jueves, 30 de junio de 2022

Por qué el ejército se resiste a juzgar a los militares que perpetraron atrocidades durante la guerra sucia?


Desde que empezó a hablarse de la necesidad de ajustar cuentas con el pasado de autoritarismo y represión de la era priísta, tras la alternancia partidista del 2000, las fuerzas armadas han sido el sector más reacio a colaborar con tales esfuerzos. Su única contribución fue la entrega de una mínima parte de su archivo al AGN, la cual por sí misma hubiera bastado para llamar a declarar a un sinnúmero de militares retirados o en activo. Sin embargo, nada de eso ha pasado. Se sabe que al crearse la fiscalía especial para la guerra sucia (FEMOSPP), el recién fallecido Secretario de la Defensa Nacional de Vicente Fox, Gral. Clemente Vega, junto con el titular de la PGR, Gral. Rafael Macedo de la Concha, presionaron a Fox para sabotear los trabajos de la fiscalía, entre otras cosas, negándole el acceso a información confidencial. Cabe recordar que Macedo fue el primer militar al frente de la PGR desde 1917. No llegó ahí por capricho de Fox, sino como recordatorio del poder de las fuerzas armadas.

Los militares no tienen nada que ganar con la revelación de la verdad. En cambio, su identidad y trayectoria quedarían fuertemente cuestionadas si reconocieran todo lo que han hecho, pues quienes cometieron las peores atrocidades no fueron el cabo Chuchito o el soldado Juanito, sino el alto mando que ordenó llevar a cabo tácticas de tierra arrasada y todo género de masacres y desapariciones masivas de personas. El mismo alto mando que, a la par que exterminaba a la izquierda revolucionaria, se involucraba en el lucrativo negocio del narcotráfico, aprovechando su intervención en las campañas antinarcóticos.

Algunos de los militares más venerados por la SEDENA, quienes a lo largo de su vida fueron ampliamente condecorados, se retiraron con honores y son hasta ahora considerados modelos a seguir para las nuevas generaciones, también fueron algunos de los peores carniceros. Tal es el caso de la alta oficialía del Batallón de Fusileros Paracaidistas, una de las unidades especializadas en contrainsurgencia, la cual fue una de las encargadas del proceso de eliminación de los desaparecidos del régimen. 

Entre los oficiales del BFP que en el sexenio de López Portillo presuntamente tuvieron la encomienda de ejecutar a mansalva a los presos clandestinos -guerrilleros, narcotraficantes, campesinos invasores de tierras y civiles inocentes-, destacan los nombres de José Hernández Toledo, Edmar Euroza Delgado, Rubén Darío Sumuano Durán y Delfino Mario Palmerín Cordero. Este último fue el Subsecretario de la Defensa durante el gobierno de Fox. Ninguno de ellos fue llevado jamás ante un tribunal. De ellos, siguen vivos Euroza, Sumuano y Palmerín.

Sin defensa legal y desprovistas de todo derecho, las víctimas eran trasladadas de la prisión clandestina del Campo Militar No. 1 a las bases militares de San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca (Campo Militar No. 37-C) o San Juan Teotihuacán (Campo Militar No. 37-A, muy cercano a la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía), ambas en el Estado de México. Ahí eran llevadas a campos de tiro donde se les disparaba con armas de grueso calibre hasta quedar completamente destrozadas e irreconocibles. Sus restos tal vez fueron  enterrados o incinerados en algún crematorio del Campo Militar No. 37. Todo esto se supo por el testimonio del desertor Zacarías Osorio Cruz en su juicio de asilo en Canadá en 1988 (este se puede consultar en el libro Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México).

El alto mando actual no hará nada contra sus oficiales retirados. Su poder ilimitado, sin contrapesos, se finca en una larga historia de servicio incondicional al presidente en turno, impunidad absoluta, memoricidio y la promoción de un relato heroico y ficticio donde las fuerzas armadas son los buenos de la película, los salvadores de la patria.

He llegado a la conclusión de que no habrá justicia para las víctimas de la guerra sucia, por lo que se hace menester denunciar por nombre y apellido a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, escracharlos como se dice en buen argentino. Que la memoria que prevalezca no sea la del exterminador sino la de la víctima que sufrió la destrucción de su terruño, la detención ilegal, la prisión clandestina, la tortura ilimitada y una forma de ejecución-desaparición que uno no le desearía siquiera a un animal infeccioso. No lo digo metafóricamente. El ejército dio un trato menos barbárico al ganado sacrificado durante la fiebre aftosa de 1952.


General de División Delfino Mario Palmerín Cordero.

Foto tomada de la Revista Armas, la cual señala que Palmerín: "fue de los primeros militares mexicanos en adquirir la Green Beret o Boina Verde en Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde además fue instructor de Español en la Academia Militar de West Point, entre muchos logros más. Pero dos de los cargos que más le llenan de orgullo y satisfacción al General Palmerín Cordero son los de Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, donde hizo verdaderas aportaciones que hasta el día de hoy siguen vigentes en ese cuerpo especial. [...] Es el autor del Himno de los Paracidistas, el diseñador de su escudo, y quien gestionó el uso de la Boina Roja que se utiliza hasta hoy."





1 comentario:

Anónimo dijo...

No perdón mi olvido. Castigo a los asesinos.