecidas con sus esposos y bebés, ocho fueron desaparecidas cuando tenían algunos meses de embarazo y sus bebés probablemente también fueron víctimas de esta práctica.[30]  Estas cifras atañen básicamente al contexto urbano, pues sólo veintinueve de los casos conocidos corresponden a mujeres campesinas o de origen rural, proporción muy baja en relación a las dimensiones de la contrainsurgencia en el campo, aunque comprensible si se toma en cuenta que en este medio no existían mecanismos para fomentar la cultura de la denuncia ante la represión.
La lucha contra estos crímenes de lesa humanidad también corrió a cargo de las mujeres, en sintonía con el resto de América Latina. Los hombres prácticamente no se involucraron, ya fuera porque debían proveer el sustento o bien, porque estaban avergonzados o sentían culpa por sus hijos, percibidos como “terroristas” por el grueso de la sociedad. En cambio, las mujeres convirtieron un acto íntimo y personal, como la pérdida de un ser querido, en una demanda política y pública, sin importarles arriesgar su propia vida.  Como observó Elizabeth Maier, “las madres fungen como disruptoras del control autoritario estatal, precisamente cumpliendo el papel que la ideología conservadora y patriarcal les había atribuido, como responsables del cuidado de los hijos”.[31] El cumplimiento de este rol de género derivó en la paradoja de fomentar la liberación de las mujeres que se involucraron en la lucha social. Por eso, la trayectoria de amas de casa de clase media y baja, politizadas en la búsqueda de sus familiares, es uno de los capítulos más significativos del empoderamiento y la resistencia femeninos.
A diferencia de las madres de los desaparecidos de las ciudades, las del campo no tuvieron condiciones propicias para organizarse y proyectar su reclamo al resto de la república, mucho menos fuera de las fronteras nacionales. La violencia estatal, la recurrencia de la guerrilla, los conflictos intracomunitarios y la pobreza extrema fueron algunos de los factores que rápidamente desgastaron, dividieron o diluyeron la lucha de los familiares de los campesinos desaparecidos. Así, aunque el estado de Guerrero fue el campeón de la desaparición forzada, con casi 600 casos registrados, el icono de la lucha contra esta práctica ha sido el Comité Eureka, que originalmente aglutinó a madres de desaparecidos de las ciudades de Chihuahua, Culiacán, Monterrey, Guadalajara y el DF., y que en sus inicios se llamó Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.
El Comité Nacional y sus antecesores, inauguraron la lucha por los derechos humanos bajo el principio elemental de que no importa qué tipo de delitos haya cometido una persona, pues tiene derecho a la salvaguarda de sus garantías individuales, entre ellas la de una defensa legal. Tal noción rompía con los muy extendidos prejuicios de que “los terroristas se buscaron lo que les pasó”, que sus familiares no tenían nada qué reclamar y que no había algo por lo que el Estado debiera pedir perdón. Así, aunque no han logrado arrancar al gobierno la información sobre el paradero de sus familiares, el valor y la tenacidad con la que madres y hermanos asumieron esta empresa, ha hecho posible que el Estado mexicano contemporáneo no pueda emplear con naturalidad muchas de las tácticas contrainsurgentes con las que destruyó a los movimientos sociales de antaño.
No quisiera concluir este ensayo sin subrayar que, la última gran diferencia que encuentro entre las campesinas y las citadinas que vivieron el movimiento armado, es que las primeras no han podido superar el pasado porque las condiciones de anomia y violencia en las que se desenvuelven no son muy distintas a las de hace tres décadas. En cambio, dada su posición social, las ex-militantes urbanas pudieron rehacer sus vidas en mejores condiciones, pese al estigma de haber sido perseguidas, encarceladas o exiliadas. Así, mientras que para unas la revoltura es pasado, presente y futuro, para las otras ésta no es más realidad sino memoria, una memoria que, en el mejor de los casos, debe impulsar la lucha por la verdad y la justicia, para que esos hechos ominosos no se repitan.

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Anexo
En el siguiente anexo se enlistan los nombres de ciento cincuenta y ocho mujeres que tuvieron una participación activa en organizaciones político-militares de los sesenta y setenta del siglo XX. La lista es una muestra parcial de la presencia femenina en la lucha armada, ya que sólo incorpora casos de mujeres presas, ejecutadas, desaparecidas, exiliadas, muertas en combate o amnistiadas. No aparecen los nombres de guerrilleras prófugas que nunca fueron detenidas por la policía, ni los de aquellas que participaron y no desean que sus identidades sean reveladas. No obstante, si se toma en cuenta que el número total de casos conocidos de mujeres vinculadas con el movimiento armado no llega a doscientos, se puede concluir que, sólo en casos excepcionales, las guerrilleras escaparon de la violencia estatal. 
El rubro “Origen” se basa en el lugar de nacimiento. En los casos en los que apenas comenzaba la transición de lo rural a lo urbano no hice ninguna aclaración, por considerar que el tipo de vida de las mujeres nacidas en esas condiciones tendió a ser urbano, aun cuando sus lugares de origen no hubieran sido clasificados como ciudades de acuerdo con los parámetros vigentes en aquella época respecto al número de habitantes con que debía contar una localidad.
En la columna “Militancia o actividad previa”, especifiqué si las mujeres en cuestión habían sido activistas del movimiento estudiantil u obrero, si habían pertenecido a alguna organización semilegal o abierta o si se habían acercado a la política por alguna Contexto familiar. Esta última alude específicamente a los casos de mujeres que no se involucraron de forma individual o por iniciativa propia, sino que eran esposas, madres, hijas, hermanas o novias de las y los luchadores sociales, y desde esa condición fueron motivadas, reclutadas o canalizadas para apoyar la lucha armada.  
La columna de “Militancia armada” es la que brinda orden cronológico a la lista, ya que las organizaciones son mencionadas de acuerdo con su fecha de aparición. En este rubro no hice la distinción entre las militantes y las bases de apoyo, debido a la ambigüedad de la información consultada. También es posible que algunas mujeres no hubieran desempeñado ninguna de las dos funciones y hubieran sido victimadas por su sólo parentesco o cercanía con quienes sí participaban, como en el caso de la familia extensa de Lucio Cabañas, recluida durante dos años y medio en el Campo Militar No. 1. Al menos en once casos pude constatar que, pese a que las mujeres no tenían vínculos con grupos armados, fueron desaparecidas.
En la última columna se refiere el destino que corrió cada mujer por su conexión con el movimiento armado. Es importante hacer hincapié en que el grueso de las presas y detenidas-desaparecidas fue torturada. Las presas fueron recluidas en rangos que van de semanas o meses hasta un máximo de ocho años. Presas y exiliadas pudieron rehacer su vida gracias a la ley de amnistía. En el caso de las mujeres muertas en combate o ejecutadas, se tiene la certeza que casi todas fueron rematadas y, en algunos casos, los cadáveres no fueron entregados a las familias. Las desaparecidas no han sido presentadas aún. Aunque el recuento de mujeres no es exhaustivo, de él se puede colegir que en un rango de entre 5 y 10% de militantes en las organizaciones armadas eran mujeres.

