Una Comisión de la Verdad inaugurada con presencia de los militares

 

Hay un viejo dicho que dice que en política, la forma es fondo. El 10 de diciembre, día en que se conmemoran los derechos humanos, en la ciudad de Chihuahua, se inauguró la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia con la presencia del ejecutivo federal, la gobernadora del estado de Chihuahua, el presidente municipal, los secretarios de la Defensa y la Marina, la secretaria de Seguridad Pública, personal de la Secretaría de Gobernación, la CEAV, la CNDH, el AGN, la Comisión Nacional de Búsqueda, los representantes de colectivos de víctimas que han estado detrás del proceso formativo de la comisión y los comisionados que tomaron posesión de su cargo honorario. Un hecho sin precedente en la historia mexicana a partir del que, en teoría México se suma finalmente a la lista de naciones dispuestas a ajustar cuentas con su pasado respecto a los crímenes de Estado.

Para muchos de quienes hemos participado en esta lucha, desde hace décadas, el espectáculo fue más desolador que esperanzador. El hecho de que el gobierno ofreciera transportar a los representantes de los colectivos de víctimas a Chihuahua en aviones de la Guardia Nacional fue recibido por algunas víctimas como un agravio y una revictimización. Los aviones militares fueron uno de los símbolos de la guerra sucia, pues fueron sistemáticamente utilizados para trasladar presos de diferentes partes del país a la Base Militar Aérea No. 1 de Santa Lucía y de ahí a la prisión clandestina del Campo Militar No. 1. Sobre todo, los aviones militares fueron utilizados en la Base Militar Aérea No. 7 de Pie de la Cuesta, Guerrero para presuntamente tirar a los desaparecidos al mar, un episodio nunca esclarecido por el ejército ni por ninguna autoridad civil.

 

Los impulsores de la Comisión han hecho acrobacias para justificar la presencia del ejército, señalando incluso la disposición de los militares a colaborar con la apertura de sus archivos. Será porque tengo muchísimos años leyendo documentos de la SEDENA y rastreando las declaraciones hechas por militares que participaron en la guerra sucia, mi escepticismo sobre el potencial revelador de los archivos militares no podría ser mayor. Los documentos de SEDENA sobre muchas operaciones contrainsurgentes ya se encuentran en en el AGN. Predeciblemente, puede haber más documentos de ese tipo en los archivos que se abrirán. Para los historiadores se trata de un material fundamental, pero en términos de establecer la identidad y el destino de las víctimas de desaparición forzada, o la verdad jurídica, estoy segura que su utilidad será ínfima. En los documentos militares hay una despersonalización de los detenidos-desaparecidos, a los que se les nombraba como paquetes o incluso por número, de acuerdo con los pocos militares que han roto el pacto de silencio e impunidad. Según ellos mismos, las órdenes del sistema de eliminación contrainsurgente se transmitían de forma oral. Por todo ello, presentar como un gran logro la apertura de los archivos del ejércitos a la Comisión -que no a toda la sociedad- me parece una victoria pírrica. 

Ha habido otros acuerdos entre el gobierno federal con el ejército, de los que no nos hayamos enterado por lo delicado de la naturaleza del tema, que garanticen que el ejército permitirá entrega de nóminas e información de sistema de pensiones, juicios a los perpetradores y trabajo de investigación post-forense en todas sus instalaciones, no sólo en las más señaladas, como Campo Militar No. 1? Nada sería más deseable, sin embargo, el énfasis exclusivo en los archivos como muestra de cooperación del instituto armado no permite pensar que la negociación haya ido más allá. No me imagino a los militares entregando, por ejemplo, al condecorado y nonagenario general Edmar Euroza Delgado, pieza clave de la represión al movimiento estudiantil del '68, la Operación Cóndor y el sistema de eliminación contrainsurgente, para ser juzgado por masacres y desapariciones forzadas. 

 

El problema de fondo es que la administración actual ha empoderado al ejército de una forma que, si bien tiene antecedentes en otros momentos históricos, resulta desmesurada e ilegal en muchos sentidos, pues no existe en México otra institución más opaca, corrupta, criminal e impune que el ejército. Como lo he manifestado en otras ocasiones, AMLO actúa como si los militares lo tuvieran permanentemente chantajeado con la amenaza de un golpe de Estado. Sólo eso puede explicar su transformación tan radical de crítico del ejército como candidato presidencial, a aliado de los sardos, como presidente. 

Es verdad que ante un poder militar que se antoja quasi ilimitado, el margen de negociación de los civiles pueda parecer estrecho, sin embargo, ni siquiera estamos en una situación como la de Argentina ante el retorno a la democracia. Cuando estaba demasiado fresca la sangre derramada por la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el primer presidente electo, Raúl Alfonsín firmó el decreto que posibilitó el histórico "juicio a las juntas" contra nueve de los representantes de las dos juntas y las tres armas que encabezaron la dictadura militar. Otra de las primeras acciones de Alfonsín fue establecer la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que produjo el informe Nunca más! (1984), un catálogo de atrocidades extremas que cimbró a la opinión pública nacional e internacional y que sirvió de prueba en el juicio a las juntas. Cinco de los militares fueron condenados y cuatro absueltos, pero todo el proceso de justicia transicional fue posibilitado por un movimiento de derechos humanos que, cuantitativa y cualitativamente, fiue algo inédito en la historia latinoamericana. A la fecha, nadie disputa que pese a sus limitaciones, el caso argentino es el más exitoso en la historia de la justicia transicional en la región.

