jueves, 18 de noviembre de 2021

Mi postura ante la formación de la Comisión de Acceso a la Verdad

Por este conducto, manifiesto mi inconformidad ante la manera en que se ha llevado a cabo el proceso de selección de personas expertas a la Comisión de Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (en lo sucesivo, la Comisión). A continuación, describo las razones por las que considero que se han violado los procedimientos para elegir a las cinco personas expertas que la integrarían.

La historia de la Comisión comenzó con la demanda histórica de diversos colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta.  El 2 de octubre de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas, firmó un convenio de colaboración interinstitucional con el AGN y el INERHM y dio a conocer la creación de un Comité Asesor conformado por académicos e investigadores para diseñar la Política de Verdad y Memoria del Pasado reciente, cuyas funciones eran estudiar los documentos del AGN para la reconstrucción de los hechos acaecidos en torno al periodo de la “Guerra Sucia” (https://www.gob.mx/agn/articulos/agn-trabajara-de-la-mano-de-la-segob-para-la-construccion-de-una-politica-de-memoria-y-verdad-en-torno-a-la-guerra-sucia?idiom=es).

Dicho comité, tendría algunas de las funciones propias de una comisión de la verdad, como la investigación histórica, la memorialización de las víctimas y el impulso a la justicia. En dicho comité se encontraban, entre otros, los investigadores Aleida García Aguirre, Eugenia Allier y Alicia de los Ríos, como se puede apreciar en este organigrama de Sitios de Memoria-Circular de Morelia #8:

 

Aunque las actividades del comité de asesores no fueron difundidas, en las redes sociales de Sitios de Memoria-Circular de Morelia #8, hay referencias constantes a eventos en los que participaban Alicia de los Ríos, Eugenia Allier y Aleida García, sin aclarar si era a título individual o en su calidad de asesoras de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

A partir de junio de 2021, un grupo de colectivos de familiares y sobrevivientes de la violencia de Estado, entre los que se encontraban el Comité Eureka y sus brazos regionales, el Comité ’68 Pro Libertades Democráticas, la Federación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guerrero (AFADEM), el Colectivo Rodolfo Reyes Crespos de Jalisco y Sinaloa, HIJOS México, Nacidos en la Tempestad, el Comité de Madres de Chihuahua, la A.C. Sobrevivientes y la familia Cabañas, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó la formación de una comisión de la verdad a condición de que los colectivos se pusieran de acuerdo en una propuesta única. Así, los colectivos mencionados, a los que posteriormente se sumó el Comité Unitario de Jalisco, comenzaron a organizar mesas de trabajo con el fin de diseñar la propuesta que presentarían al presidente. El 30 de agosto de 2021, el presidente López Obrador anunció públicamente la creación de una comisión de la verdad presidencial. El decreto que, fechado el 2 de octubre de 2021, fue publicado el 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, justificaba el carácter presidencial de la comisión con base en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Ley Pública Federal que otorga al ejecutivo federal la facultad de crear comisiones. El decreto también justificaba la creación de la Comisión a partir de la constitución mexicana, los instrumentos jurídicos internacionales firmados por México y otros de carácter nacional, como la ley general de víctimas y las leyes para prevenir la tortura y contra la desaparición forzada de personas, así como las recomendaciones que organismos nacionales e internacionales han hecho al Estado mexicano en torno a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado reciente.

El diseño de esta Comisión, sin duda, será objeto de debate en el futuro, pues al tratarse de un esfuerzo en el que los colectivos de víctimas de la guerra sucia o terrorismo de Estado han tenido todo el protagonismo, se ha dejado poco espacio, si es que alguno, para la intervención de las víctimas no organizadas --que representan a la mayoría del periodo 1965-1990, incluyendo a las víctimas del Partido de la Revolución Democrática--, así como de otros actores de la sociedad civil. Los movimientos sociales de la actualidad, por ejemplo, se han mantenido al margen del tema por completo. La Comisión, en otras palabras, es fruto de una relación directa entre el presidente y los colectivos de víctimas de la guerra sucia, un caso al parecer sin precedente en la historia de las comisiones de la verdad.

El decreto especificaba la integración de la Comisión por personas servidoras públicas de seis instituciones gubernamentales, así como cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional, quienes ejercerían sus cargos a título honorífico. Asimismo, el decreto establecía que la comisión dependería de la SEGOB, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El mismo decreto estableció que las personas expertas deberían ser elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a su entrada en vigor. La vigencia del decreto fue establecida del 7 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024, dos meses antes de la conclusión del sexenio del Lic. López Obrador. Es comprensible que un marco temporal tan limitado imprimiera un sentido de urgencia para crear la Comisión en el menor tiempo posible, sin embargo, los plazos que se manejaron para resolver temas fundamentales en menos de un mes, no dejaron tiempo para convertir a la Comisión en un objeto de discusión en la esfera pública. El perfil que le ha dado el gobierno al tema ha sido extremadamente bajo y la sociedad civil se ha mantenido al margen de los acontecimientos que han rodeado la creación de la Comisión.