NOMBRE
MILITANCIA O ACTIVIDAD PREVIA
MILITANCIA ARMADA
SITUACIÓN DURANTE EL CONFLICTO
Epifania Zúñiga (embarazada)
Movimiento campesino
Jaramillismo
Ejecutada
Margarita Urías Hermosillo
Movimiento estudiantil
Grupo Popular Guerrillero y Movimiento 23 de Septiembre (1964)
Presa
Martha Cecilia Ornelas Gil
Movimiento estudiantil
Grupo Popular Guerrillero y Movimiento 23 de Septiembre
Presa
Josefina Pimentel Ramírez
Contexto familiar
Unión del Pueblo (1964)
Presa y exiliada
Nuria Boldo Belda
Movimiento estudiantil
Unión del Pueblo
Presa
Ana María Rico Galán

Movimiento Revolucionario del Pueblo (1965)
Presa
Alma Gómez Caballero.
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria (1966)
Presa y exiliada
Amalia Gámiz García
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa y exiliada
Ana Luz Mendoza Sosa
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Detenida-desaparecida
Austreberta Hilda Escobedo Ocaña
Movimiento estudiantil
Movimiento de Acción Revolucionaria
Detenida-desaparecida
Berta Vega Fuentes.
Movimiento estudiantil
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa
Bertha López García
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Desaparecida liberada
Dolores Gámiz García
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa y exiliada
Elda Nevarez Flores
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Desaparecida liberada
Elia Hernández Hernández.
Movimiento estudiantil
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa
Esperanza Rangel Aguilar.
Movimiento estudiantil
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa
Herminia Gómez Carrasco.
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa
Laura Gaytán Saldívar
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Desaparecida liberada
Lorena Zazueta Aguilar
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Desaparecida liberada
Margarita Aguilar Villa
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Desaparecida liberada
Martha Elba Cisneros Zavala.
Movimiento estudiantil
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa
Minerva Armendáriz Ponce.
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Presa
Sara Mendoza Sosa
Contexto familiar
Movimiento de Acción Revolucionaria
Detenida-desaparecida
Aída Ramales Patiño
Movimiento estudiantil
Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Alejandra Cárdenas Santana
Becaria en la Universidad Patricio Lumumba
Partido de los Pobres (1967)
Desaparecida liberada
Antonia Sántiz Méndez

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Bartola Serafín Gervasio y dos hijas menores de edad
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Desaparecidas liberadas
Elsa Velasco Cahuitz
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Desaparecida liberada
Eva Reséndiz Hernández

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Felícitas Arroyo Dionisio
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Gloria Guerrero Gómez
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Guadalupe Castro Molina
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Guillermina Cabañas Alvarado
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Amnistiada
Hilda Solís Flores
Movimiento democrático
Partido de los Pobres
Presa
Inés Bernal Castillo

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Isabel Ayala y Micaela Cabañas Ayala (recién nacida)
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Desaparecidas liberadas
Juana Acosta Gómez
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Juliana Gómez López

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Laura Villa

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Lucía Gómez Mendiola

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Marcelina Fierro Martínez
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
María Adame de Jesús
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Desaparecida liberada
María Concepción Jiménez Rendón
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Marina Texta
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Marquina Ahuejote Yáñez
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Matilde Llanes Vázquez

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Olivia Flores Alarcón
Movimiento estudiantil
Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Perla Sotelo Patiño
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Rafaela Gervasio
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Desaparecida liberada
Romana Ríos de Roque
Contexto familiar
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Tania Cascante Carrasco
Movimiento estudiantil
Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Teresa Franco Vega
Liga Comunista Espartaco (Seccional Ho Chi Min)
Base de apoyo del Partido de los Pobres
Presa
Venancia Gómez Sánchez

Sin militancia (acusada de pertenecer al PdlP)
Detenida-desaparecida
Victoria Hernández Brito
Movimiento estudiantil
Partido de los Pobres
Detenida-desaparecida
Lourdes Rodríguez Rosas
Movimiento democrático
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (1968)
Presa
Arcelia Martínez Aguilar
Movimiento democrático
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Presa
Blanca Alvarado Vázquez
Contexto familiar
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Secuestrada y liberada
Consuelo Solís Morales
Movimiento democrático
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Secuestrada y liberada
Guadalupe Ramírez García
Movimiento campesino
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Detenida-desaparecida
Lidia Salgado López
Contexto familiar
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Secuestrada y liberada
María Concepción Solís Morales
Movimiento democrático
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Presa
María Martínez Ayala
Movimiento democrático
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Presa
Sara Reynoso Hernández
Movimiento democrático
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
Presa
Judith Leal
Movimiento Marxista-Leninista de México (maoísta)
Partido Revolucionario del Proletariado de México (1969)
Presa
Rosalba Robles Vessi
Movimiento Marxista-Leninista de México (maoísta)
Partido Revolucionario del Proletariado de México
Presa
Yolanda Casas Quiroz.
Movimiento estudiantil
Lacandones (1969)
Presa
Concepción Hinojosa C.
Movimiento estudiantil
Lacandones
Presa
Laura Méndez Ramírez.
Movimiento estudiantil
Lacandones
Presa
Lourdes Quiñónez Trevizo.
Liga Comunista Espartaco (Seccional Ho Chi Min)
Lacandones
Presa
María América Villavicencio Salgado
Movimiento estudiantil
Lacandones
Presa
María Esther Acosta Díaz
Movimiento estudiantil
Lacandones
Presa
María Eugenia Calzada Flores
Movimiento estudiantil
Lacandones
Presa
Francisca Calvo Zapata.
Movimiento estudiantil
Frente Urbano Zapatista
Presa y exiliada
Lourdes Uranga López.
Movimiento estudiantil
Frente Urbano Zapatista
Presa y exiliada
Margarita Muñoz Conde.
Contexto familiar
Frente Urbano Zapatista
Presa
Avelina Gallegos Gallegos
Contexto familiar
Guajiros (1969)
Muerta en combate
"Ruth"