México no está ni de lejos en una situación semejante. El poder que el ejército ha acumulado desde el término de la revolución, la estabilidad de sus pactos con las élites civiles y su falta de rendición de cuentas a perpetuidad, lo han convertido en una institución sin contrapesos, capaz de anular los mecanismos orientados a ponerle límites a su dominación. Desde luego, ha habido algunos avances en virtud de la lucha tenaz del movimiento de derechos humanos, que en diferentes momentos ha acudido a los organismos internacionales para evidenciar los crímenes cometidos por militares. Sin embargo, dichos avances, casuísticos y a cuenta gotas, no tienen la posibilidad de convertirse en una tendencia. El verdadero fondo del problema es que la sociedad mexicana no está peleada con el ejército. A pesar de sus numerosas e imperdonables atrocidades, la mayoría de los mexicanos confía en las fuerzas armadas (https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-05-19/el-ejercito-encabeza-la-confianza-en-las-instituciones.html). Sea por falta de información, por la ausencia de una cultura cívica en derechos humanos, por la presencia de los militares como entes salvadores ante cada desastre natural, por la propaganda oficial orientada a blanquear al ejército, esto es una realidad. A partir de ahí, hay que asumir que en México no va a existir un movimiento de derechos humanos robusto encaminado a sentar a los militares en el banquillo de los acusados y esto anula las esperanzas de que exista algo remotamente parecido al caso argentino.

 

Las voces críticas al ejército se han apagado paulatinamente. El emblemático General José Francisco Gallardo, fallecido este año y a quien su lucha por crear un ómbusdam militar le costó años de cárcel, hubiera sido un crítico feroz del evento de ayer, puesto que conoce al monstruo desde las entrañas. Hubiera condenado el hecho de que las autoridades civiles hubieran invitado a los dos secretarios de armas  a un evento cuya esencia debió haber sido honrar a las víctimas de esas instituciones. Hubiera criticado el ambiente casi festivo del evento, de la gente tomándose fotos en el "after party", con amplias sonrisas y apretujándose para estar lo más cerca posible del presidente, a quien solía criticar acremente.

Esta es la parte que me pareció desoladora. Por mucho que se trate de un evento histórico en el que todos los interesados hemos invertido alguna cantidad de esperanza, mínima o máxima, no entiendo los motivos de las sonrisas. Conociendo  la actuación del ejército en este sexenio, invitar al Gral. Luis Sandoval y al almirante José Rafael Ojeda Durán como si pertenecieran a un ejército ya renovado, blanqueado y libre de culpa, me resulta profundamente ofensivo para la memoria de las víctimas del pasado y el presente. Nunca han esclarecido nada y nunca han pedido perdón a la sociedad; tampoco aprovecharon la ocasión para hacerlo, sólo dejaron que su jefe máximo pontificara con el mismo discurso manido que repite hasta el cansancio, respecto al fin de la corrupción y la impunidad por decreto. 

La idea de que la presencia de los colectivos de víctimas purifica y legitima todo el proceso es cuestionable. No estan todos los que son ni son todos los que están, se trata únicamente de los colectivos que tienen una buena relación con la 4T o han depositado sus esperanzas en ella ante lo que, nos queda claro a todos, es el último tren para resolver algunos de los problemas legados por la guerra sucia. Si ese tren está viejo, destartalado o se suben a él individuos con las manos llenas de sangre, no importa, hemos aceptado que nuestros estándares de impartición de justicia sean extremadamente bajos porque en México la sociedad ha dado la espalda a las víctimas de la violencia de Estado desde siempre.

Sin embargo, una cosa es darle un voto de confianza a esta administración y otra el partidismo. La señal que mandan quienes buscaron la foto con el presidente es que lo miran con simpatía y eso es peligroso en una coyuntura tan polarizada como la actual. Sí, es una comisión presidencial, pero tiene que ser una comisión abiertamente amigable al presidente? No habría sido mejor hacer un esfuerzo por mandar un mensaje de autonomía y distancia crítica? 

Muchos de quienes venimos investigando las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares desde hace décadas estamos preocupados. El clima de calidez del evento de ayer es una mala señal, pues es como si se invalidara la gravedad de lo que hemos denunciado todo este tiempo. Los pueblos bombardeados, la tierra arrasada, el cerco de hambre, las decenas de miles de mujeres, hombres y niños violados, los vuelos de la muerte, las torturas despiadadas contra los campesinos más pobres del país y los estudiantes guerrilleros, los desplazados forzosamente y las familias que han vivido en agonía por la vulnerabilidad y el desamparo en que las sumergió el terror estatal desde hace décadas, parecieran difuminados ante la seducción del jefe máximo que, con su presencia y carisma, suele dominar cualquier espacio en el que se presenta. No imaginé a tanta gente de izquierda sucumbiendo a sus encantos.

 

No es mi papel juzgar a nadie por la manera en que administra su dolor o su tragedia personal, excepto si esa gestión va en perjucio de otras víctimas. Es muy pronto para saber si este es el caso, pero el futuro de la justicia para crímenes del pasado no parece nada promisorio. Mi pronóstico es que tendremos que conformarnos con las migajas de verdad y justicia que salgan del proceso, como lo hicimos ante la formación de la CNDH y la FEMOSPP, pero por dignidad, nadie debería vanagloriarse o congratularse por ello. Por otra parte, no todo es desesperanzador. Anticipo que los procesos más interesantes de búsqueda de la verdad, memoria, reparación social del daño, etc., no vendrán del Estado y sus instituciones sino de la propia sociedad civil, por muy marginales que sean, como lo han sido hasta la fecha.