El 13 de octubre de 2021 se instaló el Comité de Selección de las cinco personas expertas que formarían parte de la Comisión, integrado por Alejandro Encinas, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alicia de los Ríos, como representantes de los colectivos de familiares y sobrevivientes de la contrainsurgencia arriba enlistados y Jesús Peña Palacios como asesor técnico en representación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 15 de octubre se publicaron las bases para la selección, estableciéndose cuatro fases: 1) postulación de candidaturas del 14 al 20 de octubre. 2) Selección de mejores perfiles bajo criterios de idoneidad el 22 de octubre. 3) Realización de entrevistas el 25 de octubre y 4) La deliberación del Comité de Selección, el 27 de octubre.  Posteriormente, el plazo de postulación se amplió al 22 de octubre:

https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/PDF/Bases_para_la_designacion_de_las_cinco_personas_expertas.pdf

La idoneidad de la selección se basaba en criterios de independencia, imparcialidad, integridad, experiencia profesional en las materias relacionadas con el objeto de la Comisión y en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en los de capacidad de coordinación de equipos multidisciplinarios, habilidades en vinculación con diferentes actores sociales y perspectiva de género. De acuerdo con los criterios de independencia y conflicto de interés, no eran elegibles personas que desempeñaran un cargo público de nivel de dirección, que hubieran desempeñado un cargo de dirigente nacional o estatal de algún partido político en los cuatro años previos a la designación y que tuvieran una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones como integrante de la Comisión, en razón de intereses personales, familiares, o de negocios, conforme a la normativa aplicable en la materia.

A la convocatoria respondimos únicamente 25 personas, aunque sin duda, de no haber sido el plazo tan estrecho, se habrían postulado muchas más. Entre los postulantes, se encontraban dos exguerrilleros: José Luis Alonso Vargas y Rosa María González Carranza, un familiar de un desaparecido, Leticia Carrasco Gutiérrez, una víctima directa de la represión, José Luis González López y perfiles que no cubrían los requisitos de experiencia profesional en la materia, como los del artista escénico y docente Alejandro Guerrero Zavala, el filósofo Gerardo de la Fuente Lora, el psicólogo forense Ignacio Jesús Cano y los abogados Emilio de Gyves Montero y Félix Velasco Arévalo. Asimismo, se postuló José Sotelo Marbán, quien había dirigido al equipo de investigadores que elaboró el informe histórico de la FEMOSPP “Que no vuelva a suceder” y quien estuvo inhabilitado de la función pública por negligencia administrativa por un periodo de diez años (2007-2017). Esta sanción, cabe aclarar, fue por haber filtrado a la prensa el informe mencionado.

A partir de ahora, describiré las que considero son cuatro graves irregularidades del proceso de selección.

1. Entrevista a los 25 candidatos postulantes en lugar de los 10 perfiles finalistas establecidos en la convocatoria. El 23 de octubre se nos notificó a los postulantes que todos pasaríamos a la fase de entrevista por haber cumplido con los requisitos, a pesar de que los diez perfiles anteriormente mencionados claramente contravenían los criterios de imparcialidad, experiencia profesional y conflicto de interés. En la fase de entrevistas, el subsecretario Encinas reiteró que todos los perfiles cumplían con los requisitos. La única persona que declinó participar fue la investigadora hermana de un desaparecido, Leticia Carrasco. Considero que dicha estrategia pudo haber estado encaminada a minar aún más el interés público en el proceso de selección, pues si bien todas las entrevistas fueron transmitidas en vivo, para quienes estábamos en horario laboral, era imposible dar seguimiento a todas y cada una en tiempo real.

Durante un día y medio, la comparecencia pública de los 24 candidatos ante el comité de selección evidenció cuáles eran los perfiles que contaban con experiencia en las materias de la Comisión. Se presentaron cinco tipos de expertos: 1) abogados con experiencia institucional en derechos humanos (Carlos Pérez Vázquez y Silvano Cantú); 2) investigadores internacionales con experiencia en comisiones de la verdad (Eduardo González Cueva y Rodrigo Gómez Tortosa); 3) investigadores con experiencia en el tema de la violencia política del periodo conocido como guerra sucia o terrorismo de Estado (Francisco Ávila Coronel, Jesús Zamora García, Rafael Rodríguez Castañeda, Florencia Ruiz Mendoza y la de la voz), 4) investigadores expertos en áreas periféricas a la materia de la comisión (Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre, Carlos Pérez Ricart y Silvia Soriano Hernández) y 5) defensores independientes de derechos humanos (David Fernández Dávalos y Abel Barrera Hernández).