Fuerzas de Liberación Nacional (1969)
Muerta en combate
Carmen Ponce Custodio
Movimiento estudiantil
Fuerzas de Liberación Nacional
Ejecutada
Dení Prieto Stock
Trabajo social
Fuerzas de Liberación Nacional
Ejecutada
Elisa Irina Sáenz Garza
Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales
Fuerzas de Liberación Nacional
Detenida-desaparecida
Julieta Glockner Rossainz
Movimiento estudiantil
Fuerzas de Liberación Nacional
Muerta en combate
María Gloria Benavides Guevara
Movimiento estudiantil
Fuerzas de Liberación Nacional
Presa, reincidente
Nilda Valentina Rivera Rodríguez
Contexto familiar
Fuerzas de Liberación Nacional
Presa (se suicidó posteriormente)
Nora Rivera Rodríguez (embarazada)
Movimiento estudiantil, magisterial y sindical
Fuerzas de Liberación Nacional
Presa y ejecutada
María Elena Dávalos Martínez.
Movimiento estudiantil
Frente Urbano Zapatista (1970)
Presa
Rosalbina Garavito Elías
Movimiento estudiantil
Procesos (1970)
Presa
Aurora González Meza.
Movimiento estudiantil
Comandos Armados del Pueblo (1971)
Presa
Gladis Guadalupe López Hernández.
Movimiento estudiantil
Comandos Armados del Pueblo
Presa
Macrina Cárdenas Montaño.
Movimiento estudiantil
Comandos Armados del Pueblo
Presa
María de Jesús Méndez Alvarado.
Movimiento estudiantil
Comandos Armados del Pueblo
Presa
Rosa Cabañas Rodríguez
Movimiento campesino
Fuerzas Revolucionarias Armadas Socialistas (1971)
Presa
Edna Ovalle
Movimiento estudiantil
Liga de Comunistas Armados (1971)
Presa y exiliada
Alejandrina Ávila Sosa
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre (1973)
Amnistiada
Alfonsina Flores Ocampo
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Alicia de los Ríos Merino
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Alicia Leyva Orduño
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Alma Celia Martínez Magdaleno (embarazada)
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Amanda Arciniega Cano
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Ana Lilia Tecla Parra.     
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Ana Luisa Guerra
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Ana María Parra Ramos.
Partido Comunista Mexicano
Movimiento de Acción Revolucionaria y Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa, reincidente y detenida-desaparecida
Araceli Ramos Watanabe (embarazada)
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Artemisa Tecla Parra (embarazada)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa, reincidente y detenida-desaparecida
Aurora Castillo Mata
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Bertha Lilia Gutiérrez Campos
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Carmen Teresa Carrasco Martínez
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Carmen Vargas Pérez (con un bebé desaparecido)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Celia Torres
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Consuelo Baños Mora
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Cristina Rocha Manzanares (embarazada)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Delia Morales López
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Deyanira Fernández Maldonado
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Elena Montoya Cruz
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Elizabeth Cifuentes Berumen
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Elvira Armida Miranda Verdugo
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Emma Cabrera Arenas (embarazada)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Eréndira Orozco Vega
Movimiento estudiantil
Movimiento de Acción Revolucionaria y Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Graciela Mijares López
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa, reincidente y amnistiada
Hilda Dávalos Ibáñez
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Hortensia García Zavala
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Irma Yolanda Cruz Santiago
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Isela Arvizu Quiñones
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Isidora López Correa
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Leticia Galarza Campos
Movimiento estudiantil y obrero
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Lourdes Martínez Huerta (embarazada)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
María Constancia Carballo Bolín
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
María de Jesús Estrada Armendáriz
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
María de la Paz Quintanilla
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Amnistiada
María de los Ángeles Sánchez
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Muerta a consecuencia de la tortura
María Margarita Marcelina Andrade Vallejo
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Se suicidó en combate
María Olga Navarro Fierro
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Maricela Balderas Silva (embarazada)
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Marina Alejandra Herrera Flores
Movimiento estudiantil y obrero
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Marisol Orozco Vega
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Martha Murillo de Ramírez (embarazada)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Martha Alicia Camacho Loaiza (embarazada)
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Desaparecida liberada
Martha Olga Medrano Flores
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Norma Martínez Watanabe.
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Olivia Ledesma Flores
Movimiento estudiantil
Lacandones y Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa, reincidente, muerta en combate
Patricia Rodríguez
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Rosalina Hernández Vargas
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Rosario Carrillo
Movimiento estudiantil y obrero
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Susana Ceballos
Contexto familiar
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Teresa Gutiérrez Hernández
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Detenida-desaparecida
Teresa Hernández Antonio
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Ejecutada
Trinidad León Zempoaltecalt
Movimiento estudiantil
Liga Comunista 23 de Septiembre
Presa
Dalila González Hernández
Contexto familiar
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (1973)
Presa
Eunice Díaz Michel
Movimiento estudiantil
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo
Presa
Margarita Maldonado Ochoa
Contexto familiar
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo
Presa
Monserrat Moreno Díaz
Contexto familiar
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo
Presa
Aurora de la Paz Navarro del Campo
Movimiento estudiantil
Fuerzas Armadas Revolucionarias (1973)
Detenida-desaparecida
Fabiola Castro Molina
Contexto familiar
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Detenida-desaparecida
Teresa Torres Ramírez (embarazada)
Movimiento estudiantil
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Detenida-desaparecida
Teresa Estrada Ramírez
Contexto familiar
Fuerzas Armadas de Liberación (1974)
Detenida-desaparecida
Rebeca Rivera Padilla (con su bebé de un año)
Contexto familiar
Vanguardia Armada Revolucionaria del Pueblo (1974)
Detenida-desaparecida
María Sonia Esquivel
Movimiento estudiantil
Comando Armado del Pueblo (Guerrero, 1974)
Detenida-desaparecida
Sonia Virginia Escobedo Jiménez
Movimiento estudiantil
Comando Armado del Pueblo (Guerrero)
Desaparecida liberada
Aída Bracamontes Patiño
Movimiento estudiantil
Organización Revolucionaria de los Campesinos Armados (1977)
Detenida-desaparecida
TOTAL
158


Presas
57


Exiliadas
7


Desaparecidas liberadas
19


Amnistiadas que no estuvieron presas
4


Ejecutadas
13


Muertas en combate
5


Detenidas-desaparecidas
53


Desaparecidas embarazadas
8


Bebés desaparecidos
2 (1 recuperado de adulto)









[1] Para una visión global del fenómeno, véase: Laura Castellanos. México armado 1943-1981. México, Era, 2007, Jorge Luis Sierra Guzmán. El enemigo interno: contrainsurgencia y fuerzas armadas en México. México, Plaza y Valdés/Universidad Iberoamericana/Centro de Estudios Estratégicos de América del Norte, 2003 y José Sotelo, coord. Informe histórico a la sociedad mexicana, ¡Qué no vuelva a suceder! México, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 2005, borrador (en lo sucesivo, IHSM).
[2] En los estados de Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Puebla, Veracruz y Chiapas, la actividad militar de ambos bandos fue más focalizada, mientras que en Baja California, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, ésta sólo fue transitoria. En los restantes (Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) el fenómeno estuvo prácticamente ausente.
[3] Dichos cálculos son producto de la confrontación documental de diversos volúmenes de los Fondos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) del Archivo General de la Nación, así como de la revisión de la bibliografía existente sobre el periodo. Cabe señalar que en el libro del General Mario Arturo Acosta Chaparro, Movimiento subversivo en México (1990), basado en los archivos de la DFS y de la Segunda Sección de Inteligencia Militar, sólo aparecen los nombres de mil ochocientos sesenta guerrilleros y colaboradores presuntos (la mayoría ejecutados, desaparecidos o presos), lo que me lleva a suponer que las autoridades no tenían un registro completo de todas las bajas civiles. Debido a esta carencia documental, el IHSM de la FEMOSPP también manejó cifras que podrían estar muy por debajo de la realidad: cien muertos, setecientos noventa y siete casos reportados como detenidos-desaparecidos y dos mil ciento cuarenta y un torturados.
[4] La Ley de Amnistía promulgada el 28 de septiembre de 1978 en sus distintas etapas benefició a un total de mil quinientos treinta y nueve presos y prófugos que cometieron delitos por móviles políticos (la mayoría de ellos, miembros de movimientos campesinos). Al cotejar los nombres de los beneficiarios, encontré que muchos de los prófugos eran en realidad detenidos-desaparecidos que nunca fueron presentados ante ninguna autoridad. Las restricciones de acceso a la información desclasificada del fondo DFS dificultan hacer el desglose respecto a los “prófugos” desaparecidos y aquellos que realmente escaparon a la persecución de las autoridades. 
[5] Estas cifras fueron tomadas de las declaraciones del general Alberto Quintanar Gustavo Castillo García, “Gobernación infiltró el movimiento del 68, revela el general Quintanar”, La Jornada, México, 2 de octubre de 2002, versión electrónica: http://www.jornada.unam.mx/2002/10/02/005n1pol.php?origen=index.html, así como del sitio de Miguel Nazar Haro, www.miguelnazarharo.com (consultado en febrero de 2004). En su listado, Nazar incluía a civiles que fueron secuestrados y ejecutados, a guardias privados y a algunas víctimas del fuego cruzado.
[6] Véase por ejemplo Ma. de la Luz Aguilar Terrés, comp. Memoria del primer encuentro nacional de mujeres exguerrilleras. México, s.e., 2007 y Macrina Cárdenas Montaño, “La participación de las mujeres en los movimientos armados” en Verónika Oikión y Marta Eugenia García, eds. Movimientos armados en México, siglo XX. México, COLMICH/CIESAS, 2006, vol, 2. p. 609-624.
[7] México no fue el único país en el que la participación femenina en las guerrillas rurales fue escasa, por el contrario, en su análisis de las guerrillas latinoamericanas activas entre 1956 t 1970, Timothy Wickham-Crowley aseveró que no había encontrado ningún caso en el que hubiera “predominancia femenina, ni en cantidad ni en poder, dentro de un movimiento, ni… un solo caso de una campesina que se una a la guerrilla como combatiente armada”. Citado en Karen Kampwirth. Mujeres y movimientos guerrilleros. Nicaragua, El Salvador, Chiapas y Cuba. México, Plaza y Valdés Editores/Knox College, 2007, p. 137. No está por demás insistir en que el sojuzgamiento de las mujeres históricamente ha limitado su adquisición de conciencia y su participación política.
[8] Intervención de Guillermina Cabañas Alvarado en Aguilar comp., op. cit. p. 142. En esta cita se resume también el pensamiento tradicional de la época, que visualizaba a la mujer como un ente débil, sin agencia ni capacidad para defenderse, y cuya naturaleza de objeto sexual despertaba las pasiones masculinas.
[9] Como observó Linda L. Reif, esta doble desventaja también se refleja en los estudios de la política convencional, que muestran que el bajo nivel socioeconómico disminuye el activismo femenino más profundamente que el masculino. Reif, Reif, Linda L., “Women in Latin America Guerrilla Movements. A comparative perspective”, Comparative Politics, vol. 18, no. 2, enero de 1986, p. 151.
[10] Hace falta un estudio sobre la participación de las mujeres en la lucha guerrillera en la serranía de Guerrero, que dé cuenta de los porcentajes de mujeres activas tanto en los campamentos como en las redes de abastecimiento e información de los grupos armados. Aunque ningún trabajo sistematiza las referencias a las mujeres en la literatura sobre el tema, se puede advertir fácilmente que éstas son escuetas y aluden a una participación escasa. Por poner un ejemplo, de los 347 nombres que registró Acosta Chaparro como integrantes del PdlP, sólo 32 corresponden a mujeres. Acosta, op. cit. p. 97-105. De acuerdo con un testimonio, la Brigada de Ajusticiamiento del PdlP contaba con 200 hombres y 11 mujeres. Sotelo, coord.. op. cit. p. 295.
[11] José Natividad Rosales. ¿Quién fue Lucio Cabañas? ¿Qué pasa con la guerrilla en México? México, Posada, 1974, p. 93.  Pese a todo, la situación de las mujeres que lograron integrarse a los campamentos guerrilleros no fue desventajosa, de acuerdo con la propia Guillermina. Había compañerismo, respeto y equidad en la distribución de tareas.
[12] Intervención de Guillermina…. op. cit. p. 142.
[13] Aunque la clase media se benefició del desarrollo estabilizador y sus demandas no eran propiamente económicas, no se pueden soslayar los factores estructurales, tales como la injusta distribución de la riqueza, la dependencia económica, la falta de correspondencia entre crecimiento y desarrollo económicos, etc.  Este era precisamente el escenario que los guerrilleros esperaban transformar.
[14] Mi recuento incluye a las mujeres de origen urbano que participaron indistintamente en la ciudad y el campo. Macrina Cárdenas maneja un porcentaje similar, pero engloba a todas las organizaciones armadas del país. Cárdenas, op. cit. p. 610. Como caso paradigmático se puede señalar a la Liga Comunista 23 de Septiembre, la organización guerrillera urbana más grande de aquella época. La policía descubrió los nombres de 392 militantes, de los cuales 70 eran mujeres. Acosta, op. cit. p. 162-171. En el anexo final aparecen 24 casos adicionales, lo que arroja un total de 94. 
[15] Kampwirth, op. cit. p. 171.
[16] Cárdenas, op. cit. p. 614. Los prejuicios que prevalecían en las ciudades respecto a las mujeres guerrilleras no eran muy distintos a los del medio rural, ya que éstas eran tachadas de aventureras, provocadoras, “marimachas”, sólo aptas para servir de cocineras, sirvientas o “putas”.
[17] Véase anexo final.
[18] Cárdenas, op. cit. p. 612. Uno de los testimonios más elocuentes sobre la importancia de la muerte de un familiar en la determinación de tomar su lugar en la guerrilla, es el de Minerva Armendáriz Ponce, Morir de sed junto a la fuente. México, Universidad Obrera de México, 2001.
[19] Ibid. p. 615. Las tareas iban desde ser correos o enlaces hasta participar en expropiaciones bancarias, secuestros y combates contra las fuerzas del orden.  De acuerdo con la autora, el machismo se dio en el terreno de las relaciones de pareja. Debe remarcarse también que, en una sociedad como la mexicana, que ponderaba las demostraciones de “virilidad” traducidas en la fuerza física, los guerrilleros encontraban una correspondencia entre la exaltación de su masculinidad y su actividad militar. En forma sarcástica, Carlos Salcedo denominó “teoría de los huevos” al planteamiento según el cual “las acciones armadas se realizan no porque políticamente hay necesidad de ello, porque tiene un fin que incidirá directamente en el desarrollo del partido, ni tendrá razón de justificarse por sí misma, sino porque se tienen ‘huevos’ suficientes para hacerlo”. Carlos Salcedo García. Grupo guerrillero lacandones. La luz que no se acaba. México, Símbolo Digital, en prensa, p.  36.
[20] También cabe suponer que las organizaciones en las que la presencia femenina era notablemente inferior, el sexismo fuera más intenso. Por ejemplo, al interior de las Fuerzas de Liberación Nacional, el “machismo” era una actitud tan generalizada que el máximo dirigente, César Yáñez, llamó a superarla en un comunicado, aduciendo que éste se basaba en “prejuicios tradicionales, totalmente infundados y sumamente dañinos para la Revolución”. AGN, DFS, [Comunicado confidencial a todos los militantes de las FLN, 6 de agosto de 1973], Exp. 11-212-74, L-11, H-21.
[21] La organización en la que se generó el mayor número de liderazgos femeninos fue la Liga Comunista 23 de Septiembre. Entre las militantes que alcanzaron cargos de dirección se puede mencionar a: Teresa Hernández Antonio, Margarita Andrade Vallejo, Alicia de los Ríos, Olivia Ledesma Flores y Teresa Gutiérrez. Otros dos casos interesantes son el de Aurora de la Paz Navarro del Campo, que fue dirigente nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el de Elisa Irina Sáenz Garza, que fue la primera mujer responsable de una red urbana de las Fuerzas de Liberación Nacional, así como la primera y única mujer del Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata. Casi todas las lideresas de aquella época fueron asesinadas o desaparecidas.
[22] Kampwirth, op. cit. p. 31.
[23] La ex–guerrillera Elisa Benavides definió como un “imperativo moral” el sentimiento de muchos jóvenes  que creyeron que lo que el país necesitaba en ese momento era que ellos se rebelaran. “Elisa Benavides o el imperativo moral”, en Sabina Berman y Denis Maerker eds.  Mujeres y poder. México, Hoja Casa Editorial, 2000, p. 132.
[24] Carta de Dení Prieto a sus padres y hermana, octubre de 1973 en Luis Prieto Reyes, Guillermo Ramos y Salvador Rueda, comps. Un México a través de los Prieto. Cien años de opinión y participación política. Jiquilpan de Juárez, Centro de estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas” A. C., 1987, p. 697.
[25] Aun cuando los campesinos no tuvieran nexos con grupos armados, los militares desplegaban la misma saña contra ellos, ya fuera a manera de escarmiento preventivo, para inhibir el apoyo a la guerrilla o simplemente para exhibir la fuerza del gobierno y evidenciar la impotencia de los rebeldes.
[26]  El IHSM de la FEMOSPP ofrece un catálogo extenso y pormenorizado de los ataques de las fuerzas públicas contra las comunidades campesinas de Guerrero. Sotelo, op. cit. cap. VI, passim.
[27] Citado en Cárdenas, op. cit. p. 610.
[28] Castellanos, op. cit. p. 302.
[29] Entrevista de la autora con Bartola Serafín Gervasio, 10 de septiembre de 2006, Ciudad de México.
[30]  Véase anexo final.
[31] Maier, Elizabeth. Las madres de los desaparecidos. ¿Un nuevo mito materno en América Latina?  México, Universidad Autónoma Metropolitana/El Colegio de la Frontera Norte/La Jornada Ediciones, 2001, p. 54.


miércoles, 3 de marzo de 2010

Exguerrilleras en acción


8 de Marzo
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

De niñas a guerrilleras
Dentro del rescate de la experiencia de participación de las mujeres en la lucha armada socialista, compartiremos cómo tomamos conciencia de luchar por un mundo mejor; para ello ofreceremos algunos comentarios de cómo era nuestra vida antes de marchar por este  camino.
Fuimos jóvenes como lo somos hoy, jugábamos, bailábamos, estudiábamos, trabajábamos,  disfrutábamos de lo que hacíamos, teníamos novio, en fin, vivíamos. Éramos mujeres plenas, por ello decimos que no  sólo queremos que se nos conozca como ex - guerrilleras, sino también como luchadoras sociales, como mujeres con una historia de vida, con vivencias compartidas al lado de los grupos sociales que hoy nos acompañan.
Participarán:
Bertha Lilia Gutiérrez Campos                       Rosa María González Carranza
Raquel Haydee Velázquez                              María de la Luz Aguilar Terrés
Minerva Armendáriz Ponce                          Guillermina Cabañas Alvarado
Marta Piña Barba                                          Catarino Campos
Rubén Martínez Rodríguez                            Alejandra Cárdenas Santana
Guadalupe Sánchez López                             Mamá Trini
Gloria Arenas Agis                                         Teresa Franco Vega
Citlali Esparza González                                Amanda Arciniega Cano
Convocan: Posgrado en Historia y Etnohistoria y Seminario Permanente sobre Movimientos Armados en América Latina a través de la Jefatura de la Licenciatura en Antropología Social de la ENAH
Auditorio Piña Chan  8 de marzo de 2010 de  16:00 a 21:00 horas
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Calle Zapote esquina con Periférico Sur, col. Isidro Favela, Delegación Tlalpan, México, D.F.



domingo, 13 de diciembre de 2009

Los "levantones" fueron una práctica ideada por los cuerpos de seguridad y tienen un origen político

Hoy, transitando por una librería encontré un libro sobre el fenómeno del secuestro en México, escrito por un licenciado con una visión muy sesgada acerca de la seguridad nacional. El susodicho atribuye a las organizaciones armadas clandestinas de los setentas la introducción de la práctica del secuestro como una "innovación en las técnicas criminales", pero ignora o soslaya el papel que tuvieron las fuerzas armadas y la policía política como verdaderas pioneras de este flagelo que hoy azota con tanta fuerza a la nación mexicana, convirtiéndola en líder mundial en secuestros. Yo creo que todas las personas decentes que todavía circulamos por este suelo (pese a los esfuerzos que el Estado, el crimen organizado y sus cómplices a todos los niveles realizan para exterminarnos) debemos unirnos en un frente para combatir estas prácticas infames que nos han llevado a vivir en un clima de terror generalizado. Sin embargo, la información tergiversada no nos va a ayudar a identificar las causas del problema. Cualquiera que haga una investigación profunda, rigurosa y honesta acerca del origen de los llamados "levantones" y secuestros no podrá pasar por alto su origen institucional.
Cuando el ejército emanado de la revolución de 1910 se consolidó y superó la era de los generales levantiscos (v. gr. los delahuertistas, los escobaristas, los pro-cristeros, etc.), en el instituto armado surgió una práctica de la que se tiene conocimiento tan sólo por el testimonio de los propios militares, conocida como el "servicio de escobas". Ésta consistía en ejecutar clandestinamente a militares conflictivos o que manifestaban su inconformidad ante las órdenes recibidas. Posteriormente, en los años de la guerra fría, ante la aparición de una oposición armada, el ejército y la policía política hicieron extensiva la práctica del secuestro y la pena de muerte clandestina a los guerrilleros y sus colaboradores (presuntos o probados), la cual en el derecho penal se conoce como "desaparición forzada de personas". Los gobiernos priístas premiaron a los militares por sus servicios de "limpieza" nada más y nada menos que con el reparto de plazas para administrar los negocios ilícitos, principalmente el del narcotráfico.
El ejército y la Dirección Federal de Seguridad (hoy CISEN) dedicaron más de veinte años a combatir a las organizaciones armadas, por lo que adquirieron una gran práctica en el secuestro y desaparición de personas, a diferencia de los guerrilleros, cuyos secuestros se pueden contabilizar con los dedos de las manos. Así, por cada empresario o político secuestrado por la guerrilla hubo cien detenidos-desaparecidos del gobierno.
Los exmilitares y expolicías llevaron sus conocimientos hacia la sociedad y formaron bandas especializadas en el secuestro y la extorsión. El gobierno, que los había preparado para aniquilar a sus enemigos, los dejó en libertad para actuar impunemente y cuando quiso simular que los pararía, ya era demasiado tarde: cual Dr. Frankenstein, no tenía ningún control sobre sus creaciones. No es coincidencia que en la historia de los cárteles de la droga y de las bandas de secuestradores siempre aparezca el nombre de algún militar o policía que trabajó en corporaciones dedicadas a la contrainsurgencia.
Tengo la firme convicción de que si los ciudadanos que vivieron las década de los sesenta y setenta no hubieran permitido la tortura, ejecución o desaparición de los luchadores sociales hoy no tendríamos a tantos expolicías y exmilitares entrenando a bandas de criminales que torturan, matan y secuestran a civiles indefensos, ni habría miles de familias viviendo la angustia de ignorar el paradero de sus seres queridos. La lumpenización de la sociedad ha sido obra del Estado mismo. A quien tenga el valor de asomarse a la verdad histórica del problema, lo invito a leer este ensayo.

Surgimiento y significado de la desaparición forzada de personas en México

Por Adela Cedillo

Los Estados-nación que emergieron a partir del siglo XVI, generaron prácticas y discursos novedosos para desincentivar y aniquilar a la oposición política, ideológica o religiosa, mismas que tendieron a recrudecerse ante los conflictos armados. En el siglo XVI, en la Mesoamérica conquistada se introdujo la exhibición pública de los cadáveres de los enemigos con un macabro sentido de escarmiento, desprovisto de la atmósfera sacrificial y religiosa que ésta tenía para los indígenas. La exhibición tenía también una intención didáctica: todos aquellos que eran política y socialmente indeseables podían ser colgados en las plazas para aleccionar a los detractores. Asimismo se importó a América el Tribunal de la Inquisición, que se encargaba, entre otras cosas, de torturar y quemar vivos a herejes, brujas, hechiceros y judíos, frente a la morbosa fascinación de un público exaltado.

Después de tres siglos en el que todos los presuntos enemigos de la Corona y de la sociedad recibieron ese trato, no es de extrañar que, con la Guerra de Independencia, al ser detenidos y fusilados los insurgentes Miguel Hidalgo y acompañantes en Chihuahua, se ordenara que se les cortaran las cabezas y que éstas fueran exhibidas en jaulas en la alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. En cambio, durante el siglo XIX –el más inestable de la historia mexicana– la desintegración del Estado virreinal y la dificultosa construcción de uno moderno, así como la imposibilidad de que una facción política hegemonizara al resto, disminuyó los niveles de represión política. El destierro era la práctica más común para deshacerse de algún opositor, si bien, en la segunda mitad del siglo fueron más frecuentes los encarcelamientos y ejecuciones selectivas, como la de ilustres liberales durante la guerra de Reforma.

En el Porfiriato, la naturaleza de la dictadura incitó a la represión sin mesura. Encarcelamientos, ejecuciones masivas y arrasamiento de pueblos, entre otras, fueron prácticas normalizadas. Con estos antecedentes, durante la revolución se escalaron los niveles de violencia política, por lo que torturar y fusilar prisioneros de guerra y quemar o colgar sus cadáveres en árboles, se volvió un ejercicio cotidiano. Los regímenes posrevolucionarios restablecieron el pacto social pero no renunciaron a desplegar su fuerza contra los opositores. Ejecuciones sumarias, tortura, cárcel, confinamiento en las Islas Marías y destierro eran algunas de las salidas que les ofrecían los gobiernos de la familia revolucionaria.

En la segunda mitad del siglo XX, en la etapa de la llamada “guerra sucia” o guerra contrainsurgente, a todas las prácticas anteriormente descritas se sumó la de la desaparición forzada de personas, en la cual México fue pionero al lado de Guatemala en todo el continente americano. Por primera vez se cambió el patrón de la exhibición de cadáveres de los opositores que había consistido en quemarlos o colgarlos públicamente, cortarles alguna parte del cuerpo para exponerla o divulgar las imágenes de sus ejecuciones. A partir del año de 1968, en el contexto de una intensa agitación social, si bien la nota roja de la época presentaba las imágenes de algunos cuantos “sediciosos muertos en enfrentamientos”, el verdadero terror residió en el silencio, en el ocultamiento de la información, en negar las detenciones de los luchadores sociales, en inventarles vidas paralelas, en borrar su identidad oficial, en suma, en desaparecerlos para siempre de la faz de la tierra sin informar nunca sobre su destino a nadie.

En este 2009 el Estado mexicano cumple nada menos que cuarenta y un años de haber instrumentado este delito, que es uno de los más complejos que puedan existir. Este crimen, propio de los regímenes que ejercen el terror, vulnera todos y cada uno de los derechos humanos de la víctima y por lo general se acompaña de otros delitos graves, como la tortura y la ejecución extrajudicial. En otras palabras, es la manera más radical en la que se puede destruir a un ser humano, pues no sólo se le despoja de su derecho a vivir, sino también a morir, ya que cancela la posibilidad de la sepultura, que es uno de los rituales sagrados más importantes que han compartido todas las civilizaciones desde la antigüedad, siendo el desaparecido colocado en una especie de eternidad incómoda y terrible. Por eso, en el derecho internacional humanitario la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad, de carácter continuo, múltiple e imprescriptible.

El común denominador de las desapariciones de ciudadanos es que sean o no culpables, en lugar de ser sometidos al proceso penal correspondiente, son detenidos por agentes de alguna corporación policiaca o militar y llevados a cárceles clandestinas y el gobierno niega permanentemente tanto la detención arbitraria como la información sobre el paradero de la víctima. Aunque los famosos "levantados" no entran en esta categoría, sino en la de privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro (que es un delito cometido únicamente por particulares), el hecho de que el Estado no promueva la apertura y el desarrollo de averiguaciones previas -tratándose de delitos federales, que se persiguen de oficio- condena al desamparo jurídico a los ofendidos.

En este país, la desaparición forzada ha sido el crimen de Estado por antonomasia: no deja huellas ni testigos, está envuelta en un marasmo jurídico que favorece la impunidad y toda denuncia cae en un hoyo negro de irresponsabilidad institucional. Como política de Estado, ha resultado una forma tan infalible de deshacerse de los "enemigos internos" que se ha aplicado con singular recurrencia. En toda Iberoamérica, sólo en Colombia y México se ejerce la desaparición forzada de manera sistemática, tanto por motivos políticos como en el contexto del combate a la delincuencia organizada. Por si fuera poco, a diferencia de lo ocurrido en países como Argentina y Chile, en los que ha habido una reivindicación institucional y social del problema, los desaparecidos mexicanos y sus familias han sido objeto de una doble victimización: a través de la denegación total de justicia, por parte del Estado, y con un silencio cómplice, de parte del grueso de la sociedad. La ecuación perfecta para abrir camino a la infamia.

Como lo han descrito los especialistas en el tema, los efectos de la desaparición son expansivos. Se afecta no sólo a la víctima sino a todo su entorno, a manera de círculos concéntricos. La incertidumbre y el terror generados dentro de las redes sociales del desaparecido no tienen parangón. Aunque no cabe hablar sólo de efectos disuasivos, éstos resultan los más comunes para inhibir la participación ciudadana en los movimientos sociales. Cualquier luchador social que mantenga demandas radicales frente al Estado, vive con el miedo permanente de ser detenido, torturado, asesinado o desaparecido.

Las primeras desapariciones forzadas se llevaron a cabo dentro de los movimientos campesino y estudiantil. Los registros más actualizados sobre los desaparecidos arrancan con el campesino Santiago García, oriundo de San Jerónimo de Juárez, Gro., miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, detenido el primero de mayo de 1968. Desafortunadamente no se conocen muchos casos específicos pertenecientes a ese año, pero el conjunto de pruebas reunidas conduce a sostener, con muy pocas dudas de por medio, que a partir de ese momento la desaparición forzada se convirtió en una de las prácticas que definirían el carácter de la llamada “guerra sucia”.

Más allá de la inevitable reflexión sobre el bien y el mal a la que nos obliga el carácter anticivilizatorio de esta práctica, hay que tener presente que a nivel mundial, los ejércitos nacionales que han asumido con extremismo su misión de salvaguardar el monopolio de la violencia estatal, diseñaron este mecanismo para cumplir con funciones sociopolíticas muy específicas. Desde una lógica contrainsurgente, la desaparición forzada tiene las siguientes ventajas tácticas:

· Evita el escándalo nacional e internacional que provocaría la aplicación masiva de la tortura y la pena de muerte a cientos o miles de personas.

· Aterroriza a la población e inhibe su toma de partido a favor de los llamados “subversivos”.

· Advierte a los insurrectos que se les aplicará una pena peor que la capital si no desisten de su lucha, lo cual puede minar su capacidad de respuesta.

· Elimina a los líderes de forma tal que desorienta y desestructura a sus organizaciones, las cuales se ven ante el dilema de seguir reconociendo a sus dirigentes en cautiverio clandestino o reemplazarlos por otros nuevos.

· Borra la identidad de los enemigos del Estado, tanto físicamente como en la memoria colectiva, a fin de ofrecer una fachada de “unidad nacional”.

· Cancela el derecho a la sepultura y, por ende, evita que haya multitudes llorando por sus héroes, o que los sepelios se conviertan en actos de protesta masiva.

· Garantiza la impunidad, debido a la inexistencia de pruebas.

· Permite responder fácilmente a la inquietud que deja la sustracción de una persona de su red social, difundiendo la idea de que no es ésta desaparecida porque sea culpable, sino que es culpable por ser desaparecida. (“Por algo será”, “seguramente ella se lo buscó”, “se lo merece por andar de terrorista”, “es un enemigo de México, un traidor a la patria”, etc.). Esto significa que en los hechos el gobierno parte de la presunción de culpabilidad, contraviniendo las garantías procesales en materia penal.

· Somete a los familiares de los desaparecidos a un chantaje permanente, pues al mantener la expectativa de que sus deudos están vivos, el gobierno los induce a no protestar para evitar el maltrato o ejecución de los detenidos. En caso contrario, es muy probable que se amenace a la familia con nuevas desapariciones.

· Representa un castigo ejemplar y una tortura continuada para estas familias, a las que se responsabiliza por no compartir o fomentar entre sus miembros supuestos valores nacionalistas. Con el tiempo, los familiares quedan atrapados en duelos inconclusos que, en la mayoría de los casos, los inhabilitan para protestar.

· Facilita la negación de los hechos con el argumento de que nadie vio nada, luego entonces no pasó nada. El Estado se mueve en un plano de irrealidad contra el que aparentemente no se puede hacer nada y termina imponiendo una dictadura de olvido y silencio que tiene un efecto devastador entre los familiares, amigos y compañeros de lucha de las víctimas.

Por todo lo anterior, la práctica de la desaparición forzada ha contribuido decisivamente a que el Estado mexicano comparta un poderoso rasgo en común con los estados totalitarios, pues como sostiene Claude Lefort: “la institución del totalitarismo implica el fantasma de una sociedad sin divisiones, una. No adquiere forma más que por la incesante producción-eliminación de hombres que sobran, parásitos, desperdicios, perturbadores”.[1]

La parcial efectividad de este novedoso método de terror ha propiciado su uso en todos los conflictos entre el Estado mexicano y la oposición armada, desde 1968 hasta nuestros días. Sin embargo, tampoco ha sido un “remedio” infalible para erradicar la “subversión”, ya que algunas de las organizaciones con más desaparecidos durante la etapa de la llamada “guerra sucia” de los setenta –entre ellas el PdlP y las FLN– mantuvieron una línea político-militar en la década de los ochenta y fundaron nuevas organizaciones que siguen activas en el presente (como el EPR y el EZLN).[2] Cabe añadir que las víctimas actuales de desapariciones forzadas no son sólo guerrilleros sino también activistas de movimientos civiles y pacíficos a los que el Estado acusa de simpatizar con la vía armada o cuya radicalización teme.

Se estima que en México existen por lo menos mil quinientos desaparecidos por razones políticas y que ascienden a miles los desaparecidos asociados a la delincuencia organizada, aunque sólo una pequeña porción de los casos ha sido denunciada penalmente. Ésta cifra, por ser escasamente conocida, no le ha dicho demasiado a la sociedad mexicana, aunque resulta escandalosa en términos comparativos, pues con sanguinarias dictaduras en su haber, Argentina cuenta con diez mil casos probados de desaparición forzada y Chile con poco menos de dos mil y en ambos países la justicia persigue a los genocidas. Para el caso mexicano, se calcula que el 80% de las desapariciones han sido perpetradas por el ejército, pese a lo cual no hay un solo militar que haya sido sentenciado por este ominoso crimen. Esto se debe, en parte, a que los militares mantienen el fuero de guerra, que se ha convertido en sinónimo de impunidad absoluta. El otro 20% de las desapariciones han sido realizadas por miembros de las corporaciones policiacas y el servicio secreto (la antigua Dirección Federal de Seguridad, DFS, hoy Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN). La fracasada y extinta Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) sólo logró indiciar a unos cuantos policías, pero tipificó incorrectamente los delitos en evidente desacato al derecho internacional humanitario, y se negó a recorrer la escala de mandos, evitando así responsabilizar al poder ejecutivo por la subversión del orden jurídico y la violación masiva de los derechos humanos de la ciudadanía. A la fecha no hay un solo procesado por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la “guerra sucia”, por lo cual, en materia de impartición de justicia, México se encuentra entre los países más rezagados del continente.

No se puede acceder de ninguna manera a información verídica sobre la situación actual de esos miles de ciudadanos mexicanos desaparecidos, pues se impone en el camino una muralla infranqueable que no está siquiera en vías de ser derribada porque, a diferencia de países como Argentina, Chile o Uruguay, en México ni el Estado ha tenido la voluntad política de rendir cuentas, ni la sociedad de exigirlas cabalmente.[3]

Desde 1968 hasta la fecha, la demanda por la presentación de los desaparecidos ha quedado circunscrita a círculos de familiares y amigos de las víctimas y a los activistas de izquierda. Aparentemente el Estado ha llevado las de ganar, sin embargo, a finales de la década de los setenta la lucha valiente y tenaz de los familiares de los desaparecidos inauguró la cultura de los derechos humanos en México, en virtud de la cual los gobiernos que han hecho frente a los nuevos movimientos armados, no han podido aplicar muchas de las tácticas que emplearon con naturalidad en el pasado.[4] Por esta razón, mientras que en el estado de Guerrero se cometió un genocidio contra las bases de apoyo del PdlP en 1974, veinte años más tarde una sociedad civil más conciente impidió el exterminio de las comunidades indígenas que apoyaban al EZLN. A la fecha, la guerra de baja intensidad se basa más en la represión selectiva y en la fabricación de conflictos inter e intracomunitarios que en tácticas como la de tierra arrasada y ejecuciones clandestinas masivas.

Respecto a la complicidad y encubrimiento con los funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad por parte de las administraciones panistas que enarbolaron la bandera de la transición a la democracia, Antonio Orozco observa que esto es “resultado y reflejo directo de que no pueden condenar algo con lo que están de acuerdo y no sólo eso, sino que además siguen instrumentando las mismas prácticas y respuestas hacia las luchas y las demandas de los desposeídos”.[5] En efecto, en el transcurso de 2007 el gobierno de Felipe Calderón refrendó su compromiso no con la verdad y la justicia, sino con el terror y la impunidad, al haber convalidado la desaparición de los miembros del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Medina Reyes, y la del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, entre otras muchas.

El hecho de que el Estado persista en la comisión de delitos de lesa humanidad invalida sus pretensiones democráticas. Como lo han repetido las organizaciones de familiares, no es posible una democracia con desaparecidos. Para que haya democracia, tan sólo en el plano formal, el gobierno debe presentar a los ciudadanos desaparecidos para que puedan votar.

Desde hace décadas, diversos gobiernos han pervertido el funcionamiento de nuestras instituciones y han pretendido mantener ese estado de cosas eliminando a la oposición. Por eso no se equivoca quien dice que nuestra democracia está asentada en un charco de sangre. Como parte del proceso de saneamiento de las instituciones de la república, es menester que el Estado desista de apresar, torturar, asesinar y desaparecer a los luchadores sociales. De lo contrario, el incremento en la cifra de crímenes de lesa humanidad servirá como un claro indicador de la descomposición y la ilegitimidad del sistema político.

Los desaparecidos y los asesinados por razones políticas han sido dirigentes y luchadores sociales valiosos que ha perdido el pueblo de México en su lucha por su emancipación. Nos han hecho mucha falta a todos nosotros para construir un mejor país. El daño que el Estado ha hecho es irreversible, sin embargo, dentro de sus funciones legales está la reparación moral, material y social a los agraviados, la cual debe pasar por el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos y la revelación de las circunstancias del crimen.

Aún cuando las organizaciones sociales populares han mantenido una asombrosa resistencia, no han sido capaces de construir un movimiento nacional de defensa de los derechos humanos para protegerse de la arbitrariedad del Estado, pues han antepuesto sus diferencias ideológicas y organizativas a la unidad en la acción ante demandas comunes. El escenario que se nos plantea a todos los opositores del régimen actual es bastante sombrío. La magnitud de la represión amerita que unamos fuerzas para activar mecanismos de presión internacional que impidan que el gobierno mexicano consume nuevos crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos. Cerremos paso a la impunidad: ¡ejecutados, torturados y desaparecidos, nunca más!



[1] Claude Lefort. Un hombre que sobra. Barcelona, Tusquets, 1980, p. 43.

[2] Las cifras aproximadas de desaparecidos por organización son: 600 del PdlP y escisiones (entre guerrilleros, bases de apoyo y víctimas circunstanciales), 150 de la LC23S, 20 del MAR, 12 de la ACNR y 12 de las FLN. Datos tomados del “Preproyecto de Censo Nacional de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas entre 1968 y 2007”, Colectivo “Nacidos en la Tempestad”, versión electrónica.

[3] La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada por el gobierno de Vicente Fox en el 2002, tuvo un papel ambiguo, cuyos resultados más visibles fueron: el establecimiento de procesos legales entorpecidos y saboteados tanto a lo interno como por otros órganos de procuración de justicia, la acumulación de información útil para los servicios de inteligencia y la presentación de un informe histórico que fue censurado por la PGR. Para una valoración del trabajo de esta oficina, véase el balance elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos mexicanas: Esclarecimiento y sanción a los delitos del pasado durante el sexenio 2000-2006: Compromisos quebrantados y justicia aplazada. México, s.e., 2006.

[4] Las organizaciones de derechos humanos más importantes de la actualidad, reconocen que el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, fundado en 1977 a resultas de la fusión de grupos de familiares de las víctimas, fue la organización madre de la lucha por los derechos humanos en México.

[5] Antonio Orozco Michel. La fuga de Oblatos. Una historia de la LC-23S. México, La casa del Mago, 2007, p. 116. En el transcurso de 2007 fueron detenidos-desaparecidos los guerrilleros del EPR Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Medina Reyes, y el exguerrillero del MAR Francisco Paredes Ruiz.

viernes, 27 de noviembre de 2009

Homenaje a Lucio Cabañas Barrientos


HOMENAJE LUCTUOSO AL PROFESOR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS POR EL 35 ANIVERSARIO DE SU CAÍDA EN COMBATE.

02 de Diciembre 2009

Atoyac de Alvarez Guerrero

Lugar: Obelisco a Lucio Cabañas

“Por el rescate de la memoria histórica

de nuestros luchadores sociales”

FECHA: miércoles 2 de diciembre de 2009.

OBJETIVO:

En el marco del aniversario de la caída en combate del Profesor Lucio Cabañas Barrientos el día 2 de diciembre de 1974, consideramos imprescindible rescatar la memoria de este gran personaje y luchador social, que entrego su vida por un cambio en el afán de exigir justicia a un gobierno asesino y represor.

A través de este merecido homenaje al profesor Lucio, planteamos la necesidad de dar a conocer ese oscuro pasado del gobierno mexicano que no es reconocido públicamente por los gobiernos o autoridades subsecuentes y hasta los de nuestros días, así como tampoco por el conjunto de la sociedad. Son precisamente estos gobiernos, grupos de poder, autoridades judiciales, militares y medios de comunicación quienes niegan, ocultan e impiden el reconocimiento y castigo de los responsables de la violencia, represión, torturas, desapariciones, asesinatos y persecución de los luchadores sociales, porque son ellos mismos quienes han sido los responsables.

Actualmente existen en nuestro país entre mil y mil quinientos detenidos-desaparecidos, cientos de ejecutados extrajudicialmente y aproximadamente quinientos presos por razones políticas. No pensamos dejarlos solos en el desamparo jurídico y social pues su lucha es nuestra lucha, de ahí la importancia de este tipo de homenajes que tienen como único fin no perder la memoria colectiva de nuestros luchadores sociales.

A últimas fechas, a raíz de la llegada de gobiernos de izquierda en algunos países Latinoamericanos, se ha avanzado en el proceso de justicia y castigo a los culpables de los crímenes cometidos durante las dictaduras en Argentina, Uruguay y Chile particularmente. En este sentido es necesario que la sociedad mexicana haga suya la lucha por la verdad y la justicia, lo que implica el reconocimiento social, político y judicial de las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano contra los hombres y mujeres que luchaban y siguen luchando por un país más justo e igualitario.

En este sentido, a través de este homenaje buscamos integrar a los diferentes grupos sociales en esta lucha por la justicia y la memoria para exigir a las autoridades nacionales e internacionales el castigo a los culpables, además de la reparación del daño a las víctimas y familiares de los detenidos-desaparecidos, asesinados y torturados de la guerra sucia.

OBJETIVOS PARTICULARES:

Homenaje al profesor Lucio Cabañas en tres sedes distintos simultáneamente: Atoyac de Álvarez , Acapulco, Guerrero y Distrito Federal.

ACTIVIDADES

SEDE

Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Orden del día:

I) Homenaje representativo a lucio cabañas en el obelisco de atoyac, con la participación de la organización campesina de la sierra del sur, AFADEM, Tita Radilla, Micaela Cabañas (hija de Lucio Cabañas) y Catarino Hernández (hijo de Carmelo Cortés y Aurora de la Paz Navarro)

II) Mesa de participación

1. Nacidos en la tempestad.

2. Octaviano Santiago Dionisio.

3. Micaela Cabañas.

4. Catarino Hernández.

5. Julio Mata.

6. Tita Radilla.

III) Homenaje a Lucio Cabañas con la participación de la familia Cabañas.

  • Proyección del documental NACIDOS EN LA TEMPESTAD.

  • Obra de teatro. Compañía Teatral Tlatemoani: Xochimilco Prehispánico y Ecos de la Revolución.

  • Grupos de Música en vivo.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Periódico Madera

Nueva página web para consultar el periódico por el que los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre sufrieron persecución, torturas, ejecuciones, desapariciones y encarcelamiento entre 1973 y 1981:


miércoles, 23 de septiembre de 2009

23 de septiembre

Página de consulta obligada para conocer los orígenes del movimiento armado socialista mexicano:


En homenaje a los caídos en el asalto al cuartel Madera, el 23 de septiembre de 1965:
Pablo Gómez Ramírez
Arturo Gámiz García
Emilio Gámiz García
Antonio Scobell Gaytán
Salomón Gaytán Aguirre
Miguel Quiñones Pedroza
Oscar Sandoval Salinas y
Rafael Martínez Valdivia

martes, 8 de septiembre de 2009

Dení Prieto Stock


DENÍ PRIETO STOCK (A) MARÍA LUISA

UN AFÁN

Nunca había pensado en la muerte,

en la nada, en la ausencia total

de una presencia, de un aliento vital,

hasta que moriste tú.

No es mía ninguna superstición.

No distraigo mi conciencia con milagros,

paraísos, ángeles y demonios.

¿Pero quién puede definir la nada,

o el comienzo

o el fin

de algo, de todo, del universo,

de ti, de mí, de Dení?

¿De la muerte qué podemos definir?

Su fisonomía, su aspecto, su traza.

¿Y qué más sabemos a ciencia cierta?

Ahora lo quiero saber, con tanto afán,

que no la temo ni la tengo por extraña,

y aun la deseo, desde que moriste tú,

desde el fondo de mi adolorida,

desgarrada, inconforme entraña.

Carlos Prieto Argüelles[1]

Nació el 8 de septiembre de 1955 en la Ciudad de México. Era hija de Evelyn Stock y del dramaturgo y periodista Carlos Prieto Argüelles. Su abuelo, Jorge Prieto Laurens, participó en la revolución mexicana de 1910, fundó el Partido Cooperatista (1921) y promovió la formación de la Asociación Anticomunista de las Américas.

Dení tuvo una formación intelectual rica y precoz y desde muy joven comenzó a participar en las brigadas comunitarias de la organización Política Popular, principalmente en zonas rurales de Tlaxcala y el Estado de México. Estudió el bachillerato en el Colegio Madrid y en 1973 estuvo a punto de ser encarcelada debido al proselitismo político que realizó entre campesinos a los que impartía clases en Tenango del Valle, Edomex. El mismo año fue reclutada para las EYOL por Julieta Glockner y al poco tiempo, motivada por el golpe de estado en Chile, se convirtió en un cuadro profesional de las FLN. La primera y única casa de seguridad en la que estuvo fue la de Nepantla, Edomex, a la que arribó el 26 de octubre de 1973. A los pocos días de su llegada a la “Casa Grande”, contrajo matrimonio revolucionario con Raúl Sergio Morales Villarreal.

La noche del ataque militar a la llamada "casa grande", el 14 de febrero de 1974, Dení perdió sus lentes con la explosión de una granada y tuvo muchas dificultades para moverse, por lo que fue una de las primeras en caer. Su cadáver fue sepultado clandestinamente en el Panteón Dolores. Pese a diversas gestiones, su familia no pudo recuperar sus restos en ese momento, sino hasta siete años después. De todos los guerrilleros caídos en la historia de las FLN “María Luisa”, de 19 años, fue la más joven, lo que le ha merecido un reconocimiento especial por parte del EZLN.[2] En el 2000, el dramaturgo Ignacio Retes publicó una novela intitulada Por supuesto, inspirada en la vida de Dení, aunque también retomó pasajes de hechos protagonizados por Elisa Sáenz, Julieta Glockner y Nora Rivera.


[1] Este poema fue encontrado en el Fondo de la DFS.

[2] Dení es la única militante de las FLN de las que el EZLN ha expresado que celebra su cumpleaños. “Comunicado del EZLN, 8 de septiembre de 1998”, en: www.ezln.org/documentos/1998/19980908.es.htm, fecha de consulta 10 de marzo de 2008. Sobre su historia familiar, véase la compilación de Luis Prieto, et. al. Un México a través… op. cit.