2. Elección de candidatos no expertos en la materia. El 27 de octubre se dieron a conocer los resultados del proceso de selección. Para sorpresa de muchos, no había ningún abogado con experiencia institucional en derechos humanos, ningún experto internacional en comisiones de la verdad y ningún experto en violencia política del periodo de la guerra sucia, a pesar de los excelentes perfiles que se presentaron en esos tres rubros.

3. Conflicto de interés. Entre los candidatos elegidos se encuentran Eugenia Allier Montaño y Aleida García Aguirre, quienes nunca aclararon ni en su carta de exposición de motivos ni en su comparecencia que eran parte de un comité asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB desde 2020, aunque sí lo consignaran en sus respectivos currículos, donde incluso reconocen que dicha asesoría se extiende hasta la actualidad. Estas investigadoras, además, son amistades de Alicia de los Ríos, como podría atestiguar cualquiera que las conozca. Presumo que la señora de los Ríos y los grupos a los que representa habrían hecho una elección con base en criterios personalistas y no en los criterios de idoneidad establecidos en la convocatoria. Otro dato que no puede pasarse por alto es que la organización de derechos humanos que representa a la señora de los Ríos en el caso de desaparición forzada de su madre es el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro,” con la que el padre David Fernández Arévalos tiene vínculos estrechos, por tratarse de un centro dirigido por la Compañía de Jesús.

4. El 1º de noviembre mandé a la secretaría técnica de la Comisión esta solicitud de información, la cual no me ha sido respondida aún al día de hoy, 18 de noviembre, a pesar de la celeridad con la que se ha llevado a cabo el proceso de selección:

“En mi calidad de postulante a la Comisión para el Acceso a la Verdad, me permito solicitar los puntajes de todos los candidatos participantes, así como la información relativa a la selección de los cinco comisionados, los criterios de selección, las entidades individuales y colectivas que participaron en el proceso de selección y las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo para elegir a los comisionados, en el entendido de que el proceso fue público y no hay ningún impedimento para que esta información sea transparentada.”

De todo lo anterior, concluyo que la Subsecretaría de Derechos Humanos cometió una falta al no transparentar que dos de las postulantes eran miembros de su comité de asesores que venía trabajando en temas relativos a la comisión de la verdad y que, más que nadie, conocían el proceso desde sus entrañas y posiblemente contribuyeron al diseño institucional de la Comisión. Adicionalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos cometió otra falta al colocar a la señora de los Ríos en una posición de juez y parte del proceso. Considero que la señora de los Ríos, en su calidad de víctima de la guerra sucia, miembro del comité asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, amiga personal de dos candidatas y del secretario técnico de la Comisión de la Verdad, Camilo Vicente, no era la persona indicada para convertirse en miembro del comité de selección de las personas expertas, pues el conflicto de interés es evidente en múltiples niveles.

Son muy preocupantes tanto la falta de transparencia por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la selección final, como la creación de una comisión sin expertos en el tema a investigar, pues como se desprende de sus currículos, ninguno tiene experiencia de trabajo con víctimas de la guerra sucia ni investigación en el estudio de las prácticas de la violencia de Estado en las décadas de los sesenta a ochenta, como lo son la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado de población. Me preocupa, fundamentalmente, que en la comisión no haya ningún experto en la búsqueda de desaparecidos, que debiera ser el objetivo central de su labor.

Considero grave que el gobierno no haya alentado una discusión pública más amplia en torno a la Comisión y el proceso de selección. Todo ha pasado desapercibido y, como cualquiera que estudie los patrones de las comisiones de la verdad puede prever, sin presiones externas e internas, los perpetradores de crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen garantías de impunidad a perpetuidad. Al haber dejado en manos de los colectivos de víctimas las decisiones centrales sobre la conformación de la comisión, el gobierno mexicano se muestra más preocupado por aparentar que cumple con un compromiso frente a las víctimas, más que en los resultados que pueda brindar un proceso con estas características en el largo plazo. El modelo de comisión de la verdad que se ha implementado en México, de ningún modo debe servir de referente para futuras comisiones.

De parte de la sociedad civil, debe haber una vigilancia mayor para evitar que la primera comisión de la verdad de carácter federal se convierta en una simulación de verdad y justicia en perjuicio de las víctimas, cuyo universo se extiende a miles de familias dispersas en la república mexicana y los Estados Unidos, las cuales han sido históricamente marginadas de cualquier debate público sobre la justicia para los crímenes del pasado. Por esta misma razón, el gobierno no puede decir que la legitimidad de la Comisión se basa en los colectivos de víctimas. Lo único que podría legitimar a la Comisión es que recogiera todas las voces de los agraviados y tomara medidas expeditas para resolver las demandas comunes a todas las víctimas: que se revele el paradero de los desaparecidos, que se establezcan mecanismos extraordinarios para enjuiciar a los represores y que se repare el daño de forma integral a las familias vulneradas por la violencia del Estado mexicano.

No hay comentarios: